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  • Dosier Rectificación de datos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (TOLMEX2.697.682)
    el 19 junio, 2024 a las 5:24 pm

    Dossier Rectificación de Datos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social R. Leopoldo Cruz Balbuena, Ph.D. viernes, 7 de junio de 2024 Definición y Concepto_ 1 Procedimiento_ 1 Marco Normativo_ 2 Jurisprudencia_ 3 Formularios 4 Conclusiones 4 Bibliografía_ 4 No es un hecho poco común que nuestros datos registrales aparezcan de manera incorrecta en los diferentes sistemas informáticos de captura de datos.  Esto puede ser el producto de un error humano o informático; o bien, producto de una actualización de nuestra realidad.  Cualquiera que sea el caso por el que nuestros datos aparecen incorrectos en los sistemas informáticos de la administración pública, cada día es más sencillo acceder a mecanismos que nos permitan corregir y/o actualizar nuestros datos.  En esta ocasión, presentamos una guía para realizar el cambio de datos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Palabras clave: Derecho Administrativo | Rectificación registral | Instituto Mexicano del Seguro Social Definición y Concepto La rectificación de datos ante el IMSS es un procedimiento administrativo que permite a asegurados, pensionados y beneficiarios actualizar o corregir la información personal que tengan registradas ante el Instituto; lo anterior, con el objetivo de garantizar la exactitud y veracidad de los datos que impactan en el acceso a las prestaciones y servicios a los que tienen derecho. El trámite puede ser realizado por la persona asegurada, beneficiaria o quien esta designe como su representante legal.  Se identifica con la Homoclave IMSS-02-012 y es denominado formalmente como Regularización y/o corrección de tus datos personales en el IMSS.  Mediante este trámite, se pueden modificar los siguientes datos: Nombre; Fecha de nacimiento; Lugar de nacimiento; Género; Clave Única de Registro de Población (CURP); o, Número de Seguridad Social (NSS). El trámite es esencial para la protección de los derechos de los asegurados y sus beneficiarios, a lo que se suman los beneficios que proporciona a la administración pública; que, al contar con datos actualizados y fidedignos puede actuar con más eficiencia y precisión. Procedimiento El trámite es gratuito y se puede realizar en línea o de manera presencial, ante la subdelegación que corresponda al domicilio del asegurado o beneficiario de los servicios del IMSS, de lunes a viernes en días hábiles de 08:00 a 15:30 horas. Para realizar el trámite, debe contar con los siguientes documentos, en original en caso de realizar el trámite de manera presencial o escaneados, en caso de preferir realizar el trámite en línea: Copia certificada del Acta de Nacimiento; Identificación oficial vigente; Clave Única de Registro de Población (CURP); Comprobante de domicilio; Documento expedido por el IMSS que contenga el Número de Seguridad Social (NSS); y, Solicitud de regularización y/o corrección de datos personales del asegurado. Uno de los casos más relevantes de inicio del procedimiento es el de la corrección de nombre y género por la rectificación efectuada mediante juicio.  En este caso particular, debe presentarse la sentencia emitida por el Tribunal correspondiente; además, para el caso del juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para la concordancia Sexo-Genérica, deberá presentar los documentos nuevos. Toda vez que el procedimiento puede efectuarse por medio de representante legal, este deberá demostrar las facultades conferidas para la representación por medio de un Poder Notarial; aunque en ello caso de fallecimiento, puede tramitarse presentando el Acta de Defunción del asegurado y la representación podrá demostrarse con los siguientes documentos: Por fallecimiento:   Acta de Defunción del asegurado; Entre cónyuges:    Acta de matrimonio; Entre concubinos:  Constancia testimonial de acreditación del concubinato. Siendo hijo:                       Acta de nacimiento; y, Siendo padre:        Identificación oficial vigente. El plazo máximo que la normativa otorga al IMSS para responder es de dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud; a menos que el Instituto determine que el asegurado cuenta con más de un NSS o su número tiene una homonimia o afecta a otro asegurado; en cuyo caso, el tiempo de respuesta se amplía hasta los cuarenta (40) días hábiles.  Por otro lado, la propia normativa obliga a respetar el plazo de un (1) día hábil para hacer prevenciones a la solicitud presentada por el asegurado, beneficiario o su representante. Es muy importante tener en cuenta que, dado que la norma especial no prevé una regulación al respecto, en caso de que la autoridad no responda en tres meses a partir de la recepción de la solicitud, esta se entenderá resuelta en sentido negativo; operando de esta forma, la negativa ficta. Marco Normativo Ley Federal de Procedimiento Administrativo Artículo 4. Publicidad de los actos administrativos Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos. Artículo 17. Negativa ficta Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda.  Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario.  A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. Acuerdo ACDO.SA1.HCT.230713/202.P.DIR de 23 de julio de 2013, por el que se autoriza la simplificación y desregulación de trámites que la Dirección de Incorporación y Recaudación tiene registrados ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Tercero. Presentación electrónica del trámite Aprobar que los trámites referidos puedan presentarse de manera electrónica, siempre que el Instituto ponga a disposición de los interesados las herramientas tecnológicas necesarias para realizarlos electrónicamente y éstos cumplan con los medios de identificación y autenticación que señale el Instituto, lo que se dará a conocer mediante reglas de carácter general de conformidad con lo establecido en términos del artículo 69-C, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Jurisprudencia DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. TMX2,672,536 ACTA DE NACIMIENTO. PROCEDE LA RECTIFICACIÓN DE LA FECHA ASENTADA PARA ADECUARLA A LA REALIDAD SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). TMX2,010,403 Formularios Solicitud de Regularización y/o Corrección de Datos Personales del Asegurado | IMSS-02-012 | FF-IMSS-007 TMX2.446.757 Conclusiones El procedimiento administrativo para la rectificación de datos personales es fundamental tanto para los usuarios de los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; como para el propio Instituto, pues gracias a esto se pueden cumplir obligaciones y derechos relacionados con las diferentes prestaciones y servicios que da el IMSS.  El procedimiento se ha adecuado a los tiempos que corren, tanto en lo formal como en lo fundamental.  De esta manera se ha simplificado el procedimiento, a tal grado que ahora ha sido facilitada su presentación y resolución mediante el uso de medios telemáticos. La rectificación y actualización de datos no sólo protege los derechos de los asegurados y sus beneficiarios; sino que, también contribuye a una administración pública más eficiente.  Datos precisos y actualizados permiten al Instituto Mexicano del Seguro Social operar con mayor efectividad y planificar con más precisión la gestión de sus servicios. Bibliografía Félix G. Contreras Arguirópulos. (2019). Derecho Administrativo Laboral Práctica Forense. Tirant lo Blanch. https://www.tirantonline.com.mx/cloudLibrary/ebook/info/9788413362847 Félix G. Contreras Arguirópulos. (2023). Ley del Seguro Social. Comentarios y correlaciones. Tirant lo Blanch. https://www.tirantonline.com.mx/cloudLibrary/ebook/info/9788411476645  

  • EL Combate a la Corrupción en las Reformas a la Ley de Contratación Pública en Panamá. (TOLMEX2.550.927)
    el 19 junio, 2024 a las 5:24 pm

    "EL Combate a la Corrupción en las Reformas a la Ley de Contratación Pública en Panamá".Carlos Gasnell Acuña1Sumario: I. INTRODUCCIÓN; II. ¿QUÉ REFORMAR DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS EFICIENTES CONTRA LA CORRUPCIÓN?; III. El RESULTADO DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS EN PANAMÁ FRENTE A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN; IV. LOS ASUNTOS PENDIENTES; V. CONCLUSIONES INTRODUCCIÓN. La Ley 22 de 2006, desde su aprobación a sufrido constantes modificaciones. Se pueden contar más de diez modificaciones a su texto en los diferentes gobiernos que han asumido el poder desde su promulgación. Desde la campaña electoral de 2009, el tema de la contratación pública se convirtió en Panamá en objeto de obligado debate en las campañas políticas. En las dos últimas campañas, la de las elecciones de 2014 y la de 2019, la reforma de la ley de contrataciones públicas estuvo entre las principales promesas de campaña.¿Cuál fue el principal tema de debate, dentro del universo normativo de la contratación pública? Fundamentalmente los espacios para la corrupción en sus procedimientos a partir del escándalo protagonizado por la empresa Odebrecht, luego de haber aceptado el pago de sobornos en contratos públicos en la República de Panamá. En consecuencia, suscribió un acuerdo de culpabilidad por los 59 millones pagados en sobornos entre 2010 y 2014. El monto del acuerdo de compensación suscrito en 2017 asciende a 220 millones de dólaresProducto de estos acuerdos, las reformas a la ley sobre contratación pública aprobadas en septiembre de 2017, se centraron en la discusión sobre cómo evitar que se repitan esquemas de sobornos en materia de contratación pública, y el primer objetivo era evitar que empresas como Odebrecht pudieran contratar con el Estado panameño.De hecho, el primer debate para la aprobación de esta reforma que al final modificó 73 artículos e introdujo 20 artículos nuevos a la legislación existente, giró en torno a la modificación del artículo 19 de la ley sobre la "incapacidad legal para contratar". Esta artículo establece quienes podrán contratar con el Estado panameño siempre que no se encuentren limitadas por un conjunto de situaciones. Las que trancaron el debate, hacen referencia a si se iba o no permitir a personas naturales o jurídicas que hubiesen sido condenadas por tribunales panameños o extranjeros por delitos de corrupción seguir contratando con el Estado, y las sanciones producto de haber sido condenados. Y la inquietud de la opinión pública tenía sustento en los precedentes, ya que el acuerdo al que llegó Odebrecht en Panamá fue producto de una condena por un tribunal brasileño.Al final no se aprobó que se pudiese aplicar la inhabilitación por una condena emitida por un tribunal extranjero, ni las sanciones propuestas en el proyecto de Ley original. La reforma quedó de la siguiente manera:Artículo 19....3. Haber sido condenadas en Panamá, por sentencia judicial definitiva, a la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas, así como a la sanción de inhabilitación para contratar con el Estado.......8. En el caso de las personas naturales, haber sido condenadas, en los cinco años que anteceden a la contratación, por sentencia judicial definitiva por la comisión de delitos contra la Administración Pública; Blanqueo de Capitales o cualquier otro delito contra el orden económico; Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo o cualquier otro delito contra la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio económico; y delitos contra la fe pública, con penas de prisión de un año o más, por un tribunal panameño.En el caso de las empresas o personas jurídicas cuyos accionistas mayoritarios, es decir, aquellos que posean el 51% o más de las acciones de la sociedad, directores, dignatarios, y representante legal, hayan sido condenados por sentencia judicial definitiva por los delitos anteriormente descritos, siempre que el delito esté vinculado a las actividades de la empresa o sus empresas afiliadas, consorciadas o accionistas.Como se puede observar, la premisa era que estas personas naturales o los accionistas mayoritarios o directores o dignatarios, de personas jurídicas, no hubiesen sido condenados por una sentencia definitiva, emitida por un tribunal panameño, lo cual ya genera problemas interpretativos.Por otro lado, es de conocimiento generalizado, que en los diferentes estudios sobre corrupción, el contrato de obra o de infraestructura pública, es reconocido como el vehículo que se utiliza de manera más habitual para prácticas corruptas, desde el pago de coimas, contratación con sobrecostos, desvió de fondos públicos, tráfico de influencias, devolución de favores políticos, entre otros delitos y prácticas cuestionables, por lo que debería tomarse nota de los resultados de estos estudios para constantemente realizar mejoras sobre la legislación, de manera que se cierren las brechas que permiten que se cuelen las prácticas descritas, en los procedimientos de contratación.Lo anterior, puede verse claramente en el Índice de Fuentes de Soborno publicado por Transparency International en 2011, donde se ubica al sector de los contratos de obras públicas y la construcción, como la actividad más vulnerable al pago de sobornos, de acuerdo a los propios encuestados (empresarios que aceptaron participar del estudio bajo el anonimato), luego de compararla con otros sectores como: agricultura, industria ligera, banca y finanzas, telecomunicaciones, transporte y almacenamiento, armamento, farmacéutico y atención a la salud, energía, servicios públicos, entre otros.El informe explica los motivos de la siguiente manera:"El índice sobre soborno en distintos sectores empresariales ubica al sector de contratos de obras públicas y construcción en el último lugar y le asigna la peor puntuación en los tres tipos de soborno. La opinión de que el sector de contratos de obras públicas y construcción es vulnerable al soborno no es novedosa, y responde a las características peculiares del sector. Es común que los contratos sean extensos y que los proyectos de construcción tengan características únicas, lo cual dificulta la posibilidad de cotejar los costos y plazos con parámetros de referencia. Esto facilita el ocultamiento y el incremento artificial de gastos adicionales. Se trata además de una industria fragmentada, en la cual con frecuencia intervienen diversos contratistas y subcontratistas, y ello dificulta el control de los pagos y la difusión de estándares de práctica. Los costos del soborno y la corrupción en este sector también son particularmente nocivos. Las decisiones inadecuadas sobre licitación, contratación e inversión desvían el dinero aportado por los contribuyentes. Debilitan la posibilidad de crecimiento a largo plazo de los países, sobre todo de aquellos en desarrollo, donde es tan importante contar con infraestructura sólida y sostenible. El soborno y la corrupción también pueden afectar la calidad de los proyectos, dado que se obvian procedimientos y se incumplen estándares de seguridad. En el contexto del sector de la construcción, esto amenaza los estándares de calidad y seguridad de edificios y establecimientos utilizados cotidianamente por el público, con graves consecuencias en términos de vidas humanas, como quedó demostrado por las numerosas muertes provocadas por terremotos en países extremadamente corruptos".2Sin embargo, estos informes no recomiendan lo que debería reformarse en las legislaciones para evitar la corrupción, sobre todo, en los contratos de obra o infraestructura pública. ¿QUÉ REFORMAR DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS EFICIENTES CONTRA LA CORRUPCIÓN? La pregunta recurrente de la última reforma a la ley era qué reformar. ¿Se requiere reformar todo el sistema de contratación pública o solo hacer reformas o modificaciones a la legislación existente sobre aspectos puntuales, por ejemplo, en materia de contratos de infraestructura, los cuales son más proclives a prácticas de corrupción, por su complejidad y montos?Al final, en Panamá todas las modificaciones que ha sufrido la ley 22 de 2006, se han inclinado por retocarla, sin trastocar la forma en la cual se contrata, que es tal vez donde radica el principal problema de la legislación.Antes de volver con este tema, es necesario destacar que en el 2017, las reformas se concentraron fundamentalmente en eliminar gran parte de las modificaciones introducidas por el gobierno anterior, pero no lograron acallar el clamor de la opinión pública que no quedó contenta con el resultado obtenido con la reforma del artículo que regula la incapacidad legal para contratar arriba transcrito, mientras que en el año 2019, la promesa de campaña consistió en "reformar de manera integral la Ley de Contrataciones Públicas para que exista transparencia, reglas claras e igualdad de condiciones para eliminar la discrecionalidad de los funcionarios públicos". Adicionalmente se planteó, la creación del programa "Licitaciones y Contratista Visible, para cumplir con el objetivo de transparencia y rendición de cuentas, a fin de que la ciudadanía pueda seguir todas las etapas de los procesos de contratación pública, incluyendo la ejecución y entrega".Ambas reformas atravesaron un obstáculo común: el encontrar la redacción que impidiera que empresas condenadas por corrupción, no pudiesen volver a contratar con el Estado, lo cual parece fácil en el papel, sin embargo, para que esta normativa sea efectiva, hay un conjunto de equilibrios que hay que contemplar y pensar en la ejecución efectiva de las mismas para lograr el resultado esperado.En este sentido la reforma introducida producto de la aprobación de la Ley 153 de 2020, reformó el polémico artículo, modificando numerales, e introduciendo algunos nuevos:ARTÍCULO 24. INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR. Podrán contratar con las entidades estatales las personas naturales capaces conforme al derecho común, y las personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras, siempre que no se encuentren comprendidas dentro de alguna de las situaciones siguientes:1...2...3...8. En el caso de las personas naturales o jurídicas, haber sido condenadas, en los cinco años que anteceden a la convocatoria del acto público, por sentencia judicial definitiva por la comisión de delitos contra la Administración pública; delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública, cuando sean personas naturales con penas de prisión de uno o más años, por un tribunal panameño o extranjero. En estos supuestos, la incapacidad legal para contratar se extenderá hasta por cinco años.9. Quien celebre acuerdos de colaboración judicial o de pena, reconociendo la comisión de delitos contra la Administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico o delitos contra la fe pública. En todo caso, la incapacidad para contratar no se extenderá más de tres años.Quedan exceptuados de este supuesto quienes cuya colaboración eficaz haya conducido al esclarecimiento del delito para evitar que continúe su ejecución, para evitar que se realicen otros delitos o cuando la información aportada haya sido esencial para descubrir a sus actores o partícipes.10. Haber dejado en estado de abandono una obra en la República de Panamá por causa imputable al contratista, mediante declaración o resolución administrativa emitida por la entidad contratante.La declaración o resolución administrativa podrá ser hasta por cinco años y recurrible ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas con fundamento en lo dispuesto en el artículo 160.11. Haber formado parte como accionistas, dignatarios, directores y/o representante legal de personas jurídicas inhabilitadas para contratar con el Estado, mientras dure el periodo de inhabilitación, así como las personas jurídicas en que estos participen, siempre que haya ostentado uno de los cargos mencionados al momento de la inhabilitación.Los numerales 8, 9, 10 y 11, fueron parte de la reforma introducida por la Ley 153 de 2020. De entre estos, los numerales 8 y 9, fueron los que produjeron más debate y también más resistencia por parte de los diputados, y tensiones con organizaciones de la sociedad civil.Por un lado, con la modificación del numeral 8, se logró que la incapacidad legal se extendiera a las personas naturales o jurídicas condenadas por los delitos descritos, en virtud de sentencia de un tribunal panameño o extranjero, pero limitando la incapacidad a cinco años desde que la sentencia haya adquirido firmeza.Se introdujo el numeral 9, el cual desató un largo debate entre quienes solicitaban la muerte civil tanto de los directores, dignatarios y accionistas, para contratar con el Estado, y quienes consideraban que era necesario ofrecer un incentivo para quienes colaborasen de la investigación penal. Al final se impuso la tendencia a premiar la colaboración eficaz, mediante la celebración de acuerdos judiciales de reconocimiento de delitos.En este numeral, se premia a quienes firmen dichos acuerdos con una incapacidad de no más de tres años, frente a la regla general de cinco, sin embargo, se incluye una excepción de difícil aplicación práctica. Se señala que no quedarán incapacitados para contratar con el Estado, quienes con su colaboración eficaz, hayan ayudado al "esclarecimiento del delito para evitar que continúe su ejecución, para evitar que se realicen otros delitos o cuando la información aportada haya sido esencial para descubrir a sus actores o partícipes".Es decir, el acuerdo simple de culpabilidad otorga el beneficio de solo tres años de incapacidad para contratar con el Estado, mientras que se establecieron toda una serie de supuestos adicionales que permitirían a una empresa que haya confesado actos de corrupción seguir contratando con el Estado en virtud del acuerdo de "colaboración efectiva", el cual puede incluir el pago de una suma de dinero a favor del Estado, como ocurrió en el caso de OdebrechtRetomando los problemas prácticos mencionados, sobre la aplicación efectiva de este artículo para que cumpla realmente su cometido, Carlos Barsallo, presidente de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo panameño de Transparencia Internacional, en ese momento (2021), elevó una consulta a la Dirección General de Contrataciones Públicas, para que esta como ente rector en la materia aclarara una serie de supuestos que no quedaban claros en la norma. Se consultó lo siguiente:1. ¿Qué es un acuerdo de colaboración judicial o de pena a efectos del numeral 9 del artículo 24 de la Ley de Contrataciones Públicas?2. ¿Qué es un acuerdo de colaboración eficaz a efectos del numeral 9 del artículo 24 de la Ley de Contrataciones Públicas?3. ¿Un acuerdo de colaboración judicial o de pena es igual a un acuerdo de colaboración eficaz a efectos del numeral 9 del artículo 24 de la Ley de Contrataciones Pública? En caso afirmativo ¿por qué y conforme a cuál fundamento legal?4. ¿Existe un acuerdo de colaboración judicial que no sea eficaz a efectos del numeral 9 del artículo 24 de la Ley de Contrataciones Pública? En caso afirmativo, ¿conforme a cuál fundamento legal?5. ¿Quién celebre un acuerdo de colaboración judicial o de pena, reconociendo la comisión de delitos contra la Administración Pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico o delitos contra la fe pública NO tiene capacidad legal para contrata con las entidades estatales panameñas?6. ¿Cómo conocen las entidades estatales panameñas para cumplir con la Ley de Contrataciones Públicas quién ha celebrado un acuerdo de colaboración judicial o de pena, reconociendo la comisión de delitos contra la Administración Pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico o delitos contra la fe pública?7. ¿Quiénes cuya colaboración eficaz haya conducido al esclarecimiento del delito para evitar que continúe su ejecución, para evitar que se realicen otros delitos o cuando la información aportada haya sido esencial para descubrir a sus actores o participes, SI tiene capacidad legal para contratar con las entidades estatales panameñas?8. ¿Cómo conocen las entidades estatales panameñas para cumplir con la Ley de Contrataciones Públicas quién ha brindado colaboración eficaz haya conducido al esclarecimiento del delito para evitar que continúe su ejecución, para evitar que se realicen otros delitos o cuando la información aportada haya sido esencial para descubrir a sus actores o participes?9. ¿Solo los acuerdos de colaboración judicial que no son eficaces generan la incapacidad legal para contratar con empresas estatales a efectos del numeral 9 del artículo 24 de la Ley de contrataciones Públicas?10. ¿Cuáles son esos acuerdos de colaboración que generan la incapacidad legal para contratar a efectos del numeral 9 del artículo 24 de la Ley de Contrataciones Públicas? ¿Dónde pueden conocerse quiénes han celebrado estos acuerdos de colaboración judicial que no son eficaces en el marco de las contrataciones públicas?Cada una de las preguntas fue contestada por la Dirección General de Contrataciones Públicas de forma muy general y ambigua, sin embargo, quedo en evidencia la necesidad de reglamentar esta norma para aclarar las preguntas planteadas y evitar que la intención de la norma sea burlada, lo que podría solucionarse con la firma de una declaración jurada relacionada con la existencia de acuerdos de colaboración eficaz, y ante la existencia de estos, que se aporten a la respectiva institución pública, una certificación de la autoridad correspondiente que acredite lo indicado en la norma. De lo contrario, sería muy difícil para la respectiva entidad licitante saber sobre la existencia o no de estos acuerdos. El RESULTADO DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS EN PANAMÁ FRENTE A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Como señalamos en la introducción, el foco de las reformas de la ley de contrataciones públicas a partir de 2015 se centró en los temas anticorrupción. La polémica fundamentalmente giró sobre la determinación de la mejor fórmula para incapacitar temporal o definitivamente para contratar a empresas involucradas en casos de corrupción.Como arriba sustentamos, lo aprobado no es suficiente para atacar los problemas de fondo que generan espacios de corrupción en la contratación pública, sin embargo, la discusión sobre la incapacidad legal para contratar y la inhabilitación de particulares y empresas por actos de corrupción, opacó otros aspectos importantes introducidos por la Ley 153 de 2020, respecto a este tema.Por ejemplo, por medio de esta nueva legislación se aprobó la obligación de la Dirección General de Contrataciones Públicas de desarrollar un Código de Ética, el cual fue aprobado en el año 2021; de elaborar un pacto de integridad que deberá ser anexado a toda contrato público, y será parte integral del pliego de cargos y de obligatorio cumplimiento para las partes contratantes; sanciones para los servidores que incurran en actos de corrupción en los procedimientos de selección de contratista; obligación de incluir temas sobre ética en las capacitaciones; un observatorio de la contratación pública; entre otras medidas que envían un mensaje sobre la importancia de reforzar la conducta ética tanto de los servidores públicos como de las empresas participantes en los actos públicos. LOS TEMAS PENDIENTES EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. En papel, en Panamá, contamos con varías de las herramientas necesarias para combatir la corrupción en la contratación pública, sin embargo, en la práctica siguen llevándose a cabo actuaciones cuestionables tanto por parte de las instituciones públicas licitantes, como de los contratistas.En consecuencia, las soluciones van de la mano de mejorar la redacción de los pliegos de cargos para evitar confusiones y simplificarlos, seguir estandarizando procedimientos para reducir la excesiva discrecionalidad, lo que se logra también con la utilización de más herramientas tecnológicas, y que haya transparencia y trazabilidad total de los procedimientos.Con las licitaciones públicas electrónicas hemos pasado de la burocracia del papel a la burocracia digital. Las plataformas y los sistemas informáticos aguantan mucha más información y existe la tentación de exigir siempre más información para verificarla al momento de la licitación. Con la tecnología todo debería ser más simple y no al revés. Lo complejo, siempre genera más espacios para la corrupción. CONCLUSIONES Las reformas en materia de contratación pública, para atacar la corrupción en Panamá, se han centrado mucho más en el castigo a empresas y particulares que hayan participado en esquemas de corrupción, que en la identificación de los reales problemas que sirvan para prevenir que situaciones similares se repitan. Cada vez que cambia el gobierno surgen empresas, sobre todo en el sector de las obras públicas e infraestructuras, que de acuerdo con la opinión pública, resultan siendo las favoritas de cada gobierno, indistintamente se ganen los actos públicos en buena lid, o sean contratadas de forma directa o excepcional.Las modificaciones que ha experimentado la Ley panameña (más de diez reformas en quince años), han evidenciado la voluntad de mejora, pero no han servido para evitar que empresas que quieren corromper el sistema participen en actos públicos y resulten adjudicatarias.Las soluciones, como arriba manifestamos, son mucho más integrales. No es suficiente con contar con un portal de contratación que promueva la transparencia y observatorios de la contratación pública, entre ellos la iniciativa "Cost", para monitorear grandes contratos de infraestructura, ni códigos de ética de la contratación pública, posibilidad de presentar reclamos e impugnaciones en la vía administrativa, todo lo cual es positivo y desde luego ayuda a reducir los niveles de corrupción en la contratación pública.No obstante lo anterior, se requiere cambiar el sistema de contratación, no solo modificar y retocar normas. Las soluciones van más en la dirección de fortalecer los registros de proponentes para simplificar los requisitos que se piden en cada licitación y los procedimientos, y evitar la excesiva discrecionalidad en los pliegos, y que estos registros sean transparentes y de acceso público. Además de promover que empresas que han demostrado una trayectoria y conducta ética se quieran registrar en dicho registro.Que las instituciones realicen los pagos con trazabilidad a tiempo, para evitar que haya negociación al momento de la presentación de cuentas de las empresas.Que haya trazabilidad pública de los incumplimientos de las empresas, sobre todo de los contratos sensitivos y de cierto monto.Que los planes anuales de compras sean siempre públicos y los documentos que sirvieron de base para el cálculo de los precios de referencia también. Que los servidores públicas relacionados con la contratación pública tengan mejores salarios y estabilidad, entre otras medidas estructurales que representarían un cambio en la forma en la que se contrata con habitualidad, cuyo modelo ha demostrado estar desgastado.1 Abogado, profesor de Derecho Administrativo, Universidad Santa María la Antigua. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Socio Director CGA Abogados y Consultores.2 Informe disponible en la siguiente dirección electrónica: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.libertadciudadana.org%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2019%2F10%2FBPI2011.pdf&clen=174807&chunk=true Brewer-Carías, Allan R. Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina. Legis Editores S.A., Colombia, 2003.Cassagne, Ezequiel. El Principio de Razonabilidad en el Procedimiento Administrativo, en AAVV, Procedimiento Administrativo (dir. Héctor Pozo Gowland, David Halperín, Oscar Aguilar Valdez, Fernando Juan Lima y Armando Canosa), T. I, La Ley, 2012, p. 681 y ss. Disponible en http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/El_principio_de_razonabilidad_en_el_Procedimiento_Administrativo._.pdfCavalli Yee, Carlos Alberto. Compendio Sobre Contratación Pública en Panamá. Marco Teórica, Jurisprudencia, Procedimientos y Recursos ante las Autoridades Administrativas. Editorial Portobelo, Panamá, 2013.Cedeño Alvarado, Ernesto. Temas Actuales sobre Contratación Pública. Editorial Universal Books, 2009. La Contratación Pública en Panamá. 2001. Compendio de normas sobre Contratación Pública. 2007 Aspectos procesales de la contratación pública en Panamá. Jurisprudencia sobre Contratación Pública. 2004 Gasnell Acuña, Carlos. Cómo Contratar Eficientemente con el Estado, un análisis crítico de la Ley 56 que regula la contratación en Panamá. Panamá, 2004. Comentarios sobre la nueva Ley de Contratación Pública. Revista Debate N°14, 2008. Asamblea Nacional de Diputados. La Ley 22 de 2006 y su Decreto Reglamentario (Texto comentado). 2010. Navarrete Medina, Paulina. La modificación de los contratos públicos. Una mirada comparativa a la normativa de la Unión Europea, España y Chile, en Aletheia, Cuadernos Críticos del Derecho. 2-2016. http://www.liberlex.com.Razquín Lizarraga, Martín María. Las Nuevas Directivas Sobre Contratación Pública de 2014: Aspectos Clave y Propuestas para su Transformación en España. Revista de Administración Pública, Núm. 196, Madrid, enero-abril (2015)Documentos electrónicos La Contratación Pública en Panamá. Junta de Andalucía, 2010. http://www.extenda.com.pa/LinkClick.aspx?fileticket=Eq7irgSn%2Fzg%3D&tabid=38

  • SENTENCIAS CONCESORIAS EN AMPARO DIRECTO. NO RESULTA UNA EXIGENCIA QUE SE INSERTE EN SU PARTE CONSIDERATIVA Y EN EL RESOLUTIVO RELATIVO, UN APARTADO EN EL QUE SE ESPECIFIQUEN LOS PLAZOS, REQUERIMIENTOS Y APERCIBIMIENTOS PARA ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO 74, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO). (TOLMEX2.702.632)
    el 19 junio, 2024 a las 5:24 pm

    SENTENCIAS CONCESORIAS EN AMPARO DIRECTO. NO RESULTA UNA EXIGENCIA QUE SE INSERTE EN SU PARTE CONSIDERATIVA Y EN EL RESOLUTIVO RELATIVO, UN APARTADO EN EL QUE SE ESPECIFIQUEN LOS PLAZOS, REQUERIMIENTOS Y APERCIBIMIENTOS PARA ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO 74, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO).Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si en la parte considerativa de las sentencias concesorias de amparo, así como en sus puntos resolutivos, debe insertarse un apartado en el cual se fijen los plazos, requerimientos y apercibimientos en que la autoridad responsable debe acatar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del fallo. Mientras que uno incluyó un considerando relativo a las "Medidas para asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria" y un punto resolutivo en el que requirió a las autoridades responsables para que cumplieran con la sentencia en los plazos señalados; los otros implícitamente decidieron no adicionar alguna consideración o apartado relativo.Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no es una exigencia que en las sentencias concesorias de amparo, particularmente en su parte considerativa y resolutiva, se fije el plazo con que cuenta la autoridad para acatar dicho fallo y los apercibimientos y/o señalamientos de las consecuencias legales ante su incumplimiento, ya que el requisito contenido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, se satisface cuando se establecen con claridad los efectos en que se traduce dicha concesión.Justificación: De la interpretación de los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, se advierte que el órgano jurisdiccional debe precisar los efectos en los que se traduce la concesión del amparo, así como los supuestos en los que las autoridades responsables deben actuar –atendiendo a la naturaleza positiva o negativa del acto o cuando éste implique una omisión–, a fin de restituir a la persona quejosa en el pleno goce de sus derechos y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual constituye el parámetro que deben seguir las autoridades para acatar el fallo protector. Sin embargo, no es una exigencia que en dichas sentencias se inserte un apartado en el que se especifiquen los plazos, requerimientos y apercibimientos en que las autoridades responsables deben acatar el fallo para asegurar su cumplimiento, ni que ello se refleje en un punto resolutivo, pues esas medidas corresponden a la etapa de ejecución del juicio de amparo, la cual inicia una vez que la sentencia causa ejecutoria y se ordena su notificación en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia. Por lo que es hasta ese momento cuando se deberá formular cualquier requerimiento a las autoridades vinculadas para cumplir con el fallo, otorgándoles un determinado plazo para ello y apercibiéndolas para el caso de no hacerlo sin causa justificada, se harán acreedoras a la imposición de multas o, en su caso, a la remisión del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.PRIMERA SALA.Contradicción de criterios 195/2023. Entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 10 de abril de 2024. Cinco votos de los Ministros y las Ministras Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Loretta Ortiz Ahlf. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández.Tesis y/o criterios contendientes:El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 507/2022, 543/2022, 213/2022 y 631/2022, en los que consideró que en los casos en que se concede la protección constitucional en un juicio de amparo, se debe insertar en la parte considerativa de la sentencia de amparo un apartado en el cual fijaron los plazos, requerimientos y apercibimientos en que la autoridad responsable debía acatar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del fallo, cuya circunstancia fue reflejada –en algunos casos– en un punto resolutivo; yEl sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 1146/2021 y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 974/2021, en los que no obstante haber determinado conceder el amparo solicitado para los efectos señalados en las ejecutorias respectivas, no insertaron en la parte considerativa de su sentencia un apartado en el cual hubieran fijado los plazos, requerimientos y apercibimientos en que la autoridad responsable debía acatar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del fallo, ni así tampoco dicha circunstancia fue reflejada en un punto resolutivo en particular.Tesis de jurisprudencia 83/2024 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil veinticuatro.Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2024 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2024, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.SENTENCIAS CONCESORIAS EN AMPARO DIRECTO. NO RESULTA UNA EXIGENCIA QUE SE INSERTE EN SU PARTE CONSIDERATIVA Y EN EL RESOLUTIVO RELATIVO, UN APARTADO EN EL QUE SE ESPECIFIQUEN LOS PLAZOS, REQUERIMIENTOS Y APERCIBIMIENTOS PARA ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO 74, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO).

  • NULIDAD DEL MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 336 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, QUE EXCLUYE AL CÓNYUGE DE MALA FE DE LOS GANANCIALES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, TRANSGREDE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA. (TOLMEX2.702.631)
    el 19 junio, 2024 a las 5:24 pm

    NULIDAD DEL MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 336 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, QUE EXCLUYE AL CÓNYUGE DE MALA FE DE LOS GANANCIALES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, TRANSGREDE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA.Hechos: Una persona demandó la nulidad de su matrimonio y solicitó que el demandado no tuviera parte en los gananciales de la sociedad conyugal conforme al artículo 336 del Código Civil del Estado de Jalisco, el cual establece que si la disolución de la sociedad procede de la ilegitimidad del matrimonio, el cónyuge que hubiere actuado con mala fe no tendrá parte en los gananciales. La Sala de apelación declaró la pérdida del demandado de los gananciales adquiridos en la sociedad conyugal. Inconforme, el demandado promovió juicio de amparo directo en el que reclamó la inconstitucionalidad del artículo. El Tribunal Colegiado de Circuito determinó que, aunque se probó la mala fe del demandado, la sanción establecida en el artículo era inconstitucional por ser absoluta y excesiva. En contra de la resolución, la actora interpuso recurso de revisión en el que alegó que la sanción no era inconstitucional y que, en todo caso, no podía dejarse sin sanción el actuar del cónyuge de mala fe.Criterio jurídico: El artículo 336 del Código Civil del Estado de Jalisco, que excluye de todos los gananciales de la sociedad conyugal al cónyuge que actuó de mala fe, es inconstitucional, ya que transgrede los derechos de propiedad y a la protección de la familia.Justificación: El artículo citado tiene una finalidad constitucionalmente válida y es idóneo para disuadir a las personas de engañar a otras respecto de la decisión fundamental y condiciones bajo las cuales se contrae matrimonio. Sin embargo, la medida no es necesaria para alcanzar el fin deseado y resulta desproporcional, al privar a una persona de todos los frutos que hubieran derivado de la vida en común. Incluso, dado el sistema de gananciales previsto en la legislación local, la exclusión podría repercutir en la posibilidad del demandado de llevar una subsistencia digna y autónoma con motivo de la declaración de nulidad del matrimonio. En ese sentido, el artículo referido es contrario a los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a partir de los cuales debe evitarse que el matrimonio constituya una causa de empobrecimiento de las personas que lo integran. Ahora, la inconstitucionalidad del precepto no exime que, dado que la conducta del cónyuge que actuó de mala fe constituye un ilícito civil, la parte que actuó de buena fe reclame los daños y perjuicios que haya resentido a consecuencia de su actuar.PRIMERA SALA.Amparo directo en revisión 4261/2022. 28 de junio de 2023. Cinco votos de la Ministra y los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Sofía del Carmen Treviño Fernández.Tesis de jurisprudencia 116/2024 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de doce de junio de dos mil veinticuatro. Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2024 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2024, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.NULIDAD DEL MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 336 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, QUE EXCLUYE AL CÓNYUGE DE MALA FE DE LOS GANANCIALES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, TRANSGREDE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA.

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