El BOE del 21 de febrero de 2023 publica la Ley 1/2023, de 20 de febrero, por la que se regula la cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. [TOL9.398.782]
La Ley para el desarrollo sostenible y la solidaridad global entra en vigor al día siguiente de su publicación.
La finalidad de la norma es actualizar la política española en materia de cooperación para el desarrollo de los objetivos establecidos por la Agenda 2030. Pretende responder de la manera más eficaz posible ante los retos globales, a nivel económico, social y medioambiental, así como la paz, la justicia y la eficacia de las instituciones. La nueva ley pretende adecuar el sistema normativo, a fin de promover la integración y cooperación europea, dotar de instrumentos de cooperación necesarios, superar las debilidades institucionales, fortalecer la cooperación financiera y mejorar la gestión de los medios (tanto institucionales, materiales y humanos).
Estructura de la Ley
Capítulo I – Política española de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global
Instaura el ámbito de aplicación de la ley: todas las actividades referidas a la transferencia de recursos públicos, materiales y humanos.
Recoge los principios y objetivos: principalmente corresponden con los valores superiores propugnados por la Constitución Española. A través de los mismos, se desarrollan los siguientes principios de actuación: cohesión social y territorial, protagonismo de las sociedades en desarrollo, corresponsabilidad, multilateralismo e integración regional, participación y pluralismo, transparencia y rendición de cuentas y promoción a proyectos educativos.
Por último, el capítulo contempla prioridades geográficas y temáticas, especialmente respecto a países menos avanzados o que se encuentren en desarrollo, según determinen los indicadores de pobreza, desigualdad, brecha de género, vulnerabilidad climática, etc.
Capítulo II – Planificación, instrumentos y modalidades de cooperación
La ley determina el sistema de planificación, busca establecer las estrategias más adecuadas, así como los instrumentos y modalidades (proyectos, apoyos, contribuciones, etc.). Además, regula las acciones públicas complementarias, destaca la importancia de la educación en el ámbito de cooperación internacional, así como la acción humanitaria. Por último, establece los instrumentos de cooperación especializados, por ejemplo, la creación del Fondo Español de Desarrollo Sostenible.
Capítulo III – Órganos competentes para formular nuevas políticas de cooperación
Establece los marcos de gobernanza, a fin de asegurar una una actuación coordinada y conjunta entre los distintos órganos de la Administración.
- Congreso de los Diputados y el Senado.
- Gobierno.
- Órganos de coordinación y consulta: Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo sostenible y la Solidaridad Global.
Capítulo IV – Órganos competentes en la ejecución de la política española
Destaca principalmente el papel de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como de la Administración General del Estado y sus organismos dependientes. Trata de establecer una cooperación descentralizada de las comunidades autónomas y de los entes locales.
Este apartado incluye otros entes, no necesariamente públicos, como ONGs o la propia sociedad civil.
Capítulo V – Personas al servicio de la cooperación al desarrollo sostenible
El último capítulo contiene la regulación del personal al servicio de la administración pública en materia de cooperación. Especialmente, recoge el régimen jurídico aplicable al personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como de los voluntariados.
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