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  • Cuando los criterios judiciales son un factor de la corrupción. El caso Mexicano (TOLMEX2.550.931)
    el 27 mayo, 2024 a las 3:46 am

    Cuando los criterios judiciales son un factor de la corrupción. El caso MexicanoJosé de Jesús Gómez Cotero1Sumario: 1. La corrupción. 2.- Causas de la corrupción. 3.- Efectos de la corrupción. 4.- Las causas jurídicas de la corrupción. 5.- El derecho, como aliado de la corrupción. 6.- Ejemplos de sentencias Judiciales que favorecen la corrupción. 6.1.- Litis Abierta. 6.2.- La multa mínima. 6.3.- Deducción de gastos médicos. 6.4. Procedimiento penal vs Procedimiento administrativo. 6.5.- Facultades de gestión. 6.6.- Las trampas procesales para inhibir la trasparencia. Conclusiones.Resumen: En el presente artículo, se analizan diversos criterios de los tribunales mexicanos, que en su aplicación, se convierten en un factor de corrupción al afectar claramente los derechos de defensa de los gobernados.Palabras claves: Corrupción, causas jurídicas, aliado de la corrupción.En fechas recientes reflexionábamos el Dr. Luis José Béjar y el suscrito, en el artículo "Cuando el derecho se convierte en aliado de la corrupción. Un caso en el derecho administrativo mexicano",2 sobre cómo la corrupción es un tema que mucho preocupa, poco se analizan sus causas jurídicas, artículo que siguió la línea de pensamiento de Héctor A. Mairal, y en el que se analizó un criterio de los Tribunales del Poder Judicial, mismo que actuó como un factor de corrupción al constituirse en su aliado.El problema, es que este nos es un caso aislado, existen criterios de los Tribunales Administrativos y del Poder Judicial, los que circunstancialmente se han convertido en factores de corrupción al crear o aumentar la indefensión jurídica de los particulares y donde al ser precedentes, dilapidan la defensa de sus derechos subjetivos, y que lamentablemente se siguen produciendo, y que serán motivo de la presente ponencia. La corrupción. Etimológicamente del latín "corruptio", que se encuentra conformado por los siguientes elementos: el prefijo "con-", que es sinónimo de "junto"; el verbo "rumpere", que puede traducirse como "hacer pedazos"; y finalmente el sufijo "-tio", que es equivalente a "acción y efecto".La Corrupción, según Pérez Porto y María Merino,3 es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales.La corrupción, nos refieren los autores citados, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política, al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima; el tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima para evitar una clausura.A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en la práctica para permitir o solicitar algo ilegal.En cuanto a su definición, María Amparo Casar4 sigue la adoptada por la organización Transparencia Internacional: "el abuso del poder público para beneficio privado", señalando que la definición, si bien recoge la esencia de la corrupción, no incluye a todos los que participan de ella, ya sea de manera individual o a través de redes, ni tampoco al numeroso conjunto de conductas que engloba, adoptando como definición: el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. En otras palabras, el desvío del criterio que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa no prevista en la ley. Causas de la corrupción. La corrupción es un fenómeno multifactorial, reflexionando la Dra. Casar respecto de la cual, la literatura ha explorado causas de tipo histórico, religioso, etnolingüística y de dotación de recursos naturales. También se ha tratado de correlacionar con el nivel de desarrollo económico, la apertura comercial, el grado de intervención del Estado en la economía o el tipo de sistema legal adoptado.Y si bien los actos de corrupción en sus modalidades privada o pública, se exhiben y son del escarnio público, sin embargo, reflexiona la Dra. Casar, los casos no llegan a la denuncia judicial, ni en los tres órdenes de gobierno, ni en las empresas paraestatales, ni en los órganos autónomos; de ahí que uno los grandes factores que influyen en la corrupción, refiere en la línea de pensamiento de Orentlicher5 es la impunidad que la acompaña, ya que los actos de corrupción casi nunca se castigan.Gobiernos y funcionarios de todos los partidos y de todos los niveles jerárquicos han estado inmiscuidos en denuncias públicas que involucran el uso y abuso del poder para beneficio privado. Estas denuncias comprenden entre otros, desfalcos al erario, sobornos, pagos irregulares, conflicto de intereses, desvío de recursos, tráfico de influencias, licitaciones amañadas o facturas con sobreprecio.La colusión se produce porque ambas partes se pueden beneficiar mutuamente llegando a un acuerdo, así en la línea de pensamiento de la Dra. Casar, la corrupción no ocurre únicamente por necesidad y temor a las consecuencias de no acceder a un pago extraoficial. También se da por falta de ética y por la codicia, para obtener aquello a lo que no se es merecedor por ley o por mérito propio.Un estudio de la OCDE sugiere la importancia de distinguir entre la corrupción política y la burocrática.6 La primera se refiere a actos en los que los servidores públicos de más alta jerarquía están "más preocupados por su beneficio personal y su poder que por el desarrollo de la sociedad" sobre la que gobiernan. La gravedad y consecuencias de estos actos dependerán de la fuente principal de ingresos de los estados. Ahí donde los Estados dependen más de las rentas provenientes de recursos naturales que de las contribuciones de los ciudadanos, habrá mayor corrupción y estará más concentrada en las más altas autoridades. La corrupción burocrática es aquella que se da en los niveles administrativos - centrales o locales- y en donde la autoridad tiene la posibilidad de extraer rentas a través de la extorsión o manipulación de la ley, así, la corrupción que se da a los niveles de la burocracia es más baja y la grand corruption ocurre en los escalones más altos de la política y la administración.De acuerdo con el Glosario Anticorrupción de Transparencia Internacional, la petty corruption (o corrupción insignificante o micro), se refiere al "abuso cotidiano del poder encomendado por parte de funcionarios públicos de niveles bajo y medio en sus interacciones con ciudadanos ordinarios, que frecuentemente tratan de acceder a bienes o servicios básicos en lugares como hospitales, escuelas, departamentos administrativos u otras agencias". Por el contrario, la grand corruption consiste en el abuso de poder en los altos niveles que causa un amplio daño tanto a individuos como a la sociedad.7En la opinión de Luis Carlos Ugalde, 8 la corrupción es un fenómeno milenario cuyo estudio y discusión se ha realizado desde diversas perspectivas, entre ellas morales, religiosas, legales, económicas y culturales, centrando su análisis en tres escuelas o enfoques: el funcionalismo, el culturalismo y el institucionalismo.Si bien la corrupción se da entre las autoridades y las empresas, éstas últimas también sufren actos de corrupción perpetrados por sus propios empleados en los que no necesariamente interviene una autoridad. Así reflexiona la Dra. María Amparo Casar,9 la corrupción en las empresas puede dividirse en dos grandes rubros. El que se da al interior de las mismas o en connivencia con otros entes privados, y la que se da con el sector público. Efectos de la corrupción. En relación a los efectos de la corrupción, Alberto Cobos Palma10, los cataloga en cuatro grupos, efectos políticos, efectos económicos, Efectos Ius-fundamentales y Efectos Sociales.Para efectos del presente artículo nos interesa el Efectos Ius-fundamentales, entendido este concepto, en la línea de pensamiento de Fabián Caparrós, que la corrupción constituye el paradigma de la desigualdad entre los individuos, lesiona gravemente la acción social del Estado, profundizando las desigualdades en perjuicio de los más desfavorecidos. La corrupción genera un Estado débil e incompetente para cumplir con sus gobernados, con sus funciones básicas de seguridad, justicia, educación, salud, protección, igualdad, entre otras, siendo que con un Estado infectado por la corrupción, se pierde la noción del bien común resultando perjudicados los sectores más desprotegidos, al empezar a carecer de suficientes medios económicos, circunstancia por la que se empieza a deteriorar las condiciones de vida de los ciudadanos con menos recursos, al no contar con los elementos prioritarios como la educación pública, la atención médica gratuita, el acceso adecuado y eficiente a la procuración e impartición de justicia, todo esto, en contraste de la enorme mejoría, de quienes ostentan el poder, bajo el manto de la corrupción, marcándose en consecuencia, una notable y grave desigualdad social entre sus ciudadanos.En relación a la corrupción, la Dra. María Amparo Casar,11 reflexiona que si bien conocemos algunas de sus causas, no logramos comprender cómo se concatenan para constituir un modo de vida público y social.Bajo su apreciación, respecto de la "corrupción" observamos que tiene consecuencias negativas en el crecimiento pero la dejamos operar. Sabemos que daña la economía familiar de los más necesitados, que profundiza la desigualdad y que disminuye el bienestar, pero optamos por practicarla. Identificamos a los que la cometen pero los premiamos con puestos de gobierno y un lugar privilegiado en la sociedad. Estudiamos casos exitosos para erradicarla pero no los replicamos. La condenamos pero la justificamos.No debería sorprender, dice Héctor A. Mairal,12 "que el soborno y la corrupción sean características resultantes de un sistema de derecho en el cual la competencia por las rentas se ha convertido en la forma predominante de producir la ley."13 En realidad, cuando un sistema político está inficionado por la corrupción encontrará oportunidades para obtener sobornos bajo cualquier régimen económico. Las causas jurídicas de la corrupción. Si bien la corrupción es un tema que mucho nos preocupa hoy día, poco se analizan las causas jurídicas de la corrupción, reflexiona Héctor A Mairal, 14 lo que implica entender cuando el derecho actúa como factor de corrupción al constituirse en su aliado.Hablamos de las causas jurídicas de la corrupción porque el derecho, además de servir de instrumento a un sistema económico que fomente la corrupción, también puede actuar independientemente como factor de corrupción, lo que en opinión del autor, no deja de ser una paradoja, ya que su misión debiera ser coadyuvar en la lucha contra el fenómeno. Sin embargo, en muchos casos actúa como su aliado.Así el profesor Mairal refiere algunos de los factores jurídicos que operan como caldo de cultivo o, incluso, como causa directa de la corrupción, las que vienen teniendo lugar en Argentina desde hace décadas, presentando ejemplos que demuestran cómo, en los más altos niveles de la administración pública, se utilizan normas que dejan campo abierto a la corrupción.Generalmente cuando se intenta combatir la corrupción por medios jurídicos, se busca desalentarla a través de la sanción a los culpables, estableciendo obligaciones de diverso tipo para los funcionarios públicos, tipificando delitos, estableciendo penas, imponiendo incompatibilidades, prohibiciones y controles, permitiendo presunciones y adoptando otras medidas de disuasión y persecución.Sin embargo no se suele prestar atención al marco jurídico que fomenta la corrupción, ni a los posibles remedios para evitarla y, en lo posible, prevenirla por lo que en la línea de pensamiento de Luis Moreno Ocampo-- es más importante detectar sistemas culpables que personas culpables."15Punto importante a considerar, es la reflexión que hace el autor, en el sentido de que combatir las causas jurídicas de la corrupción sólo tiene sentido en un Estado de Derecho, en el que se respete el principio de separación de los poderes, ya que mientras el Presidente de la República pueda legislar, el combate contra la corrupción sólo alcanzará a quienes la voluntad política del momento decida dejar de proteger o hayan sido poco precavidos. El derecho, como aliado de la corrupción. En opinión del Héctor Mairal,16 existen una serie de circunstancias, que por una parte, incentivan el incumplimiento de la norma y, por la otra, crean o aumentan la indefensión jurídica de los particulares.Entre los factores que el Héctor Mairal estudia, encontramos: La corrupción se hace presente cuando el particular se encuentra jurídicamente indefenso frente al funcionario o se tiene la sensación que no tendrá defensas jurídicas frente a la autoridad. O cuando existe restricción en el acceso a la justicia a través de trabas de procedimiento o por cortapisas legales. Si lo que se desea es disuadir las demandas contra el Estado, debe reconocerse que este tipo de restricción tiene un éxito parcial, ya permite la comisión de violaciones constitucionales y legales por las autoridades. Otro factor es la violencia del Estado contra los ciudadanos, lo que se presenta cuando el Estado consciente de las ventajas que le otorga un derecho administrativo autoritario buscara acrecentar y perfeccionar las normas que le permiten imponer su voluntad antes de la intervención judicial. También hay que considerar el desprecio de la ley por el mismo Estado que se presenta cuando el Estado no reconoce el freno del derecho, el mensaje a la población es claro y dramático: Los remedios jurídicos no sirven, utilice otros. Una de las áreas en las que el derecho actúa como factor de corrupción es la fiscal, en donde la Administración Tributaria, circunscribe su actuación a la recaudación, privilegiando ésta, e intensificado los niveles de control administrativo con el uso de herramientas tecnológicas, además de implementar las más agresivas y duras políticas fiscales, cuyo objetivo es procurar la rápida y fácil recaudación tributaria, baso en el errado fundamento de que se está salvaguardando un interés superior y general, reflexiona Rosa Caballero.17Lo anterior ha provocado el menoscabo de los derechos de los contribuyentes a través de medidas que favorecen a la Administración Tributaria, lo que en palabras de Rubén Asorey18 se traduce en "una serie de abusos, desvíos, arbitrariedades, donde el sujeto activo actúa fuera de la ley y del derecho, a través de comportamientos anómalos, utilizando en ciertos casos máscaras legitimadoras de la juridicidad, como seudo interpretaciones reñidas con las garantías constitucionales".Lo anterior se agudiza, si consideramos la actuación de los Tribunales quienes conscientes o no, emiten resoluciones que favorecen a los intereses de la administración, o restringen el acceso a la justicia buscando disuadir las demandas contra el Estado.En palabras de Tipke19 los Tribunales son los guardianes de la moralidad fiscal, ya que la Constitución no otorga al legislador poderes en blanco para establecer a su capricho el contenido de las leyes, de ahí que, sean los Tribunales los guardián y vigilantes de la moral fiscal, frente a la actuación del legislador, que no respeta las bases constitucionales, sin embargo, cada vez es más frecuente que en su actuación el legislador se aparte del marco de derecho e incurre en inconstitucionalidades, sobre todo cuando los efectos económicos de las sentencia son para el futuro.Otro ámbito de la actuación judicial se da en el campo de los jueces de legalidad, especialistas que sólo practican la mera aplicación de leyes ordinarias bajo una óptica de legalidad, y se resisten a examinar si los preceptos de la ley son justos 20 por lo que cabe preguntar, como lo hace Jean Rivero21 si son guardianes de la legalidad administrativa, o guardianes administrativos de la legalidad. Ejemplos de sentencias Judiciales que favorecen la corrupción. Mexico no escapa a los temas de corrupción y mucho menos de criterios jurídicos que se han convertido en factores de corrupción al crear o aumentar la indefensión jurídica de los particulares, por ello, en este apartado analizaremos bajo la línea de pensamiento de Héctor A. Mairal, alguno ejemplos de criterios de los Tribunales Mexicanos, los que circunstancialmente se han traducido en factores en los que el derecho actúa como factor de corrupción. Litis Abierta. Al respecto, cabe recordar que la figura de la litis abierta fue introducida en el capítulo contencioso del Código Fiscal de la Federación vigente en 1996, capitulo que posteriormente dio lugar a la actual Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.De la exposición de motivos, de dicha reforma claramente se observa que el objetivo de la "litis abierta" fue dotar al contribuyente de seguridad jurídica, para aquellos casos en los que debido a la falta de asesoramiento legal, haga valer agravios insuficientes que les dificulten el acceso a la justicia.En México, existe una Jurisprudencia22 en la que se interpretó el concepto de "litis abierta" estableciendo que en el Juicio Contencioso Administrativa, los contribuyentes no tienen la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen, ello bajo el argumento de que no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen pues estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular.Independientemente de lo anterior, el que se vede la oportunidad de exhibir en el Juicio Contencioso Administrativo los medios de prueba con los cuales se defienda y acredite la ilegalidad de un acto administrativo, imposibilita que la actividad jurisdiccional se desarrolle en plenitud al impedirle recibir y valorar pruebas, al privar al contribuyente de su derecho de ser oído y vencido en juicio, así como de la oportunidad de exponer todo cuanto considere conveniente en defensa de sus intereses, impidiéndole el aportar las pruebas que desvirtúen la legalidad de una resolución administrativa, lo que implica solapar la actuación arbitraria de la autoridad administrativa, violado el principio de interdicción de la arbitrariedad que se desprende de Nuestra Carta Magna, así de sus derechos de audiencia23 y de la tutela judicial efectiva, reconocida en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de Noviembre de 1969.Igualmente se vulnera el derecho al principio de "debido proceso legal",24 vinculado con el concepto de "formalidades esenciales del procedimiento", el cual se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.En relación al derecho de defensa este debe ejercerse a través de un recurso sencillo y rápido que presupone25 el respecto de principios especiales en cada una de sus etapas como son: derecho a la asistencia letrada; derecho a la gratuidad de la justicia; buena fe en el proceso; derecho a la prueba; derecho a que ella sea valorada adecuadamente; derecho a la sentencia útil; derecho a la ejecución; derecho al recurso; etc.), sin que puedan considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Entendiéndose por recurso ilusorios aquellos que se traducen en una inutilidad práctica.En consecuencia y por las razones antes expuestas, la figura de la "litis abierta" tutelada por el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso viola el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocida en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de Noviembre de 1969, al limitar el ofrecimiento de pruebas en el juicio contencioso respecto de aquellas que no fueron exhibidas ante la autoridad fiscalizadora, en tanto que la "litis abierta" tiene por propósito garantizar la seguridad jurídica y el acceso a la justicia de los gobernados, de manera que no pueden desvincularse la posibilidad de rendir pruebas, que acrediten los hechos en que se finque la defensa de la posibilidad de producir argumentos jurídicos, que se estimen pertinentes en esa misma defensa, en tanto de nada sirve producir argumentos sin la posibilidad de probar estos, de manera que se garantice el derecho a una sentencia útil; que le permita obtener una decisión fundada cuyo propósito fundamental sea la otorgar justicia, y no traducirse en una verdadera trampa procesal que impida al gobernado el acceso a la justicia y fomente la arbitrariedad por parte de la autoridad administrativa.En España Cesar García Novoa26, reflexiona sobre una propuesta legislativa que pretendía la pretendida preclusividad para aportar pruebas en sede económico-administrativa si no se aportaron en vía de gestión; bajo el argumento de que el procedimiento de revisión económico-administrativo no es el momento procesal oportuno para aportar unas pruebas que pudieron y debieron aportarse antes. Propuesta que critica duramente por tratarse de un planteamiento gravemente lesivo para los derechos de los obligados tributarios, olvidando que la vía económico-administrativa es una instancia previa a la vía judicial, en la que no son aceptables limitaciones groseras del derecho de prueba.Desgraciadamente en México la idea de la preclusividad para aportar pruebas sí permeo en nuestro sistema, y se consolidó a través de resoluciones dictadas por nuestro Máximo Tribunal las que hoy día constituyen Jurisprudencia obligatoria dictada por nuestro Máximo Tribunal.En ese sentido, sí cuando se acude al Juicio Contencioso Administrativo no se pueden ofrecer pruebas, lo cual, sin duda, constituye una interpretación restrictiva de la norma, además de contravenir lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que siempre debe proveerse a la interpretación que mayor beneficio genere al gobernado y no aquella que le restrinja derechos.Más allá de la crítica jurídica que se pueda hacer a la tesis anterior, la misma se ha convertido en un importante factor de corrupción, pues basta con que la autoridad fiscal afirme que el contribuyente no probó en contra de sus afirmaciones dentro de la etapa administrativa, para que ello impida que el contribuyente pueda aportar prueba en la etapa Judicial, aun cuanto a través de estas pruebas, el contribuyente acredite que tiene la razón, con lo cual, se restringe su acceso a la justicia a través de trabas de procedimiento cuyo propósito es disuadir las demandas contra el Estado, enviando el mensaje que como señala el profesor Héctor Mairal, "los remedios jurídicos no sirven, utilice otros" al dejar al particular indefenso frente al funcionario produciendo la sensación que no tendrá defensas jurídicas frente a la autoridad, generándose violencia del Estado contra los contribuyentes, al haberse generado un criterio autoritario que le permite imponer su voluntad aún ante la intervención judicial. La multa mínima. En relación al tema, debemos recordar que cuando el obligado tributario contraria a las normas, comete una infracción a la que la ley determina la imposición de una sanción, "la multa" cuyo propósito es castigar la conducta infractora y procurar que los sujetos infractores no vuelvan a incurrir en incumplimiento. Así las cosas, la sanción tiene como finalidad ser disuasiva, represiva, intimidatoria e incluso ejemplificativa; busca evitar la reincidencia de los infractores; además de que existen atenuantes y agravantes que permiten individualizar la sanción impuesta al analizar las circunstancias específicas del sujeto infractor como son: la gravedad de su conducta y su reincidencia.27La infracción es una conducta culpable, voluntaria de acción u omisión, tipificada como antijurídica y sancionable legalmente.La voluntad en la conducta, es la característica que hace referencia tanto a la conducta adoptada, como a los efectos que de ella se derivan como los deseados, por tanto se consideran como causas de exculpación de responsabilidad las conductas realizadas por fuerza mayor.Vinculado a la voluntad, se encuentra la característica de la culpabilidad, esto es, querer y conocer el resultado que se va producir, por tanto, se excluye la responsabilidad objetiva, de ahí que, para sancionar las infracciones tributarias debe existir dolo o culpa, o con cualquier grado de negligencia.El principio de culpabilidad está íntimamente relacionado con la presunción de inocencia, por lo que toda sanción debe encontrarse precedida de una actividad probatoria, que permita que las pruebas sean valoradas jurídicamente bajo la premisa de que la carga de la prueba recae sobre el acusador; lo que implica que corresponde a la Administración Tributaria el probar la conducta dolosa, culposa o negligente.La antijuridicidad significa que para que la conducta sea considerada como constitutiva de infracción, ésta tiene que involucrar la transgresión de una norma jurídica cuya vulneración es sancionada con una multa.La tipicidad se refiere tanto a la conducta infractora como a la sanción a imponer. Se debe tener en cuenta que no toda vulneración de normas tributarias da lugar necesariamente a su consideración como infracción tributaria.La característica de legalidad implica que la sanción se encuentre regulada material y formalmente en una ley.Para imponer una multa, es necesario que las autoridades razonen el uso de su arbitrio sancionador en su cuantificación, por lo que deben exponer los razonamientos y las circunstancias de hecho y de derecho que hacen que en el caso particular se deba agravar en alguna forma la sanción, estas consideraciones deben ser aplicadas al caso concreto y a sus circunstancias específicas, sin que sea suficiente hacer afirmaciones abstractas e imprecisas, de manera que las autoridades están obligadas a razonar el uso de sus facultades legales para que su determinación no resulte arbitraria y caprichosa, y se dé a los afectados plena oportunidad de defensa respecto de los datos y elementos que sirvieron para individualizar la sanción.En un primer momento, la posición de los Tribunales Federales en México, sostuvieron respecto de las multas fiscales, que aun siendo la mínima, no era absoluta, ni irrestricta la facultad de la autoridad para imponerlas, pues ello sería tanto como pretender encubrir y justificar la aparente constitucionalidad de una multa de una magnitud significativa, sin atender al elemento subjetivo del infractor, corriendo el riesgo de ser excesiva y desproporcional a las circunstancias del particular en el caso concreto. Esta postura fue superada por jurisprudencia por contradicción de tesis28 en la que el criterio que prevaleció, es el que sostiene que el único monto que las autoridades pueden imponer, demostrada la infracción y sin razonar su arbitrio para motivarlo, es el mínimo, pues ello implica que se ha aceptado el máximo de circunstancias atenuantes.Adicionalmente se argumentó que, si bien es cierto que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular, debe fundarse y motivarse, resulta irrelevante, y no causa violación de garantías, el que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley, sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, pues cuando se impone la multa mínima, es evidente que legalmente no podría imponerse una sanción menor, por lo que la obligación de motivación se cumple si se expresan las circunstancias del caso y los elementos con los cuales se acredite que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho que es tipificada como infracción. 29El criterio anterior, es desafortunado en tanto deja de atender al elemento subjetivo de la conducta del presunto infractor, y da lugar a la imposición de sanciones de manera irrestricta, además de afectar la plena oportunidad de defensa del sancionado.Otro de los problemas que en el terreno fáctico se ha presentado en México, es que cuando las autoridades administrativas se percataron que la recaudación se incrementaría a través del cobro de multas, bajo el argumento de que la multa mínima no requiere de motivación, el legislador ha incrementado los parámetros establecidos como multa mínima, lo que se ha extendido de la materia fiscal a diversas materias administrativas, permitiendo a las autoridades no justificar el ejercicio de su facultad sancionadora al imponer éstas, lo que proporciona importantes recursos recaudados y se ha convertido en un importante factor de corrupción, al constituir un factor de violencia del Estado contra los ciudadanos pues consciente de las ventajas que le proporcionan los criterios judiciales comentados, ha buscado acrecentar y perfeccionar las normas que le permiten imponer su voluntad con la complicidad judicial, lo que además evidencia el desprecio de la ley por el mismo Estado que no reconoce el freno del derecho. Deducción de gastos médicos. Las reformas fiscales a la Ley del Impuesto sobre la Renta del año 2014, introdujeron una restricción al fijar un límite a las deducciones personales de los contribuyentes, así como algunos requisitos particulares para algunas deducciones, destacando la relativa a los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, estableciendo que para permitir la deducción, el que el pago debe efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.Si bien, el fin de dicha deducción es reconocer el derecho fundamental a la salud, mismo que se encuentra tutelado por artículo 4o. de la Carta Magna, y cuya protección se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre exclusivamente a cargo del Estado, ya que se trata de una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso.De ahí que, en cumplimiento de su obligación, el Estado Mexicano ha adoptado como medidas apropiadas de carácter legislativo para dar plena efectividad a éste derecho de salud, el reconocimiento del impacto de su erogación en la capacidad contributiva del causante, por lo cual, las ha reconocido dentro del rubro de las deducciones personales, destinada a la satisfacción de las necesidades elementales sin embargo el que su monto sea limitado de manera arbitraria y caprichosa y sin atender a la necesidad de satisfacción de éste derecho de salud, lo cual se evidencia respecto de enfermedades degenerativas de adultos mayores, en las que el costo de atención a las mismas es muy elevado, inclusive para el propio Estado quien ha reconocido lo costoso de enfrentarlas.En ese sentido, es evidente que la reforma fiscal que estableció la restricción de estas deducciones únicamente busca incrementar la recaudación al ampliar la base tributaria sobre la cual deben calcular su impuesto las personas físicas, no obstante lo anterior, la SCJN mediante dos jurisprudencias30 consideró que la limitación es correcta.Los argumentos de la SCJN se basan en que las deducciones personales de las personas físicas, no cumplen con el requisito de estricta vinculación con la generación del ingreso, por lo que, respecto de estas, el legislador no está obligado a acatar el principio de proporcionalidad tributaria, máxime porque estamos en presencia de gastos o beneficios fiscales, los cuales se conceden atendiendo a fines de política fiscal, social o económica. Por tanto, al establecer un límite para las deducciones personales, no se viola el principio de proporcionalidad tributaria.Así mismo, considera que el que los conceptos con los cuales se relacionan las deducciones personales tengan alguna vinculación con derechos fundamentales o servicios básicos que el Estado se encuentra obligado a garantizar o prestar, no implica que exista un derecho constitucionalmente tutelado para exigir que sea precisamente a través de la legislación fiscal que se brinde esa tutela, específicamente concediendo un beneficio de carácter tributario al prever la posibilidad de deducir, sin limitante alguna, cantidades o erogaciones que no están vinculadas con la generación del ingreso que es el objeto del impuesto sobre la renta.Por otro lado, el requisito de que la erogación se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente carece de razonabilidad, en tanto que si el enfermo es el contribuyente y es él quien requiere ser hospitalizado o atendido médicamente (por ejemplo frente a un caso de infarto) resulta evidente que el requisito materialmente es de imposible cumplimiento, sobre todo, cuando peligra su vida, lo que implica que la prioridad sea la preservación de su salud y vida, y no el cumplimiento de requisitos ilógicos y de imposible cumplimiento material, y que provoquen que se desatienda la obligación de tutela garantista y protectora del derecho fundamental del derecho a la salud del contribuyente.Desgraciadamente nuestro Máximo Tribunal consideró31 que estos requisitos no son excesivos en tanto que los medios de pago financieros son servicios accesibles que se encuentran al alcance de todos los gobernados, además de que ello permite: a) Identificar plenamente la veracidad de esas operaciones, así como a las personas que efectúan el gasto y determinar si en realidad tienen derecho a ser beneficiados con la deducción correspondiente; b) Garantizar que las deducciones se apliquen únicamente por las personas que efectivamente realizan la erogación y que legalmente tienen derecho a efectuarla; y, c) Otorgar a la autoridad fiscal mayor certeza de que los beneficiados de las deducciones aludidas son efectivamente los sujetos que se encuentran en los supuestos previstos y que las deducciones corresponden exclusivamente a los pagos por los conceptos descritos en la norma tributaria, al identificar al pagador real de los servicios que se deducen, lo que como finalidad mediata, permite no sólo mejorar el esquema de control y fiscalización de deducciones personales, sino también evitar actos de evasión y elusión fiscal, además de facilitar el cumplimiento de las facultades de la autoridad fiscal.Más allá de la crítica que jurídicamente se pueda hacer a estas sentencias, las mismas también se han convertido en factores de corrupción, ya que ahora los honorarios médicos se cobran en efectivo y sin emitir los comprobantes fiscales a que están obligados, y en el mejor de los casos al emitirlos recargan el importe de sus honorarios, no dejando al contribuyente otra alternativa que cubrirlos, pues en caso de no hacerlo no recibirán los servicios médicos que requiera, máxime si se trata de casos de emergencia.Lo anterior evidencia que con estas restricciones no se cumplen los fines de control y fiscalización argumentados por nuestro Máximo Tribunal, ni mucho menos se evitan actos de evasión32 y elusión fiscal33, - figuras que son confundidas como sinónimos, soslayando que se trata de dos cosas diferentes34 - lo que tampoco facilita el ejercicio de las facultades de comprobación, pues las autoridades no han hecho nada para combatir estos actos de evasión fiscal. Procedimiento penal vs Procedimiento administrativo Otro tema que preocupa, es un precedente judicial que establece que el procedimiento penal por delitos fiscales, es independiente y autónomo, al que se sigue por infracciones de carácter fiscal.El precedente se basa en el argumento de que,sí durante la sustanciación de un procedimiento penal instaurado con motivo de un delito fiscal, el inculpado promovió simultáneamente ante la autoridad fiscal correspondiente un juicio de nulidad, en contra de la determinación de un crédito fiscal, en donde se decretó el embargo de mercancía de procedencia extranjera, diligencia que sirvió de apoyo para la acreditación del cuerpo del delito por el que se le libró orden de aprehensión, la resolución de nulidad que se llegara a emitir por la autoridad administrativa, es autónoma al procedimiento penal instaurado con motivo de la comisión del delito; por ende, en nada trasciende al ámbito penal, toda vez que los procedimientos penal y administrativo son distintos, en tanto que persiguen diversos fines, pues el primero tiende a la imposición de la pena de prisión por el delito cometido, que es de la competencia de las autoridades judiciales, en tanto que, el administrativo atañe entre otras cosas, al cobro de los impuestos o contribuciones omitidas, lo que significa que los procesos penal y administrativo son independientes, pues se rigen bajo sus propias reglas, de ahí que, lo resuelto en uno no puede influir en el otro cuando la autoridad administrativa no emita resolución para determinar el crédito fiscal dentro de determinado tiempo, o que se haya concedido el amparo en contra de actos de aquélla, para efectos de que en una nueva resolución fundamente y motive la clasificación arancelaria, pues son irregularidades del propio procedimiento administrativo que no alcanzan a afectar la subsistencia del embargo que dio origen a la instauración de la causa penal.Este criterio menoscaba los derechos de los contribuyentes, al vulnera en su perjuicio el principio de no concurrencia "ne bis in ídem," mismo que conforme a la opinión de Diez Ochoa José María, tiene tres posibles acepciones: Sancionar dos veces el mismo hecho en vía penal y administrativa.La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanciones administrativas, de manera que de no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración Tributaria iniciará o continuará sus actuaciones de acuerdo con los hechos que los Tribunales hubieran considerado probados, y se reanudará el cómputo del plazo de prescripción en el punto en que se encontraba suspendido. Que una misma conducta sea considerara infracción tributaria y al mismo tiempo, criterio de agravamiento de la infracción cometida o criterio de calificación de una infracción. Sancionar dos veces el mismo hecho en la vía administrativa. Esta prohibición implica que a una misma conducta ilícita que pudiera ser constitutiva de dos o más infracciones tributarias, no se le pueden imponer las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones que deriven de dicha acción ilícita. Ahora bien, diferente es el caso en el que a una misma conducta ilícita, tipificada en una sola infracción, pueden imponérsele dos tipos de sanciones, una pecuniaria y otra no pecuniaria. Esta dualidad de sanciones se considera que forman parte de una sola sanción.Bajo el sistema jurídico mexicano, no se incurre en la imposición de una doble sanción, cuando se imponen sanciones penales y administrativas que tienen su origen en una misma conducta, si éstas sanciones tienen su fundamento y sustento en legislaciones de distinta materia, por un lado la administrativa, y por otro la penal; lo que encuentra justificación en la afirmación de que el procedimiento penal por delitos fiscales es independiente y autónomo, al que se sigue por infracciones de carácter fiscal.Por tanto, si una persona está sujeta a un proceso penal por su probable responsabilidad en la comisión de un delito, no es necesario que culmine la visita de auditoría en la que se tuvo conocimiento de su probable comisión, porque nada impide que se le sancione administrativamente por los mismos hechos, toda vez que los procedimientos administrativos tienen diversa naturaleza del procedimiento que se instaura de acuerdo a la legislación penal.En relación a los argumentos arriba sintetizados, que conforman la posición hasta hoy adoptada por nuestros tribunales, cabe preguntar, si este criterio sigue vigente a la luz de las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos, o si los mismos deben modificarse y adecuarse conforme a las consideraciones seguidas por los tribunales internacionales de la materia. Facultades de gestión. Un tema polémico y novedoso, lo constituyen las denominadas facultades de gestión, las cuales se aplican en: a) la Revocación de sellos digitales (Art.17-h), b) Trámites de devoluciones (Art. 22), c) Envío de contabilidad (Art. 28 F. IV), Diversos requerimientos (Art. 41), Desahogo de Prevenciones (Art. 41-A), Verificación de obligaciones (41-B), Invitaciones (42-A), y revisión de operaciones inexistentes. (69-B); ordenamientos todos del Código Fiscal de la Federación.Las facultades de gestión encuentran su fundamento en un criterio jurisprudencial de nuestro máximo tribunal, el que se determinó que desde la perspectiva del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal, conforme al artículo 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede ejercer facultades de gestión (asistencia, control o vigilancia), las cuales son diversas de las facultades de comprobación (inspección, verificación, determinación o liquidación) de la obligación de contribuir prevista en el numeral 31, fracción IV, del mismo Ordenamiento Supremo, concretizada en la legislación fiscal a través de la obligación tributaria.Las facultades de gestión se refieren al actuar dentro del control y vigilancia de las operaciones vinculadas con el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales, y se ejercen cuando se detecte la existencia de una o más infracciones, sin ejercer las facultades de comprobación.Su ejercicio se da con base en el artículo 63, primero y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, a partir del análisis a los sistemas institucionales, expedientes y base de datos con que cuenta, utiliza y tiene acceso la autoridad, que concluye en detectar inconsistencias en la situación fiscal del contribuyente.La medida se justifica constitucionalmente en tanto que las autoridades legislativas y ejecutivas del Estado Mexicano se encuentran obligadas a combatir el fraude fiscal, por lo que la medida legislativa genera ventajas que permiten hacer efectivo el cumplimiento de la obligación de contribuir a los gastos públicos al permitir a la autoridad fiscal ejercer sus facultades de gestión tributaria en aras de detectar las infracciones en las que incurran los contribuyentes que pretendan defraudar al fisco federal, con lo cual se genera una situación de igualdad real y no sólo formal, pues en esa medida todos contribuirán al gasto público.Por tanto, se considera un medio idóneo, apto y adecuado, que se implementó como un sistema mediante el cual el contribuyente sabe a qué atenerse cuando la autoridad ejerce sus facultades de gestión tributaria, previendo además un procedimiento sumario para desvirtuar las irregularidades detectadas y que motivaron dejar sin efectos el certificado;De manera que, cuando se actualice una o más infracciones de las previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal, y en consecuencia se proceda a la cancelación de un certificado de sello digital, ello no involucra el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que se lleva a cabo dentro de las diversas de gestión; además de que, conforme a su naturaleza jurídica dicha cancelación, solamente constituye una medida provisional de control, tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de las diversas obligaciones fiscales a que está sujeto el administrado.Los argumentos anteriores plantean diversos problemas, el primero es que confunde la posible comisión de una infracción, con el fraude fiscal, figuras que son y tienen naturaleza jurídica diversa, y que en el caso de presentarse la segunda, esta necesariamente debe combatirse en la vía penal, mientras que la primera pertenece al campo administrativo.El segundo problema que genera, es que al considerarse que su consecuencia, la cancelación de sellos digitales, constituye una medida provisional de control, la misma no es susceptible de controvertirse a través de los medios de defensa. Las trampas procesales para inhibir la trasparencia. Uno de los elementos para combatir la corrupción es la Transparencia, el Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas cuyo objetivo es garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, o entidad pública, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público.Este Derecho se considera un derecho Humano de Acceso a la Información Pública y comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, con excepción de aquella que sea clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público.El problema se presenta cuando a través de trampas procesales, la autoridad administrativa obstaculiza el ejercicio de este derecho, tal y como ocurrió en un caso en que nos tocó participar como abogado, y en donde el Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF), hizo una interpretación tergiversada de las reglas procesales que regulan el recurso de revisión, con el fin de desestimar el recurso, favoreciendo los intereses de la autoridad administrativa.El antecedente del caso, lo constituye la solicitud de información al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF), con la finalidad de que la autoridad administrativa, proporcionara diversa información respecto del Proyecto ganador del Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal de 2017 de una Colonia de la Ciudad de México, por lo que ante la ausencia de respuesta por parte de la autoridad se presentó recurso de revisión por medio del sistema electrónico habilitado para ese fin.La respuesta de la autoridad administrativa fue desechar el recurso por extemporáneo, basando su determinación en el Acuerdo 0813/SO/01-06/2016 el uno de junio de dos mil dieciséis y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el dieciséis de junio del dos mil dieciséis, que estable en su artículo Décimo Primero, que el horario para la recepción de los recursos de revisión presentados a través de medios electrónicos es de 9:00 a 18:00 horas, zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, en días hábiles y que los recursos presentados después de las 18:00 horas o en días inhábiles, se considerarán recibidos al día y hora hábil siguiente.Con base en lo anterior, la autoridad consideró que el recurso fue presentado en forma extemporánea por haber sido presentado a las 19:43:05 horas del día de su vencimiento, por lo que el mismo se tuvo por recibido el día siguiente hábil, no obstante que el sistema electrónico estaba habilitado para presentarlo, además de que la propia ley de la materia señala que cuando los plazos fijados por la Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles, entendiéndose los días como completos, estos es, con sus 24 horas, lo que implica que la presentación de un recurso se puede hacer dentro de las 24 horas referidas, sobre todo cuando el mismo sea presentado en línea a través del sistema integral.Con independencia de que, tanto el criterio de la autoridad administrativa, como los ordenamientos en que se basa, fueron controvertidos ante los Tribunales al estimarse que contravienen el derecho a la administración de justicia, y porque la limitación de horario constituye una medida excesiva y desproporcional no establecida en la ley de la materia, y de que la resolución haya sido favorable a la quejosa, la redacción de este tipo de normas y la conducta de la autoridad se convierten en aliados de la corrupción, en la medida en que con este tipo de trampas procesales se restringe el acceso a la justicia, además de constituir un factor de violencia del Estado contra los ciudadanos en la medida en la que se al haber establecido y perfeccionado normas que generan un derecho administrativo autoritario que le permite a la autoridad imponer su voluntad. Conclusiones. En México, existen algunos criterios jurídicos de nuestros tribunales, los que deliberada o circunstancialmente se han convertido en actores de corrupción, al crear o aumentar la indefensión jurídica de los particulares. El criterio de Litis Abierta, el cual, más allá de la crítica jurídica que se le pueda hacer, ésta se ha convertido en un importante factor de corrupción, pues basta con que la autoridad fiscal afirme que el contribuyente no probó en contra de sus afirmaciones dentro de la etapa administrativa, para que ello impida que el contribuyente pueda aportar prueba en la etapa Judicial, aun cuanto a través de estas pruebas, el contribuyente acredite que tiene la razón, con lo cual, se restringe su acceso a la justicia a través de trabas de procedimiento cuyo propósito es disuadir las demandas contra el Estado, enviando el mensaje que como señala el profesor Héctor Mairal, "los remedios jurídicos no sirven, utilice otros" al dejar al particular indefenso frente al funcionario produciendo la sensación que no tendrá defensas jurídicas frente a la autoridad, generándose violencia del Estado contra los contribuyentes, al haberse generado un criterio autoritario que le permite imponer su voluntad aún ante la intervención judicial. La multa mínima, es otro criterio que ha generado serios problemas en el terreno, pues cuando las autoridades administrativas se percataron que la recaudación se incrementaría a través del cobro de multas, bajo el argumento de que la multa mínima no requiere de motivación, el legislador ha incrementado los parámetros establecidos como multa mínima, lo que se ha extendido de la materia fiscal a diversas materias administrativas, permitiendo a las autoridades no justificar el ejercicio de su facultad sancionadora al imponer éstas, lo que proporciona importantes recursos recaudados y se ha convertido en un importante factor de corrupción, al constituir un factor de violencia del Estado contra los ciudadanos pues consciente de las ventajas que le proporcionan los criterios judiciales comentados, ha buscado acrecentar y perfeccionar las normas que le permiten imponer su voluntad con la complicidad judicial, lo que además evidencia el desprecio de la ley por el mismo Estado que no reconoce el freno del derecho. Deducción de gastos médicos. Los criterios sobre el tema también se han convertido en factores de corrupción, ya que ahora los honorarios médicos se cobran en efectivo y sin emitir los comprobantes fiscales a que están obligados, y en el mejor de los casos al emitirlos recargan el importe de sus honorarios, no dejando al contribuyente otra alternativa que cubrirlos, pues en caso de no hacerlo no recibirán los servicios médicos que requiera, máxime si se trata de casos de emergencia, los que se han convertido en factores de corrupción con la tolerancia de las autoridades que no han hecho nada para combatir estos actos de evasión fiscal. El hecho de que se considere que el procedimiento penal por delitos fiscales es independiente y autónomo, al que se sigue por infracciones de carácter fiscal, y el que no sea necesario que culmine el ejercicio de facultades de comprobación para que pueda iniciarse un procedimiento penal, provoca que este último se haya convertido en una herramienta de recaudación, desnaturalizando sus finalidades. Las facultades de gestión encuentran se han convertido en una herramienta que en los hechos disminuye la litigiosidad en tanto que de aplicarse la consecuencia de cancelación de sellos, ello materialmente se traduce en la muerte civil del contribuyente. Las trampas procesales para inhibir la trasparencia se convierten en aliados de la corrupción, en la medida en que restringen el acceso a la justicia, además de constituir un factor de violencia del Estado contra los ciudadanos en la medida en la que se al haber establecido y perfeccionado normas que generan un derecho administrativo autoritario que le permite a la autoridad imponer su voluntad. El propósito de éste artículo es abrir un espacio de deliberación sobre los efectos nocivos que los criterios jurisprudenciales anteriores han generado, los que si bien han propiciado un incremento en la recaudación, ello se ha logrado a través del menoscabo de los derechos de los contribuyentes reflexionando si éste camino es el correcto al haberse convertido en factores de corrupción.1 Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y por la Universidad del País Vasco.2 Béjar Rivera, Luis José y Gómez Cotero, José de Jesús. Cuando el Derecho se convierte en aliado de la corrupción: un caso en el Derecho Administrativo mexicano. DOI: 10.21056/aec.v21i83.1447. A&C - R. de Dir. Adm. Const. | Belo Horizonte, ano 21, n. 83, p. 11-30, jan./mar. 2021 113 Pérez Porto Julián y Merino María. Definición de: Definición de corrupción Publicado: 2011. Actualizado: 2014. (https://definicion.de/corrupcion/)4 Casar, María Amparo. Anatomía de la Corrupción. CIDE - IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Segunda Edición Octubre de 2016, Pág. 10 y sigs. http://www.cide.edu/mexico-anatomia-de-la-corrupcion-maria-amparo-casar/#5 La impunidad es la ausencia --de hecho o de derecho-- de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria por la comisión de delitos o conductas de corrupción tipificadas en las leyes. Cfr. Orentlicher 2005, 6. Citado por María Amparo Casar. Op. Cit. Pág. 65.6 OECD, Consequences of Corruption at the Sector Level, 28-29. Op. Cit. Casar, María Amparo. Pág. 43.7 Ver Transparencia Internacional, Anti-Corruption Glossary, s.v. "petty corruption" y "grand corruption", https://www.transparency.org/glossary/term/ petty corruption y https://www.transparency.org/glossary/term/ grand corruption.8 La impunidad es la ausencia --de hecho o de derecho-- de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria por la comisión de delitos o conductas de corrupción tipificadas en las leyes. Cfr. Orentlicher 2005, 6. Citado por María Amparo Casar. Op. Cit. Pág. 65.9 Casar, María Amparo. Anatomía de la Corrupción. CIDE - IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Mayo 2015 http://www.cide.edu/mexico-anatomia-de-la-corrupcion-maria-amparo-casar/#10 Cobos Palma, Alberto. La corrupción en un México globalizado. Revista In Jure Anáhuac Mayab [online]. 2012, año 1, núm. 1, ISSN: en trámite. Pp. 98-121.11 Casar, María Amparo. Anatomía de la Corrupción. CIDE - IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Segunda Edición Octubre de 2016, Pág. 10 y sigs. http://www.cide.edu/mexico-anatomia-de-la-corrupcion-maria-amparo-casar/#12 Mairal Héctor A. Las raíces legales de la corrupción o de cómo el derecho público fomenta la Corrupción en lugar de combatirla. 2007. Buenos Aires Argentina. Ediciones Rap S.A. Pág. 15 - 2113 Ídem en la línea de pensamiento de, De Soto, Hernando, El Otro Sendero, Buenos Aíres, Sudamericana, 1987, pp. 239 y 241.14 Madrigal Héctor A. Las raíces legales de la corrupción o de cómo el derecho público fomenta la Corrupción en lugar de combatirla. 2007. Buenos Aires Argentina, Ediciones Rap S.A. Libro. Pág. 15 - 2115 Ídem Moreno Ocampo "Una Propuesta de Acción," en Gromdona, op. cit., p. 125.16 Cfr. Mairal Héctor A. Las raíces legales de la corrupción o de cómo el derecho público fomenta la Corrupción en lugar de combatirla. 2007. Buenos Aires Argentina, Ediciones Rap S.A. Libro. Pág. 15 - 2117 Caballero Rosa, Proceso Tributario y Derechos del Contribuyente En Venezuela. Apuntes de un Desencuentro. Capítulo I del libro: Los procedimientos Tributarios vs. Los derechos de los Contribuyentes. Colección Vía Tributaria de la Universidad Panamericana, coedición Universidad Panamericana - Thomson Reuters, México 2018, pág. 218 Asorey, Rubén O., "Protección constitucional de los contribuyentes a la arbitrariedad de las administraciones tributarias", (2000), pág. 26. Citado por Schafrik de Nuñez, Fabiana. Capítulo II del libro: Ética y Moral Tributaria. Colección Vía Tributaria de la Universidad Panamericana, coedición Universidad Panamericana - Thomson Reuters, México 2018, pág. 5819 Cfr. Klaus Tipke. Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes, Traducido por Pedro M. Herrera Molina, Editorial Marcial Pons, Madrid España 2002, pág. 249.20 Cfr.- Claudia Guzmán Loayza, quien reflexiona como el procedimiento contencioso tributario se ha convertido en un simple canal de paso sin mayor valor ni propósito en sí mismo, que tendrá forzadamente que transitarse con el único fin de agotar la vía previa en pro de la tutela jurisdiccional efectiva, mientras que en materia Constitucional y en relación al control de los efectos de las normas tributarias inconstitucionales, actualmente el Tribunal Constitucional Peruano, salvo situaciones excepcionales y muy limitadas, ejerce esta facultad como una herramienta de segundas oportunidades al legislador para corregir el producto del ejercicio irregular de su competencia. Cfr. Claudia Guzmán Loayza. Algunas Consideraciones sobre Moral Tributaria en el Perú. Capítulo III del libro: Ética y Moral Tributaria. Colección Vía Tributaria de la Universidad Panamericana, coedición Universidad Panamericana - Thomson Reuters, México 2018, pág. 106.21 Cfr. Rivero, Jean. Páginas de Derecho Administrativo. Libro Homenaje. Dirección y coordinación Librado Rodríguez R. Bogotá Colombia 2002. Editorial Themis, S.A., págs. 153 y sig.22 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)]. Tesis de jurisprudencia 73/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil trece.Visible en Época: Décima Época. Registro: 2004012. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, julio de 2013, Tomo 1. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a. /J. 73/2013 (10a.). Página: 91723 Al respecto cabe recordar que el derecho de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se conceda al particular para intervenir con objeto de hacer su defensa, y esa intervención se concreta, en dos aspectos esenciales: a) la posibilidad de rendir pruebas, que acrediten los hechos en que se finque la defensa y b) la de producir alegatos, para apoyar, con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes, esa misma defensa, dentro de un procedimiento judicial, en el caso del procedimiento de fiscalización, éste no es un procedimiento judicial.24 El concepto de "debido proceso legal" se integra con los elementos de la "fórmula compleja" que contiene el concepto de "formalidades esenciales del procedimiento", en el que una de las formalidades esenciales de todo procedimiento, es que el particular tenga la oportunidad de ofrecer pruebas y de que esas pruebas sean desahogadas, es decir, dentro del núcleo duro del "debido proceso legal" se incluye la posibilidad probatoria en sentido amplio (ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas).Adicionalmente y en la línea de pensamiento de Couture, citado por el Dr. Luis Cueva Carrión, "debido proceso legal" se define como: "Garantía constitucional consistente en asegurar a los individuos la necesidad de ser escuchados en el proceso en que se juzga su conducta, con razonables oportunidades para la exposición y prueba de sus derechos". Cfr. Cueva Carrión, Luis. El debido proceso, Quito, Impreseñal Cía. Ltda., 1era. ed., 2001, p. 62. Citado por Sarango Aguirre, Hermes. El debido proceso y el principio de motivación de las resoluciones/sentencias judiciales. Tesis de maestría en derecho procesal. Área de derecho. Universidad andina simón bolívar. Sede ecuador. Pág. 14 visible en: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/422/1/T627-MDE-Sarango-El%20debido%20proceso%20y%20el%20principio%20de%20motivaci%C3%B3n%20de%20las%20resoluciones.pdf.25 Cfr. Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.26 García Novoa, Cesar. La vía Económico-Administrativa en España. Algunas novedades derivadas de la Reforma a la Ley General Tributaria por Ley 34/2015. Capítulo IV del libro: Los procedimientos Tributarios vs. Los derechos de los Contribuyentes. Colección Vía Tributaria de la Universidad Panamericana, coedición Universidad Panamericana - Thomson Reuters, México 2018, págs.157-15827 Gómez Cotero, José de Jesús, "Límites a la facultad sancionadora", en Salcedo Younes, Ruth Yamile (coord.), Modelo de Código Tributario para América Latina, tendencias actuales de tributación, Bogotá, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - Instituto Colombiano de DerechoTributario, 2010, pp. 295 a 297.28 MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Novena Época, No. Registro: 192796, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X. Diciembre de 1999, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 127/99, Página:219.29 Tesis cuyo rubro señala MULTAS FISCALES. AUN SIENDO LA MÍNIMA, NO ES ABSOLUTA NI IRRESTRICTA LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA IMPONERLAS. Visible en: Novena Época, No. Registro: 194408. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Marzo de 1999. Materia(s): Administrativa, Tesis: VIII.1o.25 A. Página: 1421.30 RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EN EL SENTIDO DE QUE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Visible en: Época: Décima Época. Registro: 2013878. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 2a./J. 24/2017 (10a.). Página: 826EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.Tesis de jurisprudencia 27/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del uno de marzo de dos mil diecisiete.Visible en: Época: Décima Época. Registro: 2013872. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 27/2017 (10a.). Página: 82131 RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA DEDUCIR LOS PAGOS POR HONORARIOS MÉDICOS Y DENTALES, ASÍ COMO LOS GASTOS HOSPITALARIOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2014). Tesis de jurisprudencia 47/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de mayo de dos mil dieciocho. Visible en: Época: Décima Época. Registro: 2017030. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 47 /2018 (10a.). Página: 138432 La evasión fiscal tiene por propósito cualquier violación a las normas tributarias que producen como resultado una recaudación inferior a la que corresponda, en ésta figura existe incumplimiento de la obligación tributaria, lo que da lugar a una infracción o a un delito fiscal. Ferreiro Lapazta considera que el fraude tributario es igual al no pago ilegal de un tributo y que el fraude, en este sentido puede realizarse por medio de una infracción. Cfr. Ferreiro Lapatza, Juan José. Curso de Derecho Financiero Español, Madrid España 1992. Editorial Marcial Pons, pág. 459.En la evasión fiscal, la nota característica es el uso de engaños o el aprovechamiento de errores, para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtener un beneficio indebido con perjuicio del fisco. La evasión exige un comportamiento fraudulento o sea deshonesto, anti-tributario de parte del sujeto pasivo.Los elementos que integran la evasión se traducen en el comportamiento ilícito del particular, incumpliendo el deber de carácter patrimonial que se origina con la realización del hecho imponible.En la evasión fiscal, se realiza el hecho imponible y por lo tanto nace la obligación tributaria, sin embargo dicha realización o su verdadera dimensión económica se oculta a la Administración Tributaria, de tal manera que un impuesto sólo se podrá evadir cuando aparezcan los supuestos de la obligación tributaria, es decir cuando se ha realizado el hecho imponible.En la evasión, la conducta transgresora tiene por objeto la ocultación de rendimientos, bienes y derechos de contenido económico, mediante la utilización de documentos materiales o ideológicamente falsos; o la realización de actos o negocios jurídicos que no corresponden a la realizad jurídica efectiva o a la obstrucción o destrucción que impide la determinación de la deuda tributaria.Cfr. Gómez Cotero, José de Jesús. La Simulación Tributaria. Análisis Jurídico y Sociológico, Editorial Themis. Primera Edición diciembre de 2014, págs. 119 y sigs.33 La Elusión, desde un punto de vista lingüístico, es la acción y efecto de eludir. Una dificultad o un problema se elude, cuando se esquiva o evita con astucia o maña.La elusión fiscal en opinión de Rosembuj, significa esquivar la aplicación de la norma tributaria para obtener una ventaja patrimonial por parte del contribuyente, que no se realizaría si no se pusieran en práctica por su parte, hechos y actos jurídicos o procedimientos contractuales, con la finalidad de evitarla, mediante la gestión lícita de medios negociales, aunque no congruentes con la voluntad del legislador. Cfr. Rosembuj, Tulio, El fraude de Ley, La simulación y el Abuso de las Formas en el Derecho Tributario, Madrid, España1999, Editorial Marcial Pons, pág. 94 y sigs.En opinión de García Novoa, la elusión consiste en un resultado al que se puede llegar distorsionando la actividad negocial, pero con plena observancia de las normas positivas, al menos en su aspecto formal, de manera que el elemento fundamental será la forma jurídica adoptada, en principio legítima. Así su esencia no es la de producir una vulneración directa a la norma y se contrapone de la evasión fiscal, que no es más que el incumplimiento ilícito de la obligación de pagar el tributo. Cfr. García Novoa, Cesar. La simulación en el ordenamiento Tributario, Modelo de Código Tributario para América Latina, Tendencias Actuales de Tributación. Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Bogotá Colombia. Editorial Universidad del Rosario, 2010, pág. 370.Resumiendo, podemos señalar que la característica de la elusión consiste en escaparse del deber tributario sin violar directamente la ley; lo que presupone un comportamiento dirigido a impedir el perfeccionamiento del hecho imponible, sea total o parcialmente, mediante procedimientos técnicos propios de la autonomía de voluntad y la libertad de contratación, a fin de crear una ventaja fiscal patrimonial.Cfr. Op. Cit. Gómez Cotero, José de Jesús.34 La evasión fiscal se diferencia de la elusión, porque hay un comportamiento ilegal del contribuyente, tendiente a la no satisfacción del tributo ya debido, por haberse verificado el hecho imponible. En la elusión tributaria no existe intención fraudulenta sólo se busca el ahorro fiscal.Al describir a la evasión Hensel señala que se trata de un incumplimiento culpable de la deuda tributaria, originada válidamente por la realización del hecho imponible; mientras que la elusión se impide el nacimiento de la obligación tributaria, esquivando el presupuesto de hecho previsto en la Ley. Cfr. Hensel, Alberto. Ob. Cit. Págs. 403 a 412.La elusión es un incumplimiento que impide el nacimiento o perfeccionamiento de la obligación tributaria, y se distingue de la conducta omisiva de la evasión, que está dirigida al no pago del impuesto cuyo hecho imponible ya fue realizado.La evasión es infracción tributaria, e implica la transgresión directa del ordenamiento.Cfr. Op. Cit. Gómez Cotero.Asorey, Rubén O., "Protección constitucional de los contribuyentes a la arbitrariedad de las administraciones tributarias", (2000), pág. 26. Citado por Schafrik de Nuñez, Fabiana. Capítulo II del libro: Ética y Moral Tributaria. Colección Vía Tributaria de la Universidad Panamericana, coedición Universidad Panamericana - Thomson Reuters, México 2018,Buscaglia, Edgardo. La corrupción política crea más dinero sucio. Entrevista en Vanguardia. 1 Nov 2015http://www.vanguardia.com.mx/articulo/la-corrupci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-crea-mas-dinero-sucio-edgardo-buscagliaCaballero Rosa, Proceso Tributario y Derechos del Contribuyente En Venezuela. Apuntes de un Desencuentro. Capítulo I del libro: Los procedimientos Tributarios vs. Los derechos de los Contribuyentes. Colección Vía Tributaria de la Universidad Panamericana, coedición Universidad Panamericana - Thomson Reuters, México 2018.Casar, María Amparo. Anatomía de la Corrupción. CIDE - IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Segunda Edición Octubre de 2016. http://www.cide.edu/mexico-anatomia-de-la-corrupcion-maria-amparo-casar/#Cobos Palma, Alberto. La corrupción en un México globalizado. 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Mayor de Nuestra Señora del Rosario - Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2010, pp. 295 a 297.Gómez Cotero, José de Jesús. La Simulación Tributaria. Análisis Jurídico y Sociológico, Editorial Themis. Primera Edición diciembre de 2014.Gonzaini, Osvaldo Alberto. El debido Proceso en la actualidad. http://www.profesorjimenez.com.ar/web/wp-content/uploads/2015/08/VII_JorDerProcConst_Gozaini.pdfGuzmán Loayza, Claudia. Algunas Consideraciones sobre Moral Tributaria en el Perú. Capítulo III del libro: Ética y Moral Tributaria. Colección Vía Tributaria de la Universidad Panamericana, coedición Universidad Panamericana - Thomson Reuters, México 2018.SCJNMairal Héctor A. Las raíces legales de la corrupción o de cómo el derecho público fomenta la Corrupción en lugar de combatirla. 2007. Buenos Aires Argentina. 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VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 2002.

  • Certificación notarial de nombramiento de extranjero para el ejercicio de cargos que requieren autorización de la Secretaría de Gobernación (TOLMEX1.376.159)
    el 27 mayo, 2024 a las 3:46 am

    CERTIFICACIÓN NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE EXTRANJERO PARA EL EJERCICIO DE CARGOS QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN TMX1.376.159   Normativa: Artículo 103 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México. Supuesto: Al constituir una sociedad, en las asambleas o en juntas de socios o accionistas se realizan nombramientos, cuyas actas se protocolizan ante notario. En algunos casos tales nombramientos recaen en extranjeros. Al respecto, es preciso considerar que el ejercicio de ciertos cargos requiere o puede llevar implícito el desempeño de actividades, para las cuales se requiere de una constancia de estancia específica, y para ello recomendamos advertir de lo anterior cuando al notario le conste que son extranjeros mediante la siguiente certificación notarial.       Que advertí al compareciente que para el ejercicio de los cargos de (relacionar los cargos: ejemplo: consejero, administrador, gerente, director, etcétera) que se confieren en favor de personas extranjeras, deberán obtener en su caso la autorización correspondiente que a su juicio expida la Secretaría de Gobernación.  

  • Certificación notarial de fe de hechos (TOLMEX1.376.160)
    el 27 mayo, 2024 a las 3:46 am

    CERTIFICACIÓN NOTARIAL DE FE DE HECHOS TMX1.376.160   Normativa: Artículos 128, 131 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México. Supuesto: Certificación notarial que da cuenta del cumplimiento de la obligación del notario de identificarse y explicar el motivo de su presencia en el lugar en el que se va a llevar a cabo una fe de hechos o una diligencia.   En las diligencias de notificaciones, protestos, entrega de documentos, fe de hechos y demás actuaciones, el notario tiene la obligación de identificarse y explicar el motivo de su presencia en el lugar; recomendamos que se inserte en las actas de dichas diligencias una certificación donde se haga constar que el notario cumplió con dicha obligación: Que me identifique como notario de (entidad federativa) ante las personas con quienes me fue posible hacerlo presentes en la diligencia y les explique el motivo de mi presencia en el lugar. 18.1. Acredita con un testimonio de esta escritura Adicionalmente recomendamos que cuando con motivo de una diligencia el notario tenga que ingresar a un inmueble lo realice con autorización del propietario o poseedor de este y que lo anterior lo haga constar también en una certificación: Que el solicitante de la presente diligencia me acreditó su carácter de (propietario, usufructuario, etcétera) poseedor del inmueble donde se desarrolló la misma con el (número) testimonio de la escritura (número) de fecha ____________________ ante ____________________ notario ____________________ de ____________________, del que una copia cotejada la agrego al apéndice de esta acta con la letra "____________________". 18.2. Acredita con documento diverso, por ejemplo, contrato de arrendamiento o comodato o sentencia. Que el solicitante de la presente diligencia me acreditó su carácter de (comodatario, arrendatario) del inmueble donde se desarrolló la misma con el documento que en copia cotejada agrego al apéndice de esta acta con la letra "____________________". Notas: [45] Al respecto, González Alcántara, Juan Luis, "El arrendamiento", en Revista Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 78, nueva serie, año XXVI, septiembre-diciembre de 1993, pp. 887-908.

  • Certificación notarial de autenticidad de firmas en protocolo notarial (TOLMEX1.376.262)
    el 27 mayo, 2024 a las 3:46 am

    CERTIFICACIÓN NOTARIAL DE AUTENTICIDAD DE FIRMAS EN PROTOCOLO NOTARIAL TMX1.376.262   Normativa: Artículo 103 de la Ley del Notariado para la Ciudad del México. Supuesto: Recomendamos que al protocolizar actas de asambleas de accionistas o en caso de las juntas de socios, de sesiones de consejos de administración o incluso en actas de asambleas de condóminos, se inserte una certificación en donde el delegado que comparezca a protocolizar el acta correspondiente declara que las firmas asentadas en el acta correspondan a las personas a quienes le son atribuidas. Lo anterior en virtud de que el notario no puede cerciorarse de lo anterior. Dicha certificación notarial tendrá la redacción propuesta en el documento.     Que declara el compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad que las firmas que aparecen en el acta que se protocoliza mediante este instrumento corresponden a las personas que asistieron a la asamblea y que lo hicieron.  

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