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  • Simulación del procedimiento de contratación. Mecanismos de defensa (TOLMEX2.550.944)
    el 4 marzo, 2024 a las 10:12 pm

    Simulación del procedimiento de contrataciónmecanismos de defensaDra. Natalia Veloso Giribaldi1SUMARIO: 1. LA SIMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 1. Planteo del tema; 2. Un caso de simulación. 2. REMEDIOS FRENTE A LA SIMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 1. Acción de reparación ante la justicia ordinaria, 1.1 La simulación del procedimiento constituye "falta de servicio"; 1.2 Competencia del Juez ordinario; 1.3 Legitimación del oferente damnificado; 1.4 El oferente sufre un daño consistente en la "pérdida de chance" de participar y resultar adjudicado en un verdadero procedimiento competitivo; 2. Declaración de nulidad de los contratos; 2.1 El art. 33 del TOCAF es una norma prohibitiva; 2.2 La contravención del art. 33 del TOCAF apareja nulidad absoluta del contrato; 2.3 Legitimación del oferente damnificado para reclamar la nulidad de los contratos ante la justicia ordinaria;2.4 El problema de la prejudicialidad; 2.5 Competencia para acumular la pretensión de reparación y anulación de los contratos. 3. CONCLUSIONES. LA SIMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Planteo del tema La hipótesis que nos proponemos analizar es aquella en la cual la Administración convoca a un procedimiento competitivo para contratar, pero lo hace únicamente en apariencia, sin que exista verdaderamente una competencia entre los oferentes.Nos referimos a aquellos casos en los cuales la Administración ya sabe a quién va a adjudicar el contrato, pero simula un procedimiento competitivo a los efectos de evitar impugnaciones. Se trata de un caso distinto a aquel en donde directamente no se hace procedimiento competitivo y se va sin más a la compra directa. En este caso, el procedimiento competitivo existe, pero es simulado.Decimos que estamos ante una simulación en tanto se produce "un acuerdo o entendimiento entre los simulantes, para producir un acto aparente, ficticio (no real)" y que esa simulación es relativa, en cuanto: "el negocio simulado oculta otro negocio, que es real; aquí el paralelo es con la máscara, con la disimulación. La simulación relativa tiene un velo destinado a encubrir otro negocio (negocio disimulado), que frente a los terceros debe aparecer oculto, secreto."2Pues bien, en este caso, decimos que la simulación es del procedimiento de compra, porque se simula frente a terceros un procedimiento competitivo cuando lo que en realidad existe es una compra directa. Lo que en apariencia parece ser el cumplimiento del art. 33 del TOCAF que mandata contratar mediante un procedimiento competitivo como regla general, en los hechos es una compra directa de la cual está excluida cualquier competencia.En este sentido, la existencia de un procedimiento simulado puede apreciarse durante su trámite, pero tal vez donde más frecuentemente queda al descubierto es durante la ejecución del contrato. En efecto, puede suceder que la ejecución se realice en términos distintos a los que resultaron de la oferta ganadora sin que exista una justificación para ello. Esto es, un oferente vence a las demás ofertas con un determinado precio o plazo que resulta muy beneficioso para la Administración. No obstante, a la hora de ejecutar el contrato, se le conceden mejores condiciones que las ofertadas sin que exista una causa justificante para ello. Inclusive, en algunos casos, directamente termina ejecutando el contrato en mejores condiciones que las que ofrecieron otros oferentes que perdieron a manos de lo que únicamente en apariencia era "la oferta más conveniente".Dicha situación, genera importantes problemas prácticos porque, en muchos casos, para cuando se constata la simulación, los plazos para impugnar la adjudicación o bien ya están vencidos, o bien ya no tiene objeto presentar recursos pues el contrato ya se ha ejecutado. A ello se adiciona además, el hecho de que el control de la ejecución del contrato por los terceros es muy difícil por falta de información.Sin embargo, tal como veremos, estos casos no son hipotéticos, sino que se verifican en la práctica y es por ello que se impone pensar en mecanismos de defensa que permitan resistir este tipo de situaciones al momento de su constatación. Un caso de simulación3 El caso de la empresa que denominaremos "A" se verificó en ocasión de una Licitación Pública para la concesión de la operación de un servicio X. Dicha Licitación fue adjudicada a la empresa que denominaremos "B."Sin embargo, la Licitación fue adjudicada en base a una oferta cuyo contenido no se respetó ni al firmarse, ni al ejecutarse el contrato. Por el contrario, el contrato se firmó y se ejecutó en condiciones muy diferentes a las ofertadas sin que haya existido ninguna causa justificante para ello.En efecto, conforme al Pliego de Condiciones Particulares, los oferentes debían presentar una oferta técnica para la Región 1 (Zona de mayor interés) y otra para la Región 2 (zona menos atractiva). Asimismo, también debían presentar una oferta económica para ambas regiones.La oferta técnica, tenía en cuenta aspectos tales como los antecedentes y experiencia del oferente, su capacidad técnica, su infraestructura y equipo, la idoneidad del personal propuesto y la calidad del servicio. En ambos casos, la empresa A obtuvo el mejor puntaje en esta área.Por otra parte, la oferta económica sería evaluada en función del plazo que cada oferente ofreciera para la concesión, ya que conforme con el Pliego, el plazo de concesión sería una variable de selección de las ofertas. Concretamente, el Pliego de Condiciones establecía que: "Para la evaluación de la oferta Económica se asignará el puntaje cien (100) a la oferta que contenga el menor plazo de concesión. Los puntajes de las demás ofertas se obtendrán por regla de proporcionalidad inversa a partir de dicho valor".En función de ello, las partes intentaron ofertar el menor plazo posible para cada una de las regiones, ya que -tal como estaba formulado el Pliego - de ello dependería la suerte de la Licitación. En efecto, a menos plazo ofertado, mayor beneficio para la Administración en tanto más rápido podría hacerse nuevamente del servicio. No obstante, a menor plazo ofertado, menor beneficio y mayor riesgo para los oferentes ya que las inversiones a realizar y la estructura de costos debían amortizarse en menos plazo.Así planteadas las reglas, para la Región 1 (la más rentable) la empresa B ofertó un plazo de 4 años y 11 meses contra 8 años que ofertó A. En consecuencia, B obtuvo 100 puntos mientras que A obtuvo un puntaje de 61, 5. Por su parte, para la Región 2 (la menos rentable), B ofertó un plazo de 11 años y 11 meses mientras que A, ofertó un plazo de 8 años, obteniéndose un puntaje de A de 100 puntos contra 67,1 de B.En consecuencia, si bien A había obtenido mayor puntaje en ambas ofertas técnicas, se recomendó adjudicar la Región 1 a B ya que ésta había presentado un plazo muy menor al presentado por A y por tanto, había obtenido un puntaje de 100 puntos. Por otra parte, se recomendó adjudicar la Región 2 a B.En ese momento, la empresa B ya advirtió a las autoridades que no era viable desde el punto de vista económico el plazo ofertado por la empresa B en tanto no era posible amortizar las inversiones que se requerían en un plazo tan corto. Asimismo, se señaló que la explotación de la Región 2 sin la Región 1 (la de mayor rentabilidad) hacía inviable la ejecución del contrato desde el punto de vista económico.Sin embargo, dichas advertencias fueron desoídas por la Administración, razón por la cual, A se vio obligada a retirar su oferta antes de ser adjudicada únicamente por la Región 2, lo cual separado de la Región 1, significaba ejecutar todo el contrato a pérdida durante 8 años.Sin perjuicio de ello, A presentó recursos administrativos y una posterior acción de nulidad contra el acto de adjudicación de la Región 1 señalando que dicha adjudicación era ilegítima en tanto se había adjudicado a una oferta que era inviable desde el punto de vista económico y que, por tanto, de ninguna forma podía considerarse la más conveniente. Nuevamente fue desoída.Sabiendo de la imposibilidad económica de que el contrato se terminara ejecutando conforme a los términos en que se había resuelto la licitación, la empresa A decidió dar seguimiento a la ejecución del contrato. Y si bien trató en varias ocasiones de hacerse del contrato firmado entre B y el Estado, el mismo le fue denegado en varias oportunidades. Sin embargo, finalmente la empresa A logró acceder a una copia del contrato advirtiendo que la adjudicación realizada a la empresa B de la Región 1 no fue hecha por el plazo ofertado de 4 años y 11 meses (con el que ganó la licitación), sino por un plazo de 8 años (con el que A la perdió). Quiere decir, que B resultó adjudicada por obtener 100 puntos por ofertar un plazo de 4 años y 11 meses, pero luego, fue adjudicada por 8 años (el mismo plazo con el que casualmente perdió A).De inmediato, dicha circunstancia fue denunciada como hecho nuevo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (donde se estaba tramitando la nulidad de la adjudicación), agregándose copia del Contrato celebrado con B en condiciones totalmente desajustadas a las previstas en el Pliego y a la Oferta de B.Sin embargo, dicho extremo no fue considerado por la Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que no ingresó al fondo del asunto en tanto entendió que la empresa A había perdido legitimación activa en la causa en tanto había retirado su oferta.Tal como puede apreciarse, estamos frente a un caso en el cual las condiciones de contratación fueron (desde el inicio) diferentes a las ofertadas y a pesar de haberse probado fehacientemente dicho extremo, la acción de nulidad no permitió darle solución a este caso. Adviértase que no se trata de un caso en donde, luego de varios meses o años de ejecución del contrato, fue necesario renegociar las condiciones del mismo. Sino que se trata de un caso en que, desde el inicio, el contrato se firmó en condiciones completamente distintas a las que le permitieron a la empresa adjudicada ganar la licitación.Por otra parte, si bien en este caso concreto el Tribunal decidió ingresar al fondo del asunto por un tema formal, en otros casos también podrían plantearse otras dificultades como que a la hora de fallar el contrato ya esté ejecutado o que la simulación se constate cuando la acción de nulidad ya está terminada.Es por ello que se impone pensar en cuáles serían los medios de defensa más eficaces para aquel oferente que detecta que ha participado en un procedimiento simulado y que, en consecuencia, ha perdido la oportunidad de contratar con el Estado a manos de otra oferta que únicamente en apariencia era "más conveniente" que la suya. REMEDIOS FRENTE A LA SIMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO En caso de simulación de un procedimiento competitivo de contratación con el Estado, el damnificado encuentra dos remedios principales: a) la acción de reparación para obtener una indemnización por los daños causados y b) la solicitud de declaración de nulidad absoluta de los contratos. Al desarrollo de ambas opciones se dedicarán los siguientes apartados. Acción de reparación ante la Justicia ordinaria La pregunta que nos haremos en este apartado es si es posible iniciar una acción reparatoria mediante la cual se solicite al Juez competente que repare los daños generados a aquel oferente que se presentó a la licitación y fue defraudado en su buena fe al participar en un procedimiento que en realidad era simulado.El tema plantea varias dificultades que iremos analizando paso a paso a los efectos de esclarecer: a) si la simulación del procedimiento competitivo apareja falta de servicio; b) si el Juez ordinario tiene competencia para analizar la regularidad jurídica del procedimiento administrativo, el acto de adjudicación y el contrato; c) si el oferente perjudicado tiene legitimación para reclamar y en caso afirmativo, y d) qué daños estaría habilitado a reclamar. Al análisis de tales cuestiones dedicaremos los apartados siguientes. La simulación del procedimiento constituye "falta de servicio" De acuerdo al art. 24 de la Constitución uruguaya: "El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección".En doctrina existe consenso acerca de que la expresión "servicio público" está usada en un sentido amplio que hace aplicable el precepto a todos los daños ocasionados por sujetos de Derecho público en el ejercicio de la función administrativa4. En consecuencia, la responsabilidad de cualquier Administración frente al damnificado es directa, obligándola a indemnizar pecuniariamente tanto por los actos como por los hechos y omisiones que ocasionaren perjuicio.Al respecto, existen divergencias de opinión acerca de si el criterio de imputación de dicha responsabilidad debe responder a pautas objetivas 5 o a pautas subjetivas6.Desde la perspectiva de la responsabilidad subjetiva, sostienen los partidarios de esa doctrina que, la responsabilidad del Estado "no es de carácter objetivo, como se ha enseñado, sino basada en la responsabilidad derivada directamente de la falta del servicio (por haber éste funcionado mal, tardíamente o por no haber funcionado) e indirectamente de la falta personal de sus funcionarios, ya sea por violación de una regla de derecho (ilegalidad en sentido lato) o por culpa proveniente de negligencias, errores, omisiones, retardos y desde luego, dolo y culpa grave"7. Adicionalmente se ha dicho que, "el criterio básico más adecuado para determinar cuándo surge responsabilidad de la Administración, es el de la falta de servicio. Si el servicio no funcionó, si funcionó con demora o si funcionó irregularmente, deriva responsabilidad. En el mal funcionamiento del servicio quedan comprendidos los casos de culpa personal del funcionario, porque es evidente que en tales casos el servicio no funcionó como era debido"8.Siguiendo esta línea, la doctrina sostiene que para que se configure responsabilidad del Estado es necesario la existencia de los siguientes elementos: a) daño; b) que dicho daño haya sido causado a terceros; c) que sea consecuencia de actos o hechos imputables al Estado; d) que exista entre ambos nexo causal; e) que los daños se hayan producido en la ejecución de los servicios públicos; f) que dichos servicios estuvieran confiados a la gestión o dirección del Estado y g) que los actos o hechos sean ilícitos o deriven de la culpa o dolo del servicio o del funcionario9.En el caso de la simulación de un procedimiento competitivo, en que la competencia es únicamente aparente pero ya existe una intención deliberada de adjudicarle a un oferente en forma directa, entendemos que se verifican todos los elementos analizados por la doctrina y la jurisprudencia para que se configure la falta de servicio.En primer lugar, existe un daño en tanto es indudable que el oferente que se presenta de buena fe al procedimiento competitivo pierde la chance de competir y de esta forma, de obtener el contrato. En efecto, no puede decirse que de no haberse simulado el procedimiento habría obtenido el contrato, pero sí puede afirmarse que perdió la chance de competir y obtenerlo y que eso configura, tal como veremos más adelante, un daño cuantificable e indemnizable por pérdida de chance.En segundo lugar, dicho daño es causado a terceros en tanto el oferente damnificado es ajeno al acuerdo simulatorio y comparece de buena fe pensando que lo que va a llevarse adelante es efectivamente un procedimiento competitivo para la contratación con el Estado.En tercer lugar, el daño es consecuencia de actos o hechos imputables al Estado porque el mismo deviene, no solo de la conducta estatal durante el procedimiento competitivo y la posterior adjudicación, sino también de los hechos y conductas acaecidas durante la ejecución del contrato, que es donde muchas veces se manifiesta la intención espuria del Estado.En cuarto lugar, existe nexo causal entre los actos o hechos imputables al Estado y el daño en cuanto la pérdida de chance del oferente de buena fe es consecuencia directa de no haber tenido la oportunidad de competir como consecuencia del acuerdo simulatorio.En quinto lugar, los daños fueron producidos en la ejecución de los servicios públicos confiados a la gestión o dirección del Estado dado que, como ya se ha dicho, servicio público es interpretado en sentido amplio comprendiendo a todos los daños ocasionados por sujetos de Derecho público en el ejercicio de la función administrativa10. En consecuencia, en tanto el Estado cuando llama a un procedimiento competitivo para contratar lo hace en ejercicio de función administrativa y para el cumplimiento de sus cometidos, no puede caber duda de que, al simular un procedimiento, el daño lo genera en ocasión de la ejecución de dichos servicios.En sexto lugar, los actos o hechos son ilícitos porque contrarían lo dispuesto por el art. 33 del TOCAF conforme con el cual "Las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto, de acuerdo a lo que mejor se adecue a su objeto, a los principios generales de la contratación administrativa y de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente".En efecto, la Administración no puede contratar de cualquier manera, sino que está mandatada a hacerlo bajo la regla general11 que establece el art. 33 del TOCAF que no es otra más que la de la Licitación u otro procedimiento competitivo.En consecuencia, cuando se simula un procedimiento competitivo, se violenta dicha norma que obviamente tiene como finalidad que la Administración se beneficie de una competencia real y no de una simulada. Es por ello, que aun cuando en apariencia el procedimiento se haya llevado adelante en todas sus etapas, a los efectos del Derecho el procedimiento podrá considerarse inexistente y por tanto, violatorio del art. 33 del TOCAF.En séptimo lugar, la simulación del procedimiento de contratación también implica culpa o dolo de los funcionarios actuantes que no valoran debidamente las ofertas o deliberadamente aceptan la contratación en términos diferentes a los ofertados o que permiten una ejecución apartada de lo originariamente ofertado.En consecuencia, la existencia de un procedimiento competitivo simulado supone falta de servicio en los términos del art. 24 de la Constitución, cumpliéndose con todos los extremos requeridos por la doctrina y la jurisprudencia para la configuración de la responsabilidad civil del Estado. Competencia del Juez ordinario Habiendo despejado la existencia de falta de servicio, corresponde ahora analizar si el Juez ordinario tiene competencia para ingresar al estudio de una demanda reparatoria por violación del art. 33 del TOCAF y por ende, para analizar la legitimidad de un procedimiento competitivo, del acto administrativo de adjudicación y la posterior ejecución del contrato.Entendemos que el punto no plantea mayores problemas cuando se trata de analizar la ejecución de un contrato administrativo, extremo para el cual nadie discute que el Juez ordinario tiene competencia. No obstante, se han manifestado divergencias en cuanto a si la competencia para analizar la validez de un procedimiento y el posterior acto de adjudicación, no es competencia exclusiva del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.Al respecto, compartimos la posición adoptada por la mayoría de la doctrina nacional conforme entiende que el juez ordinario tiene plena potestad para analizar en cada caso la legitimidad de un acto administrativo12. En este sentido, con meridiana claridad SAYAGUÉS señalaba que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo "tiene competencia exclusiva para la anulación de los actos administrativos y en ese aspecto excluye absolutamente la actuación del Poder Judicial; pero no tiene competencia para juzgar a otros efectos la regularidad jurídica de los actos administrativos, en cuyo plano se mantiene la competencia del Poder Judicial"13.En el mismo sentido, se ha pronunciado recientemente nuestro máximo órgano jurisdiccional sosteniendo que: "la justicia ordinaria tiene competencia para examinar la legitimidad del acto administrativo"14.Asimismo, en cuanto a la posibilidad de plantear la legalidad de una decisión administrativa por vía de acción, nuestra doctrina también se ha pronunciado sosteniendo que: "entendemos que la cuestión de la legalidad de una decisión administrativa podría plantearse por vía de acción, en algunos casos, tal como sucede cuando se reclama una reparación por los daños causados por un acto ilegítimo o cuando se pretende su desaplicación -por manifiesta ilegitimidad -mediante una acción de amparo"15.En la misma línea, se ha sostenido que: "el Poder Judicial puede y debe analizar la legalidad de los actos administrativos en materia de reparatoria patrimonial que es el proceso que nos ocupa. Claramente el objeto del proceso de los juicios que se promueven ante el Poder Judicial y ante el TCA son diferentes, lo que el Estado no puede desconocer. Aquí se pretende responsabilizar al Estado desde el punto de vista civil, no se está pidiendo que se anulen los actos administrativos ilegítimos, sino que se pide que se repare el perjuicio económico ocasionado por un actuar ilegítimo del Estado".16En función de lo anterior, puede concluirse sin mayores problemas que en el marco del proceso reparatorio, el Juez ordinario tiene competencia para analizar la regularidad jurídica de lo actuado en el procedimiento competitivo, para analizar el ajuste a Derecho del acto administrativo de adjudicación y para analizar, asimismo, si la ejecución del contrato administrativo se ha apartado o no de lo ofertado y/o pactado al cabo del procedimiento de contratación. Legitimación del oferente damnificado Otro tema que podría plantearse es si el oferente damnificado por la simulación tendría o no legitimación activa para reclamar por los daños que le generara la omisión de llamar a un verdadero procedimiento competitivo.En efecto, cuando SAYAGUÉS analizó la posibilidad de que un tercero reclame daños y perjuicios por el incumplimiento del deber de llamar a un procedimiento competitivo (art. 33 del TOCAF), llegó a la conclusión de que los terceros no pueden "entablar una reclamación judicial de daños y perjuicios por la lesión de derechos, porque no existe violación alguna de sus derechos subjetivos: han sido afectados solamente en sus intereses, en sus perspectivas de ganar la licitación"17.Sin embargo, no compartimos dicha solución en tanto nadie discute que el oferente damnificado por la simulación no tiene un derecho subjetivo a ser adjudicado. No obstante, a lo que sí tiene derecho es a que -en los casos en que así lo determina la ley- se convoque a un procedimiento competitivo real y no simulado para contratar con el Estado. No tiene derecho a ser adjudicado pero sí tiene derecho a tener una oportunidad real de competir por ello.Es que, en el caso de la acción reparatoria de un oferente damnificado por un procedimiento competitivo simulado, este no reclama por la violación de un derecho a ser adjudicado, sino porque se le ha privado ilegítimamente de su derecho a competir en un procedimiento tendiente a determinar cuál era la oferta más conveniente.En este sentido, el oferente damnificado por la simulación tiene una situación jurídica protegida que lo habilita a una reclamación patrimonial y la norma que le confiere dicha legitimación, no es otra más que el propio art. 33 del TOCAF. Ello es así en tanto el artículo 33 del TOCAF no persigue únicamente el beneficio de la Administración, sino que también supone una garantía genérica para los oferentes de poder competir en igualdad de condiciones para resultar adjudicados18.En respaldo de dicha afirmación, pueden traerse a colación los desarrollos realizados por la doctrina para analizar la validez del contrato al que se llega incumpliendo el requisito de convocar a Licitación. En dichos desarrollos, se analiza el fundamento mismo de la exigencia de Licitación. Así, para algunos autores la licitación sería una formalidad dispuesta en exclusivo beneficio del Estado y entonces éste sería el único legitimado para reclamar la nulidad derivada de su incumplimiento19. Sin embargo, para otros autores, entre los que se encuentra SAYAGUÉS, el requisito de la Licitación pública está impuesto por razones de interés público como por ejemplo, asegurar la transparencia y honestidad en las contrataciones, por lo que "su omisión vicia totalmente el acto administrativo y apareja su nulidad, la cual puede ser declarada en cualquier momento por los propios órganos administrativos, invocada por los terceros y dar lugar a recursos contenciosos de anulación en los países donde se ha legislado sobre esa clase de acciones." 20Es por ello que, cuando se violenta la exigencia establecida en el art. 33 del TOCAF, el Estado no solo actúa en contra de su propio interés, sino que, además, actúa en contra del interés público y de forma ilícita lesionando una situación jurídica subjetiva del oferente protegida por el ordenamiento. Esta ilicitud frente al oferente de buena fe, se presenta tanto si se adhiere a la posición imperativista como a la valorativista sobre la noción de ilicitud. 21En consecuencia, el oferente damnificado por la simulación tiene legitimación activa para entablar una acción de reparación por el daño que le generó el no haber tenido la chance de ser adjudicado. Dicha legitimación, proviene del propio art. 33 del TOCAF que, no solo protege al Estado, sino también al oferente damnificado. Asimismo, para proteger este tipo de daño, es que nuestra doctrina y jurisprudencia admiten el reclamo por la "pérdida de chance" que protege justamente, situaciones como esta. El oferente sufre un daño consistente en la "pérdida de chance" de participar y resultar adjudicado en un verdadero procedimiento competitivo La principal dificultad que plantea la cuestión bajo análisis es cómo cuantificar el daño consistente en la pérdida de chance de haber resultado adjudicado. Esto es, cómo hace el oferente damnificado por la simulación para demostrar que efectivamente tenía chance de ganar el procedimiento competitivo y cómo cuantifica esa chance.Como enseña GAMARRA, la pérdida de la chance consiste en la "pérdida de la probabilidad de ganar algo, normalmente la situación futura que con la pérdida de la chance deviene imposible (impidiendo definitivamente su verificación) significa una ventaja o un beneficio para el damnificado"22.En este sentido, lo primero que hay que tener en cuenta es que "el daño resarcible consiste en la pérdida de la "chance" y no en la pérdida de la ventaja esperada o situación terminal"23 por lo que la reparación consistirá en una fracción de la ganancia esperada, cuantificada en función de la importancia de la chance24.En este caso, es claro que el daño no es la pérdida del monto adjudicado ilícitamente, sino que el daño es la pérdida de la chance de haber podido obtener las ganancias derivadas de esa contratación.Para ello, será necesario probar que el actor tenía una chance de resultar adjudicado. A modo de ejemplo, podría probarse que el oferente de buena fe estaba inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado, que giraba en el ramo contratado, que tenía capacidad de hacer frente a la demanda de productos o servicios contratados por el Estado, que tenía antecedentes de haber participado y/o resultado adjudicado en procesos competitivos similares anteriores, etc.Por otra parte, para la determinación del valor de la chance, la doctrina ha establecido principios rectores que permiten determinar su valor. El primero de los principios reza que "la probabilidad es mayor cuando más próximo se encuentra el evento dañoso de la situación terminal de ganancia esperada" y el segundo que "cuanto mayores son las contingencias, menor es el valor de la "chance" perdida"25.En cuanto a la forma de liquidación de la pérdida de chance la doctrina ha establecido que la operación está enmarcada por dos principios: 1º) la indemnización no puede consistir nunca en la totalidad de la ganancia esperada sino en una fracción de la misma y 2º) la fracción total que corresponde indemnizar se mide sobre el valor de la chance, según el cálculo de probabilidades y circunstancias particulares del caso. Cuanto más fuerte es la probabilidad y mayores las posibilidades de éxito más cerca estará la reparación de la indemnización que hubiera correspondido otorgar en el caso hipotético de que se hubiera verificado la ventaja esperada26.En estos casos, no es posible asegurar que un oferente iba a resultar adjudicado, no obstante, podrá demostrarse que, dada su estructura económica, su competitividad, etc., el mismo estaba en condiciones de ofertar un precio competitivo27.Sin perjuicio de ello, la liquidación de la chance dependerá en gran medida del caso concreto ya que podría suceder, que únicamente se presentaran dos oferentes o como sucedió en el caso relatado anteriormente, que el contrato se haya ejecutado conforme al plazo o precio ofertado por la empresa perdidosa.En definitiva, entendemos que el oferente damnificado por el procedimiento simulado reclamará por la pérdida de chance de haber podido competir y obtener el contrato ilegítimamente adjudicado, debiendo probar en cada caso la existencia real de dicha chance y las razones justificantes de la cuantía reclamada. Declaración de nulidad de los contratos El remedio de la reparación por los daños y perjuicios ocasionados por la simulación del procedimiento competitivo, hace a la indemnización económica del oferente damnificado. No obstante, también podría suceder que al damnificado no le alcance o no le sirva una indemnización, sino que además pretenda o necesite la anulación de los contratos celebrados ilegítimamente al cabo de un procedimiento competitivo simulado.Tal como se dirá seguidamente, entendemos que el oferente damnificado por la simulación, no solo puede reclamar ante la Justicia ordinaria una reparación por los daños y perjuicios sufridos, sino que además y de forma conjunta también podría llegar a reclamar la nulidad del contrato alcanzado al cabo de una simulación. El art. 33 del TOCAF es una norma prohibitiva Lo primero que debe señalarse en materia de contrataciones administrativas es que el art. 33 le da una pauta clara a la Administración acerca de cómo debe contratar. En efecto, dicha norma establece que: "Las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto, de acuerdo a lo que mejor se adecue a su objeto, a los principios generales de la contratación administrativa y de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente".Quiere decir, que el art. 33 establece una regla general (el procedimiento competitivo) y luego establece una serie de excepciones a esa misma regla por razones cuantitativas y cualitativas.Sin embargo, la norma no termina allí, sino que contiene en su inciso final una disposición sumamente importante conforme a la cual dispone que: "Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 8 del Código Civil)".Dicho inciso final es de fundamental importancia en tanto califica al artículo 33 del TOCAF como una norma prohibitiva y ello es así, en tanto remite de forma expresa al artículo 8 del Título Preliminar de las Leyes del Código Civil conforme con el cual: "La renuncia general de las leyes no surtirá efecto. Tampoco surtirá efecto la renuncia especial de leyes prohibitivas: lo hecho contra éstas será nulo, si en las mismas no se dispone lo contrario".Es decir, que el artículo 33 del TOCAF es calificado por la propia ley como una norma prohibitiva y ello se infiere de la remisión expresa al art. 8 del CC. Esto es, que el art. 33 del TOCAF prohíbe contratar en violación a la regla general de los procedimientos competitivos, salvo las excepciones que enumera seguidamente. Por lo que, si alguien contraviene dicho mandato, violenta una norma prohibitiva y la consecuencia, no podrá ser otra más que la dispuesta por el art. 8 en su parte final, esto es, la nulidad, que tal como veremos en los apartados siguientes, además, es absoluta. La contravención del art. 33 del TOCAF apareja nulidad absoluta del contrato La contravención del art. 33 del TOCAF apareja nulidad, en tanto así lo dice expresamente el art. 8 al que remite el propio art. 33 en su inciso final. No obstante, para saber si la nulidad que apareja dicha violación es absoluta o relativa, habrá que estar a lo que establece el resto del Código Civil.Como cuestión preliminar, cabe señalar que no corresponde aquí trasladar la discusión acerca de si pueden ser aplicadas o no al derecho administrativo las normas sobre nulidades del Derecho Civil.28 Ello es así en tanto el art. 33 del TOCAF remite expresamente al art. 8 de dicho cuerpo normativo y éste a su vez, como veremos seguidamente, se integra con los demás artículos de dicho Código que definen las consecuencias de violentar una norma prohibitiva. En consecuencia, cuando se trata de una violación al art. 33 del TOCAF, entendemos que no cabe discusión alguna en cuanto a que resultan aplicables las normas del Código Civil en materia de nulidad.Por otra parte, para distinguir si en el caso del art. 8 estamos ante una nulidad absoluta o relativa es imprescindible acudir al art. 1560 del Código Civil que dispone que: "La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las personas que en ellos intervienen, son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la anulación del acto o contrato" (destacado nuestro).A su vez, para saber cuándo hay objeto ilícito debemos acudir al art. 1284 inc. 2 del Código Civil conforme con el cual: "Es moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público".En la misma línea, para definir cuándo hay causa ilícita debemos acudir al art. 1288 del mismo Código que dispone que: "La obligación y por consiguiente el contrato que se funda en una causa falsa o ilícita, no puede tener efecto alguno. La causa es ilícita cuando es prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público" (destacado nuestro).Es por la inteligencia de dichos artículos, que un contrato que se celebra en violación de una norma prohibitiva no puede surtir ningún efecto en tanto deviene absolutamente nulo por contener un objeto y una causa ilícita. En consecuencia, cuando un contrato se celebra en violación del art. 33 del TOCAF, como norma prohibitiva que es, no puede ser calificado sino como absolutamente nulo, en función de la inteligencia del propio art. 33 inciso final y de los arts. 8, 1560, 1284 y 1288 del Código Civil.A la misma conclusión se llega a partir del análisis del art. 1286 del Código Civil conforme con el cual: "Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público Oriental". Como bien señala CAFFERA, dicho artículo indica que: "las normas de derecho público no pueden se contrariadas por el objeto del contrato.29" Pues bien, no cabe duda alguna de que el art. 33 del TOCAF es Derecho Público, por lo que su vulneración aparejará objeto ilícito y conforme al 1560 del Código Civil, nulidad absoluta.Sin perjuicio de todo lo anterior, alguien podría llegar a sostener que la nulidad prevista en el inciso final del art. 33 del TOCAF alcanzaría únicamente al procedimiento y al acto de adjudicación, pero no así al contrato. Sin embargo, difícilmente pueda sostenerse esto en tanto dicha norma es clara en cuanto a que lo que será nulo serán "Las contrataciones que contravengan esta disposición" (destacado nuestro).Como puede apreciarse, la ley, para atribuir la consecuencia de la nulidad absoluta, no distinguió entre el procedimiento, el acto de adjudicación o el contrato, sino que dispuso un giro mucho más amplio como son "las contrataciones" cuyo sentido natural abarca, no solo al procedimiento y al acto de adjudicación, sino también al contrato. En consecuencia, donde no ha distinguido el legislador, no debería distinguir el intérprete quedando comprendida toda la contratación, incluyendo, el contrato.Por otra parte, en tanto estamos hablando de la posibilidad de solicitar ante la justicia ordinaria la declaración de la nulidad absoluta del contrato que es celebrado en contravención del art. 33 del TOCAF, resulta relevante deslindar desde ya este tema de la vieja discusión jurídica en torno a si la declaración de nulidad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del acto de adjudicación acarrea o no la nulidad del contrato30. En efecto, una cosa es si puedo pedir la nulidad del contrato en Sede judicial por contravenir el art. 33 del TOCAF y otra muy distinta es si la nulidad del acto de adjudicación recaída en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo alcanza o no al contrato. Son dos discusiones diferentes. En efecto, nadie discute que los contratos no son procesables ante el TCA, ni tampoco estamos discutiendo si la sentencia que declara la nulidad de la adjudicación hace caer también al contrato. Lo que se analiza en este apartado es si la nulidad absoluta prevista por el inciso final del art. 33 del TOCAF alcanza o no al contrato y si la misma puede ser reclamada ante el Poder Judicial (no ante el TCA). Y entendemos que la respuesta es afirmativa en tanto dicho inciso ha resuelto la cuestión expresamente disponiendo que la contravención de dicha norma aparejará la nulidad absoluta de "las contrataciones", giro que, a nuestro criterio, incluye al contrato. Por lo que el hecho de que exista una teoría doctrinaria que sostiene que la anulación por parte del TCA del acto de adjudicación no afecta al contrato, no sirve como argumento para sostener que no pueda solicitarse ante el Poder Judicial (no ante el TCA) la nulidad de los contratos con fundamento en el art. 33 inciso final del TOCAF.Hecha esta precisión, corresponde señalar que, al aplicarse el régimen del Código Civil sobre nulidades, el contrato que es celebrado en violación al art. 33 del TOCAF será nulo absolutamente sin necesidad de impugnación o pronunciamiento judicial, que, en caso de producirse, únicamente tendrá efectos declarativos. Dicha nulidad absoluta tendrá, además, efectos erga omnes y determinará el carácter insubsanable de la misma31.Es por ello que, si logra probarse que el proceso licitatorio fue simulado, que no existió una competencia real o que el contrato deliberadamente terminó ejecutándose o suscribiéndose en forma completamente disímil a lo ventilado en el procedimiento competitivo sin que exista una causa justificante para ello, entonces podemos decir que se violó lo dispuesto por el art. 33 del TOCAF y que, como consecuencia, el contrato celebrado es absolutamente nulo en función de la inteligencia del art. 33 inciso final del TOCAF y los arts. 8, 1560, 1284, 1286 y 1288 del Código Civil.Si bien la prueba de la simulación siempre es difícil, existen casos, como el que se ha comentado más adelante, en que existen recaudos probatorios contundentes que demuestran que el procedimiento competitivo únicamente se simuló y que, en consecuencia, se violó el art. 33 del TOCAF obteniéndose un contrato absolutamente nulo.Adviértase al respecto, que dicha nulidad podría poner en un problema, no solo a la Administración, sino también al co-contratista que estaría brindando prestaciones sin contrato. Ello por no ingresar en el daño a terceros, a los cuales a modo de ejemplo, se les podría haber solicitado financiamiento o garantías, en base a un contrato inexistente.En definitiva, puede concluirse que cuando el procedimiento de contratación es simulado y logra probarse dicho extremo, entonces habrá una contravención del art. 33 del TOCAF y la consecuencia no será otra más que la nulidad absoluta del contrato en función de lo dispuesto por los art. 33 inciso final del TOCAF y los art. 8, 1560, 1284, 1286 y 1288 del Código Civil. Legitimación del oferente damnificado para reclamar la nulidad de los contratos ante la Justicia ordinaria Corresponde preguntarnos ahora si el tercero damnificado por el contrato alcanzado en contravención del art. 33 del TOCAF tiene legitimación activa para reclamar ante la Justicia ordinaria que se declare la nulidad del mismo. La cuestión se plantea, en cuanto dicho damnificado no es parte del contrato cuya declaración de nulidad se solicita.Para resolver dicha interrogante, toma especial interés la calificación de la nulidad como absoluta hecha en el apartado anterior, en tanto, tratándose de un contrato absolutamente nulo, podrá ser reclamada por cualquiera que tenga interés en ello.En efecto, el art. 1561 del Código Civil dispone que: "La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez de oficio, cuando aparece de manifiesto; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalida, asimismo, pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral y de la ley, y no puede subsanarse".Quiere decir que, aunque el oferente damnificado sea un tercero respecto de los contratos alcanzados al cabo del procedimiento simulado, igualmente podrá solicitar su nulidad ante la justicia ordinaria siempre y cuando invoque su interés en función de lo dispuesto por el art. 1561 del CC. El problema de la prejudicialidad Otro problema que podría plantearse es si es necesario impugnar el acto de adjudicación mediante recursos administrativos para poder acudir a la Justicia ordinaria a reclamar la declaración de la nulidad de los contratos32. Dicho de otra forma, si el hecho de no haber impugnado el acto administrativo de adjudicación mediante recursos administrativos inhibe la posibilidad de luego, presentarse ante la Justicia ordinaria a solicitar su anulación.Sobre el particular, entendemos que la respuesta negativa se impone en tanto el haber consentido el acto administrativo de adjudicación de ninguna forma inhibe luego la competencia del Juez para apreciar la nulidad absoluta de los contratos. En efecto, el art. 1561 dice expresamente que "La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez de oficio" sin condicionarla a ningún accionamiento anterior (destacado nuestro).Por otro lado, debe advertirse que la tesis de la prejudicialidad (conforme con la cual debe impugnarse el acto administrativo para poder acudir directamente a la acción reparatoria) justamente está pensada para un reclamo reparatorio y no para una acción de solicitud de declaración de nulidad de los contratos. Ello es así, en tanto el art. 312, sobre el que se construye dicha posición doctrinaria, prevé una opción entre la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la acción reparatoria ante los Juzgados ordinarios con competencia en lo contencioso administrativo. Sin embargo, la solicitud de declaración de nulidad de los contratos no es una acción de reparación.Es por ello, que entendemos que no podría descartarse una demanda de declaración de nulidad de contratos administrativos por no haberse recurrido el acto administrativo de adjudicación de los mismos. En efecto, dicha exigencia sería incompatible con el hecho de que muchas veces los vicios de nulidad se advierten transcurridos los plazos para interponer recursos administrativos. Lo contrario, significaría sostener que una vez firme el acto de adjudicación, el contrato ya no podría ser atacado, aunque la nulidad fuera flagrante y estuviese a la vista de todos o se hubiese presentado mucho tiempo después de vencidos los plazos para impugnar el acto de adjudicación. Rechina a cualquier operador jurídico la idea de que, constatada una nulidad absoluta en un contrato administrativo, aun cuando la misma se constate años después de la adjudicación, no exista jurisdicción alguna para poder declararla. Lo contrario, sería lisa y llanamente admitir que las nulidades advertidas durante la ejecución de los contratos administrativos están excluidas de cualquier control jurisdiccional.Sin perjuicio de ello, a los efectos de salvar cualquier inconveniente y no dejar firme la voluntad administrativa, resultaría recomendable impugnar los actos administrativos de adjudicación siempre que ello sea posible. Competencia para acumular la pretensión de reparación y anulación de los contratos Podría plantearse la posibilidad de que el damnificado por el procedimiento simulado quisiese plantear una acumulación inicial objetiva de pretensiones (nulidad de el o los contratos y la reparación por daños y perjuicios). En este caso, correspondería preguntarse si los Juzgados Letrados en lo Contencioso Administrativo, cuya materia se encuentra determinada en la Ley N.º 15.881 de 26 de agosto de 1987, tendrían competencia para atender en dichos casos.En efecto, el art. 1° de la Ley N° 15.881 dispone que: "Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo entenderán, en primera instancia, en toda la materia contencioso-administrativa de reparación patrimonial, en que sea parte demandada una persona pública estatal. Esta materia comprende el contencioso de reparación por: a) Actos administrativos anulados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o respecto de los cuales el Tribunal haya reservado la acción de reparación (artículo 312 de la Constitución); b) Actos administrativos respecto de los cuales no proceda la acción anulatoria (artículo 26 del decreto ley 15.524, 9 de enero de 1984); c) Hechos u omisiones de la administración; d) Actos administrativos revocados en vía administrativa por razón de legitimidad; e) Actos legislativos y jurisdiccionales".Por su parte, en el art. 2 se dispone que: "En todos los demás asuntos en que sea parte demandada una persona pública estatal, regirán las disposiciones de la ley 15.750, de 24 de junio de 1985 (Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales)".En consecuencia, en caso de la pretensión reparatoria por la simulación del procedimiento competitivo, no cabe duda que la competencia será de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo en tanto se demandará a una persona pública estatal (La Administración que formuló el procedimiento competitivo) por las omisiones de la Administración. Asimismo, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior salvo los de competencia especializada, tendrán, en su jurisdicción, igual competencia que los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo.Sin embargo, la duda se plantea cuando a dicha pretensión reparatoria se le suma la solicitud de declaración de nulidad de los contratos. En estos casos, corresponde preguntarse si la competencia la siguen conservando los Juzgados con competencia en lo contencioso administrativo o si dicha competencia pasa a ser de la Justicia Civil, la cual es la naturalmente competente en materia de nulidad contractual.Al respecto, el art.120 del Código General del Proceso, especialmente el art. 120.1 numeral 1, regula la acumulación de pretensiones. Conforme a dicho artículo: "El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1) Que se trate de pretensiones de igual materia competencial; si pertenecieren a fueros competenciales diversos, las pretensiones deberán ser conexas entre sí. 2) Que no sean contrarias entre sí, salvo el caso en que se proponga una como subsidiaria de la otra. 3) Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento".Pues bien, en el caso de la acumulación de la reparación y la nulidad del contrato, parece claro que una materia corresponde a la Justicia contenciosa administrativa y la otra, a la Justicia civil. En efecto, la nulidad de los contratos corresponde a la materia civil mientras que la reparatoria a los contenciosos administrativos. Por lo que, para poder acumular ambas pretensiones, no será suficiente con la conexión subjetiva, sino que además habrá que acreditar la existencia de una conexión objetiva o causal.Asimismo, en cuanto a la posibilidad de demandar en una u otra sede se entiende que dicho aspecto queda a criterio del actor quien podrá elegir entre una y otra. Así lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia en la Sentencia N° 267/2018 de 28 de febrero de 2018 al sostener que: "Sostuvo la Corte en anteriores pronunciamientos (Sentencia No. 506/2010) que: "(.) 'en supuestos en que la acumulación inicial de pretensiones reúna los requisitos del art. 120, es dable al actor optar por la presentación de la demanda en una u otra sede, provocando con este acto procesal la competencia de la escogida' (cf. Tarigo, E.: Lecciones, T. 1, pág. 388). Al respecto expresaba Teitelbaum: 'Tal sería el caso de la acumulación de dos pretensiones de diversa materia como sería la civil y la contencioso administrativa, acumulables ante la sede que elija el actor' ('La acumulación de pretensiones y el dilema del art. 120.1 C.G.P.', en R.U.D.P. 1/94, pág. 46). Igual fenómeno se produce en sede de competencia por razón de territorio y en determinados casos cuando son varios los demandados y tienen el domicilio en lugares diferentes (art. 24 L.O.T.). (Sent. No. 77/02 del 27/5/02, LJU, T. 127, año 2003, c-14.556). (...) La acumulación de pretensiones de diversa materia, habilita a quien las incoa a optar por el tribunal competente en virtud de lo edictado por el principio dispositivo y lo preceptuado por el propio art. 120: 'El demandante podrá acumular'".Por último, si bien ello no modifica la opción competencial, debe señalarse que en la pretensión de nulidad del contrato es imperativo demandar tanto al Estado como al cocontratante, pues conforman un litisconsorcio pasivo necesario. En efecto, el contrato no puede ser declarado nulo para un parte y no para otra. CONCLUSIONES En función de lo anteriormente expuesto puede arribarse a las siguientes conclusiones: decimos que el procedimiento competitivo es simulado cuando el mismo es llevado adelante únicamente en apariencia, pero lo que en realidad existe es una contratación directa; si bien la existencia de un procedimiento simulado puede apreciarse durante su trámite, donde más frecuentemente queda al descubierto es durante la ejecución del contrato cuando ésta se realiza en términos distintos a los que resultaron de la oferta ganadora sin que exista una justificación para ello; en estos casos, la posibilidad de acudir al tribunal de lo contencioso administrativo a reclamar la nulidad del acto de adjudicación, no parece ser la solución más eficaz en tanto puede suceder que, a la hora de advertir la simulación, ya haya vencido el plazo para solicitar su nulidad, por lo que se impone pensar en otros remedios como pueden ser la reparación o la solicitud de declaración de nulidad de los contratos; en caso de acudir a la reparación, entendemos que la existencia de un procedimiento competitivo simulado: a) configura falta de servicio en los términos del art. 24 de la Constitución, b) el Juez ordinario tiene competencia para analizar la regularidad jurídica de lo actuado en el procedimiento competitivo, para analizar el ajuste a Derecho del acto administrativo de adjudicación y para analizar, asimismo, si la ejecución del contrato administrativo se ha apartado o no de lo ofertado y/o pactado al cabo del procedimiento de contratación; y c) que el oferente damnificado por la simulación tiene legitimación activa para entablar una acción de reparación por el daño que le generó el no haber tenido la chance de competir y resultar adjudicado; en caso de solicitar la anulación de los contratos, debe tenerse presente que el art. 33 del TOCAF es calificado por su inciso final como una norma prohibitiva (por la expresa remisión que el mismo hace al art. 8 del Código Civil) por lo que, cuando el procedimiento de contratación es simulado y logra probarse dicho extremo, entonces habrá una contravención del art. 33 del TOCAF y la consecuencia no será otra más que la nulidad absoluta del contrato en función de lo dispuesto por la inteligencia de los art. 33 inciso final del TOCAF y los art. 8, 1560, 1284, 1286 y 1288 del Código Civil; el oferente damnificado tiene legitimación activa para reclamar la nulidad de los contratos alcanzados al cabo del procedimiento simulado, aunque sea un tercero respecto de los mismos, siempre y cuando invoque su interés en función de lo dispuesto por el art. 1561 del CC; el no haber recurrido el acto administrativo de adjudicación no impide solicitar la declaración de la nulidad de los contratos ante la Sede judicial en tanto, la tesis de la prejudicialidad, está pensada para la opción entre la acción de nulidad y el procedimiento reparatorio, no siendo la declaración de nulidad de los contratos un proceso de reparación patrimonial; es posible acumular la pretensión reparatoria y la solicitud de declaración de nulidad de los contratos siempre y cuando se acredite la conexión objetiva o causal del caso concreto. En estos casos, podrá optarse por los Juzgados con competencia en reparación patrimonial o por los Civiles, debiéndose demandar no solo al Estado sino también al cocontratante pues conforman un litisconsorcio pasivo necesario. 1 Doctora en Derecho por la Universidad de Montevideo (2005), Máster en Derecho Administrativo Económico (2011), Diplomada en Contratos del Estado e Infraestructuras Públicas por la Universidad Austral (2022); Diplomada en Derecho de la Salud y Herramientas de Gestión de la Salud (2020); Profesora Agregada de Derecho Administrativo I y II en la Universidad de Montevideo, Profesora de Derecho Público en el Posgrado de Gestión Financiera en Instituciones Públicas de la Universidad de la República; Profesora de Derecho Administrativo Sancionatorio en el Máster de Derecho Administrativo Económico de la Universidad de Montevideo; Asistente de Derecho Administrativo en la Universidad de la República, Integrante del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad de la República, autora de varios libros y publicaciones en Uruguay y el extranjero. [email protected] Jorge Gamarra - "Tratado de Derecho Civil Uruguayo", F.C.U., Montevideo, 1992, Tomo XII, 3° Edición, pág. 16 y 17.3 El caso que se relata en este apartado es real y sus hechos son reseñados exactamente como sucedieron. No obstante, en tanto se realiza la apreciación jurídica de que el procedimiento competitivo fue simulado, entendemos conveniente mantener a resguardo la identidad de la Administración licitante y de las empresas oferentes.4 Enrique SAYAGUES LASO - "Tratado de Derecho Administrativo", F.C.U., Montevideo, Tomo I, pág. 658; Daniel Hugo Martins - "La responsabilidad de la Administración y de los funcionarios en la Constitución uruguaya", en Rev. de Derecho Público y Privado, Tomo 30, pág. 263; Sergio Deus - "Responsabilidad civil del Estado", en La Justicia Uruguaya, Tomo XCIV, pág. 35; Julio A. Prat - " Derecho Administrativo", Tomo 4, vol. 2, pág. 60; y José Korzeniak - "Curso de Derecho Constitucional 2º", vol. 2, pág. 11 y ss.5 Justino Jiménez de Aréchaga - "La Constitución del Uruguay de 1952", Tomo II, pág. 314; Sergio Deus -"Responsabilidad civil del Estado", cit., pág. 31 y sigtes; Jorge Peirano Facio - "Responsabilidad del Estado", en Anales del Foro, Tomo II, Nº 109-120, pág. 72 y sigtes.; Julio A. Prat - "Derecho Administrativo" cit., Tomo 4, vol. 2, pág. 71; Mariano R. Brito - "Responsabilidad extracontractual del Estado -administrativa, legislativa y jurisdiccional-", en Estudios Jurídicos en memoria de Alberto Ramón Real, pág. 129 y sigtes.; Horacio Cassinelli Muñoz - "Informe sobre la responsabilidad del Estado por acto legislativo", en La Justicia Uruguaya, Tomo CV, págs. 323 y 324; Martín J. Risso Ferrand - "Responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional", 2° Ed., pág. 38 y sigtes; Graciela Berro - "Responsabilidad objetiva del Estado", en Rev. de Derecho Público, Año 1992, Nº 2, pág. 89 y sigtes.; y Cristina Vázquez - "Fundamentos de la responsabilidad del Estado en la doctrina juspublicista", en Rev. de Derecho Público, Año 1995, Nº 7, pág. 32 y sigtes.6 Daniel Hugo MARTINS - "La Responsabilidad de la Administración y de los Funcionarios en la Constitución Uruguaya", Rev. de Derecho Público y Privado, tomo 30, pág. 267.7 Daniel Hugo MARTINS - "La Responsabilidad de la Administración y de los Funcionarios en la Constitución Uruguaya", cit. pág. 267.8 Enrique SAYAGUES LASO - "Tratado de Derecho Administrativo", cit. Tomo I, pág. 660 y 661.9 Daniel Hugo MARTINS - "La Responsabilidad de la Administración y de los Funcionarios en la Constitución Uruguaya", cit. pág. 267.10 Enrique SAYAGUES LASO - "Tratado de Derecho Administrativo", cit. Tomo I, pág. 658; Daniel Hugo Martins - "La responsabilidad de la Administración y de los funcionarios en la Constitución uruguaya", cit., pág. 263; Sergio Deus - "Responsabilidad civil del Estado", cit., pág. 35; Julio A. Prat - "Derecho Administrativo", cit., pág. 60; y José Korzeniak - "Curso de Derecho Constitucional 2º", cit., pág. 11 y ss.11 Carlos E. DELPIAZZO - "Contratación Administrativa", Universidad de Montevideo, Montevideo, 1999, pág. 121.12 Horacio CASSINELLI MUÑOZ - "Competencia del Poder Judicial para Conocer de la Validez de un Acto Administrativo como Premisa del Fallo" en Revista de Derecho Jurisprudencia y Administración, Tomo 71, Montevideo, pág. 94; Aparicio MENDEZ - "Lo Contencioso de Anulación en el Derecho Uruguayo", Montevideo, Biblioteca de Revista de Derecho Público y Privado, Montevideo, 1952, pág. 77; Héctor GIORGI - "El Contencioso Administrativo de Anulación", Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, 1958, pág. 83; Gabriel OHANIAN - "Juez y Acto Administrativo", en Revista Judicatura No. 44, mayo, 2006, Montevideo, IMPO, 2006, pág. 309; Enrique SAYAGUES LASO - "Tratado de Derecho Administrativo", F.C.U., Montevideo, 2010, 9° Edición, Tomo II, pág. 555; Augusto DURAN MARTINEZ - "Contratos administrativos, Vicios y Juez Competente para Juzgarlos. El Caso Caravana", en "Casos de Derecho Administrativo" Ingrausi, Montevideo, 1999, Vol. I, pág. 68; Juan Pablo CAJARVILLE - "Sobre Derecho Administrativo", F.C.U., 2007, Tomo II, pág. 606; Daniel OCHS -"La Acción de Amparo", FCU, Montevideo, 2001, pág. 69; Marcelo LABORDE GOÑI - "El principio de buena fe como rector del Ejercicio de la Función Pública" en Revista de Derecho Público, F.C.U., 2016, Año 25, Número 50, diciembre de 2016, pág. 67 y GUITIÉRREZ, Adrián - "Potestades de Juez sobre el acto administrativo" en https://es.slideshare.net/24-7/potestades-del-juez-sobre-al-acto-administrativo.13 Enrique SAYAGUES LASO - "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo II, cit, pág. 555.14 Sentencia de la SCJ N° 180/2015 de 5 de junio de 2015.15 Adrián GUITIÉRREZ - "Potestades de Juez sobre el acto administrativo" en https://es.slideshare.net/24-7/potestades-del-juez-sobre-al-acto-administrativo16 Sentencia N° 140/2017 de 27 de octubre de 2017 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3° Turno.17 Enrique SAYAGUÉS LASO - "La licitación pública", BdeF, Montevideo -Buenos Aires, 2004. pág. 61.18 Natalia VELOSO GIRIBALDI - "Responsabilidad del Estado frente a un potencial oferente por contratar directamente cuando debió llamar a un procedimiento competitivo", Revista de la Universidad de Montevideo, Número 34, Año 2018, pág. 111 a 134.19 Enrique SAYAGUÉS LASO - "La licitación pública", cit., pág. 60.20 Enrique SAYAGUÉS LASO - "La licitación pública", cit. pág. 60.21 Gerardo Caffera y Elías Mantero Mauri - "Protección extracontractual del crédito", 2ª Ed., FCU, Montevideo, 2016, págs. 54 y ss.22 Jorge GAMARRA - "Tratado de Derecho Civil Uruguayo", FCU, Montevideo, Tomo XXIV, Vol. 6, Parte VII, pág. 115.23 Jorge GAMARRA - ob. cit., Tomo XXIV, Vol.6º, pág. 116.24 Jorge GAMARRA - ob. cit., Tomo XXIV, Vol.6º, pág. 118.25 Jorge GAMARRA - ob. cit., Tomo XXIV, Vol.6º, pág.120 y 121.26 Jorge GAMARRA - ob. cit., Tomo XXIV, Vol.6º, pág. 121 y 123.27 Natalia VELOSO GIRIBALDI - "Responsabilidad del Estado frente a un potencial oferente por contratar directamente cuando debió llamar a un procedimiento competitivo", cit. pág. 111 y ss.28 Agustín GORDILLO - "Tratado de derecho administrativo", Buenos Aires, 1999, Fundación de Derecho Administrativo, Tomo 3, 4° Edición, pág. XI-4 y ss.; Fernando GARRIDO FALLA - "Tratado de derecho administrativo", Madrid, 1989, Tecnos, Tomo I, 11° Edición, pág. 415 y Carlos E. DELPIAZZO - "Nulidades contractuales en el derecho público uruguayo" en Revista Digital de Derecho Administrativo, Núm. 25, pág. 109-143, 2021, Universidad Externado de Colombia.29 Gerardo CAFFERA - "Obligaciones", Montevideo, 2018, F.C.U., 1 Edición, pág. 277.30 Juan Pablo CAJARVILLE PELUFFO - "Recursos administrativos", Montevideo: 2008, F.C.U., 4° Edición, pág. 117; Augusto DURAN MARTÍNEZ - "Contencioso administrativo", Montevideo, 2015, F.C.U, 2° Edición, pág. 40; Carlos E. DELPIAZZO - "Eficacia aplicativa de los principios generales de derecho en la contratación administrativa", en Anuario de Derecho Administrativo, Montevideo, 2006, F.C.U., Tomo XILL XII, pág. 65 y ss.31 Jorge - GAMARRA - "Tratado de derecho civil uruguayo", Montevideo, 1974, F.C.U., Tomo XVI, pág. 131 y ss. y Jorge PEIRANO FACIO - "Curso de obligaciones" Montevideo, 1957, Tomo VI, pág. 321 y ss.32 Carlos LABAURE - "El agotamiento de la vía administrativa y la nueva redacción del artículo 312 de la Constitución", en Revista de Derecho Público, 1998, N° 13, pág. 41 y ss. En la tesis contraria: Horacio Cassinelli Muñoz - "La acción de reparación patrimonial en la reforma constitucional" en "Reflexiones sobre la reforma constitucional 1996", F.C.U, Montevideo, 1998; Augusto Durán Martínez -"Contencioso Administrativo Montevideo", Montevideo, 2015, 2° Edición, pág. 425 y ss.; Mariella SAETTONE - "La acción reparatoria y la prejudicialidad (artículo 312 y DTyEL", en Reforma constitucional 1997, Universidad Católica del Uruguay y Rev. U. de Derecho Constitucional y Político, serie Congresos y Conferencias, N° 16, Montevideo, 1977, pág. 177 y ss. Daniel Hugo Martins - "Algunos aspectos del reparatorio patrimonial" en Reflexiones sobre la reforma constitucional 1996, F.C.U., Montevideo, 1998 y Cristina Vázquez - "Novedades en materia de reparación patrimonial por daños causados por actos administrativos, introducidos en virtud de la reforma de 1997", en La reforma constitucional de 1997, F.C.U., Montevideo, 1997.Berro, G. - "Responsabilidad objetiva del Estado", en Rev. de Derecho Público, Año 1992, N.º 2.Brito, M. - "Responsabilidad extracontractual del Estado -administrativa, legislativa y jurisdiccional- ", en Estudios Jurídicos en memoria de Alberto Ramón Real.Caffera, g. y Mantero Mauri, E. - "Protección extracontractual del crédito", FCU, Montevideo, 2016, 2ª Ed.CAFFERA, G. - "Obligaciones", F.C.U., Montevideo, 2018, 1 Edición.CAJARVILLE PELUFFO, J.P - "Recursos administrativos", F.C.U., Montevideo, 2008, 4° Edición.CAJARVILLE, J.P. - "Sobre Derecho Administrativo", F.C.U., Montevideo, 2007, Tomo II.CASSINELLI MUÑOZ, H. - "Competencia del Poder Judicial para Conocer de la Validez de un Acto Administrativo como Premisa del Fallo" en Revista de Derecho Jurisprudencia y Administración, Tomo 71, Montevideo.Cassinelli Muñoz, h. - "Informe sobre la responsabilidad del Estado por acto legislativo", en La Justicia Uruguaya, Tomo CV.Cassinelli Muñoz, h. - "La acción de reparación patrimonial en la reforma constitucional" en "Reflexiones sobre la reforma constitucional 1996", F.C.U, Montevideo, 1998.DELPIAZZO, C. - "Eficacia aplicativa de los principios generales de derecho en la contratación administrativa", en Anuario de Derecho Administrativo, F.C.U., Montevideo, 2006, Tomo XILL XII.DELPIAZZO, C. - "Contratación Administrativa", Universidad de Montevideo, Montevideo, 1999.DELPIAZZO, C. - "Nulidades contractuales en el derecho público uruguayo" en Revista Digital de Derecho Administrativo, Núm. 25, 2021, Universidad Externado de Colombia.Deus, S - "Responsabilidad civil del Estado", en La Justicia Uruguaya, Tomo XCIV.DURAN MARTINEZ, A - "Contratos administrativos, Vicios y Juez Competente para Juzgarlos. 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  • Respuesta a los comentarios recibidos durante el plazo de consulta pública del Proyecto de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-043-SCT-SEMAR-ARTF-2022, Documento de transporte de mercancías peligrosas, publicado el 7 de septiembre de 2022. (TOLMEX2.646.963)
    el 4 marzo, 2024 a las 10:12 pm

    RESPUESTA a los comentarios recibidos durante el plazo de consulta pública del Proyecto de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-043-SCT-SEMAR-ARTF-2022, Documento de transporte de mercancías peligrosas, publicado el 7 de septiembre de 2022. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- COMUNICACIONES.-Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. MILARDY DOUGLAS ROGELIO JIMÉNEZ PONS GÓMEZ, Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre y de Transporte Aéreo, conjuntamente con UBALDO GÓMEZ RODRÍGUEZ, Titular de la Unidad de Capitanías de Puertos y Asuntos Marítimos y Suplente del Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Marina y EVARISTO IVÁN ÁNGELES ZERMEÑO, Titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Ferroviario, con fundamento en los artículos 30 fracciones V Bis y XIV Quáter y 36 fracciones I y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 5, 10 fracciones I, II, VIII, XII y XV, 12, 24, 25, 27 fracción I, 30, 34, 35, 38 y 41 de la Ley de Infraestructura de la Calidad; 5 fracción VI de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 8 fracción I, IX y XX, y 36 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 1 y 6 fracciones III y V de la Ley de Aviación Civil; 6 Bis fracción I de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; 3 y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, conforme al Transitorio Tercero de la Ley de Infraestructura de la Calidad; 1, 52 fracción I y IX, 114 fracciones VII y VIII del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos; 6 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 3 fracción II, inciso d) y 20 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina; y el Decreto por el que se crea la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2016; y el DECRETO por el que se crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominado Agencia Federal de Aviación Civil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2019; y el DECRETO por el que se reforma el perso por el que se crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominado Agencia Federal de Aviación Civil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 2023; y demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables, y CONSIDERANDO Que los comentarios presentados durante el período de consulta de 60 días que establece el artículo 38 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, fueron analizados, estudiados y discutidos en el Subcomité No. 1 de "Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos", y éstos se presentaron en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre (CCNN-TT); Que de conformidad con lo señalado en el artículo 35 fracción VIII del de la Ley de Infraestructura de la Calidad, y presentada la propuesta de respuesta a los comentarios recibidos durante la consulta pública, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre resolvió en definitiva a dichos comentarios, en su tercera sesión ordinaria que se llevó a cabo el 24 de octubre de 2023, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Marina en su segunda sesión ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2023, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo en tercera sesión ordinaria celebrada el 24 de octubre de 2023 y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Ferroviario en su séptima sesión extraordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2023; Que derivado de lo anterior, y de conformidad con lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización conforme al Transitorio Tercero de la Ley de Infraestructura de la Calidad, a través de este documento hemos tenido a bien ordenar la publicación de la "RESPUESTA A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS DURANTE EL PLAZO DE CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-043-SCT-SEMAR-ARTF-2022, DOCUMENTO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022." Ciudad de México, a 5 de enero de 2024.- Subsecretario de Transporte y Presidente de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de Transporte Terrestre y Transporte Aéreo, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons Gómez.- Rúbrica.- Titular de la Unidad de Capitanías de Puertos y Asuntos Marítimos y Suplente del Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Marina, Ubaldo Gómez Rodríguez.- Rúbrica.- Titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Ferroviario, Evaristo Iván Ángeles Zermeño.- Rúbrica.   RESPUESTA A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS DURANTE EL PLAZO DE CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-043-SCT-SEMAR-ARTF-2022, DOCUMENTO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022.   PROMOVENTE DESCRIPCIÓN DEL COMENTARIO RESPUESTA   AUTO EXPRESS SALDIVAR Dra. María Mayela Díaz Sánchez Subgerente 1   Proyecto de NOM: ND. Comentario: Modificar la definición de Destinatario de acuerdo con el Reglamento de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos La cual es Destinatario: Persona física o moral receptora de substancias, materiales y residuos peligrosos;   PROCEDENTE Justificación El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (RTTMRP) en su artículo 2º fracción IV prevé la definición. Se incluirá tal definición en el numeral relativo a definiciones como aparece en el RTTMRP, de la siguiente manera: 4.   Definiciones y acrónimos. ... Destinatario. Persona física o moral receptora de substancias, materiales y residuos peligrosos. ...   Ing. Javier Reyes 1   Proyecto de NOM: ND. Comentario: Actualizar el marco normativo en la sección de referencias.   PROCEDENTE Justificación El artículo 32 de la Ley de Infraestructura de la Calidad enuncia que "Las Normas Oficiales Mexicanas deberán ser revisadas al menos cada 5 años posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación", por ello resulta favorable actualizar a las versiones más recientes. Se realizará la modificación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).   Ing. Javier Reyes 2   Proyecto de NOM: ND. Comentario: Revisar orden alfabético en definiciones.   PROCEDENTE Justificación Enlistar en orden alfabético brinda mayor rapidez, identificación y certeza para el lector. Se efectuará la revisión correspondiente.     Ing. Javier Reyes 3   Proyecto de NOM: ND. Comentario: Revisar en general sintaxis, redacción, ortografía y puntuación.   PROCEDENTE Justificación Ayuda al lector en la comprensión y mejor entendimiento de la NOM. Se efectuará la revisión correspondiente.   Ing. Javier Reyes 4   Proyecto de NOM: 1. Objetivo La presente Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo establecer la información fundamental que debe contener el Documento de Transporte, relativo a la designación oficial de transporte, identificación de las mercancías peligrosas, los peligros de éstas y las declaraciones que el expedidor realice para su transportación. Propuesta de cambio: 1. Objetivo La presente Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo establecer la información fundamental que debe contener el Documento de Transporte, relativo a la designación oficial de transporte, identificación de las mercancías peligrosas, los peligros de éstas y las declaraciones que el expedidor realice para su transportación. Justificación: Se sugiere eliminar ya que solo aporta un juicio de valor. PROCEDENTE Justificación Brinda amplitud y de esta manera no generaliza a solo la información fundamental. Se eliminará del texto del objetivo la palabra "fundamental", para quedar como sigue: 1. Objetivo. La presente Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo establecer la información que debe contener el Documento de Transporte, relativo a la designación oficial de transporte, identificación de las mercancías peligrosas, los peligros de éstas y las declaraciones que el expedidor realice para su transportación.     Ing. Javier Reyes 5   Proyecto de NOM: 2. Campo de aplicación La presente Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para los expedidores, transportistas y destinatarios dentro de la esfera de sus responsabilidades, en el manejo y transporte de las mercancías peligrosas, movilizadas por las vías generales de comunicación terrestre, aérea y marítima. Los expedidores que presenten mercancías peligrosas para su transporte elaborarán el Documento de Transporte con base a la información relativa a dichas mercancías peligrosas, incluida toda la información y documentación adicionales que se especifican en la presente Norma Oficial Mexicana y lo facilitarán al transportista, quien deberá portarlo durante el traslado de éstos, asimismo los destinatarios recibirán las mercancías con base en este documento. Propuesta de cambio: 2. Campo de aplicación La presente Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para los expedidores, transportistas y destinatarios dentro de la esfera de sus responsabilidades, en el manejo y transporte de las mercancías peligrosas, movilizadas por las vías generales de comunicación terrestre, aérea y marítima. Los expedidores que presenten mercancías peligrosas para su transporte elaborarán el Documento de Transporte con base a la información relativa a dichas mercancías peligrosas, incluida toda la información y documentación adicionales que se especifican en la presente Norma Oficial Mexicana y lo facilitarán al transportista, quien deberá portarlo durante el traslado de éstos. Asimismo, los destinatarios recibirán las mercancías con base en este documento. Justificación: Mejorar redacción. PROCEDENTE Justificación Se mejora la redacción y sintaxis tal como lo propone el presente comentario, quedando como sigue: 2. Campo de aplicación. La presente Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para los expedidores, transportistas y destinatarios dentro de la esfera de sus responsabilidades, en el manejo y transporte de las mercancías peligrosas, movilizadas por las vías generales de comunicación terrestre, aérea y marítima. Los expedidores que presenten mercancías peligrosas para su transporte elaborarán el Documento de Transporte con base a la información relativa a dichas mercancías peligrosas, incluida toda la información y documentación adicionales que se especifican en la presente Norma Oficial Mexicana y lo facilitarán al transportista, quien deberá portarlo durante el traslado de éstos. Asimismo, los destinatarios recibirán las mercancías con base en este documento.     Ing. Javier Reyes 6   Proyecto de NOM: 3. Referencias Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, deben consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas, o las que las sustituyan. Propuesta de cambio: 3. Referencias Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, deben consultarse las siguientes Normas Oficiales Mexicanas vigentes, o las que las sustituyan. Justificación: Otorgar claridad PROCEDENTE Justificación Para otorgar claridad respecto al texto de la NOM, se realizará el cambio de acuerdo con lo sugerido en el comentario recibido de la siguiente manera: 3. Referencias. Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, deben consultarse las siguientes Normas Oficiales Mexicanas vigentes, o las que las sustituyan.     Ing. Javier Reyes 7   Proyecto de NOM: ND. Comentario: De las normas incluidas en el capítulo de Referencias, se sugiere actualizarlas con las ya emitidas recientemente. Justificación: Referir instrumentos actualizados. PROCEDENTE Justificación Brinda certeza de que las normas de referencia son las más actuales evitando confusiones de vigencias. Se actualizarán las NOM que se han emitido recientemente.   Ing. Javier Reyes 8   Proyecto de NOM: Bulto. El producto final de la operación de embalaje/envasado, constituido por el embalaje/envase y su contenido, preparados para el transporte. Propuesta de cambio: Bulto. El producto final de la operación de embalado/envasado, constituido por el embalaje/envase y su contenido, preparados para el transporte. Justificación: Adecuar término. NO PROCEDENTE Justificación La definición se encuentra en el capítulo 1.2 Definiciones y unidades de medida. 1.2.1 Definiciones. De las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo. De acuerdo a las definiciones de la Reglamentación Modelo es correcto el término. Bulto. El producto final de la operación de embalaje/envasado, constituido por el embalaje/envase y su contenido, preparados para el transporte.   Ing. Javier Reyes 9   Proyecto de NOM: NOM. Norma Oficial Mexicana. Comentario: Llevarlo a la sección de acrónimos; en el proyecto está en Definiciones. PROCEDENTE Justificación Tener el acrónimo de Norma Oficial Mexicana (NOM) otorga claridad en la lectura de la Norma. Se agregará el acrónimo NOM en la sección correcta de la siguiente manera: NOM. Norma Oficial Mexicana.   Ing. Javier Reyes 10   Proyecto de NOM: Sección de acrónimos. Propuesta de cambio: IED TED Justificación: Son acrónimos empleados en el cuerpo de la Norma. Se sugiere incluirlos en el apartado de Acrónimos. PROCEDENTE Justificación Tener el acrónimo de Intercambio electrónico de datos (IED) y Tratamiento electrónico de datos (TED) otorgan claridad en la lectura de la Norma. Se incluyen los acrónimos IED y TED de la siguiente manera: IED. Intercambio Electrónico de Datos. TED. Tratamiento Electrónico de Datos.     Ing. Javier Reyes 11   Proyecto de NOM: 5.1 (5.4.1.1) Generalidades NOTA: La presente NOM permite la utilización de técnicas de transmisión basadas en el tratamiento electrónico de datos (TED) y en el intercambio electrónico de datos (IED) como medios alternativos a la documentación escrita. Toda referencia en esta NOM a un "documento para el transporte de mercancías peligrosas" incluye también la transmisión de la información requerida mediante las técnicas basadas en el TED y el IED. Comentario: En este numeral 5.1 de Generalidades, no se contempla disposición alguna, sino sólo la Nota incrustada. Se sugiere si es correcta esta circunstancia. Justificación: Aclarar las notas en superíndice que están a lo largo del Proyecto de NOM. PROCEDENTE PARCIALMENTE Justificación Poner la nota seguido del numeral 5.1 (5.4.1.1) Generalidades brinda claridad sobre las técnicas IED y TED. Se opta por conservar la NOTA, para brindar más información al sujeto obligado. Se efectuará la revisión de las notas en superíndice que den claridad a la comprensión de la NOM.   Ing. Javier Reyes 12   Proyecto de NOM: 5.1.4.2 (5.4.1.4.2) Orden en el que deben aparecer los elementos de la descripción de las mercancías peligrosas. Los cinco elementos de la descripción de mercancías peligrosas expuestos en 5.1.4.1 se presentarán en el orden arriba indicado (es decir: a), b), c), d), e)) sin ninguna información interpuesta, excepto la prevista en la presente NOM. A continuación, se dan ejemplos de descripciones de mercancías peligrosas: Propuesta e cambio: 5.1.4.2 (5.4.1.4.2) Orden en el que deben aparecer los elementos de la descripción de las mercancías peligrosas. Los cinco elementos de la descripción de mercancías peligrosas expuestos en 5.1.4.1 (5.4.1.4.1) se presentarán en el orden arriba indicado (es decir: a), b), c), d), e)) sin ninguna información interpuesta, excepto la prevista en la presente NOM. A continuación, se dan ejemplos de descripciones de mercancías peligrosas: Justificación: No dejar de incluir el correlativo de ONU. NO PROCEDENTE Justificación Los numerales en paréntesis fueron conservados como referencia a los numerales de la Reglamentación Modelo, con la finalidad de que, si es necesario consultar la Reglamentación Modelo puedan tener una pronta referencia. Los numerales de referencia que pueda haber dentro de un numeral de la NOM son referidos a los numerales de la NOM para no generar confusiones entre los numerales en paréntesis. Por lo anterior, el texto quedará de la siguiente manera: 5.1.4.2 (5.4.1.4.2) Orden en el que deben aparecer los elementos de la descripción de las mercancías peligrosas. Los cinco elementos de la descripción de mercancías peligrosas expuestos en 5.1.4.1 se presentarán en el orden arriba indicado (es decir: a), b), c), d), e)) sin ninguna información interpuesta, excepto la prevista en la presente NOM. A continuación, se dan ejemplos de descripciones de mercancías peligrosas:   Ing. Javier Reyes 13   Proyecto de NOM: a)  Nombres técnicos para epígrafes "n.e.p." y otras descripciones genéricas: Las designaciones oficiales de transporte a las que se ha asignado la disposición especial 274 o 318 en la columna 6 de la Tabla 2 de la NOM-002-SCT-2011, deberán completarse con sus nombres técnicos o grupo químico, como se describe en 5.3 de la NOM-002-SCT-2011; Propuesta de cambio: a)  Nombres técnicos para epígrafes "n.e.p." y otras descripciones genéricas: Las designaciones oficiales de transporte a las que se ha asignado la disposición especial 274 o 318 en la columna 6 de la Tabla 2 de la NOM-002-SCT-2011, deberán completarse con sus nombres técnicos o grupo químico, como se describe en 5.3 de la NOM-002-SCT-2011, vigente o la que la sustituya; Justificación: Otorgar certeza ante la próxima publicación de la nueva NOM-002 PROCEDENTE PARCIALMENTE Justificación En el apartado de Referencias se precisa que deberán observarse las Normas Oficiales Mexicanas vigentes o las que las sustituyan, por lo que se considera repetitivo, de esta manera se homologan las NOM que están siendo actualizadas. Por lo anterior, el texto quedará de la siguiente manera: a)  Nombres técnicos para epígrafes "n.e.p." y otras descripciones genéricas: Las designaciones oficiales de transporte a las que se ha asignado la disposición especial 274 o 318 en la columna 6 del Listado de Mercancías Peligrosas, por Orden Numérico de la NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023, deberán completarse con sus nombres técnicos o grupo químico, como se describe en 5.3 de la NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023;     Ing. Javier Reyes 14   Proyecto de NOM: d)  Sustancias fundidas: cuando una sustancia sólida de acuerdo a la definición, se presente para el transporte en estado fundido, se agregará la palabra "FUNDIDA" como parte de la designación oficial de transporte, a menos que ya forme parte de ésta, véase NOM-002-SCT-2011; Propuesta de cambio: d)  Sustancias fundidas: cuando una sustancia sólida de acuerdo a la definición, se presente para el transporte en estado fundido, se agregará la palabra "FUNDIDA" como parte de la designación oficial de transporte, a menos que ya forme parte de ésta, véase NOM-002-SCT-2011 vigente o la que la sustituya; Justificación: Otorgar certeza ante la próxima publicación de la nueva NOM-002 PROCEDENTE PARCIALMENTE Justificación En el apartado de Referencias se precisa que deberán observarse las Normas Oficiales Mexicanas vigentes o las que las sustituyan, por lo que se considera repetitivo, de esta manera se homologan las NOM que están siendo actualizadas. Por lo anterior, el texto quedará de la siguiente manera: d)  Sustancias fundidas: Cuando una sustancia sólida de acuerdo a la definición se presente para el transporte en estado fundido, se agregará la palabra "FUNDIDA" como parte de la designación oficial de transporte, a menos que ya forme parte de ésta, (NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023);     Ing. Javier Reyes 15   Proyecto de NOM: f)   Sustancias estabilizadas y controladas por temperatura: A menos que forme parte de la designación oficial de transporte, se agregará la palabra "ESTABILIZADA" al nombre de envío adecuado si se utiliza estabilización y las palabras "TEMPERATURA CONTROLADA" se agregarán al nombre de envío adecuado si se trata de estabilización es por control de temperatura o una combinación de estabilización química y control de temperatura, véase NOM-002-SCT-2011 Propuesta de cambio: f)   Sustancias estabilizadas y controladas por temperatura: A menos que forme parte de la designación oficial de transporte, se agregará la palabra "ESTABILIZADA" al nombre de envío adecuado si se utiliza estabilización y las palabras "TEMPERATURA CONTROLADA" se agregarán al nombre de envío adecuado si se trata de estabilización es por control de temperatura o una combinación de estabilización química y control de temperatura, véase NOM-002-SCT-2011 vigente o la que la sustituya. Justificación: Otorgar certeza ante la próxima publicación de la nueva NOM-002 y adecuar redacción. PROCEDENTE PARCIALMENTE Justificación En el apartado de Referencias se precisa que deberán observarse las Normas Oficiales Mexicanas vigentes o las que las sustituyan, por lo que se considera repetitivo, de esta manera se homologan las NOM que están siendo actualizadas. Se efectúa la corrección del paréntesis como acción complementaria. Para quedar de la siguiente manera: f)   Sustancias estabilizadas y controladas por temperatura: A menos que forme parte de la designación oficial de transporte, se agregará la palabra "ESTABILIZADA" al nombre de envío adecuado si se utiliza estabilización y las palabras "TEMPERATURA CONTROLADA" se agregarán al nombre de envío adecuado si se trata de estabilización por control de temperatura o una combinación de estabilización química y control de temperatura, (NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023).     Ing. Javier Reyes 16   Proyecto de NOM: 5.1.5.2 (5.4.1.5.2) Cantidades limitadas Cuando se efectúe un transporte al amparo de las excepciones previstas en la columna 7a del Listado 2 de la NOM-002-SCT/2011, se sujetará a lo que establece la NOM-011-SCT2-2012. Comentario: Para el caso de cantidades exceptuadas, se debiera señalar lo conducente.   PROCEDENTE Justificación En el apartado de Referencias se precisa que deberán observarse las Normas Oficiales Mexicanas vigentes o las que las sustituyan, por lo que se considera repetitivo, de esta manera se homologan las NOM que están siendo actualizadas. Derivado de este comentario, se incluirá la NOM-011-1-SCT2 en el numeral 5.1.5.2, así como en el apartado de referencias. Quedando de la siguiente manera: 5.1.5.2 (5.4.1.5.2) Cantidades limitadas. Cuando se efectúe un transporte al amparo de las excepciones previstas en las columnas 7a y 7b del Listado de Mercancías Peligrosas, por Orden Numérico de la NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023, se sujetará a lo que establecen las NOM-011-SCT2/2012 y NOM-011-1-SCT-2-2022.   Ing. Javier Reyes 17   Proyecto de NOM: ND. Cometario: En persos numerales se señalan las Normas y no se señala que se refiere a la norma vigente o la que la sustituya. Se sugiere incluirlo o en una nota señalarlo. NO PROCEDENTE Justificación En el apartado de Referencias se precisa que deberán observarse las Normas Oficiales Mexicanas vigentes o las que las sustituyan, por lo que se considera repetitivo, de esta manera se homologan las NOM que están siendo actualizadas. Por lo anterior, se realizará esta modificación a lo largo del texto de la NOM.   Ing. Javier Reyes 18   Proyecto de NOM: 5.1.5.5.2 (5.4.1.5.5.2) Cuando se transporten peróxidos orgánicos y sustancias que reaccionan espontáneamente en condiciones en las que se requiera aprobación (para los peróxidos orgánicos, véanse NOM-027-SCT2-2009 y NOM-002-1-SCT-2009; para las sustancias que reaccionan espontáneamente, véase 2.4.2.3.2.4 de la Reglamentación Modelo y NOM-002-1-SCT-2009, se hará constar tal circunstancia en el documento de transporte de mercancías peligrosas. Se anexará al documento de transporte de mercancías peligrosas una copia de la aprobación de la clasificación y de las condiciones de transporte de los peróxidos orgánicos y las sustancias que reaccionan espontáneamente no incluidos en la lista. Propuesta de cambio: 5.1.5.5.2 (5.4.1.5.5.2) Cuando se transporten peróxidos orgánicos y sustancias que reaccionan espontáneamente en condiciones en las que se requiera aprobación para los peróxidos orgánicos, (véanse NOM-027-SCT2-2009 y NOM-002-1-SCT-2009); para las sustancias que reaccionan espontáneamente, (véase 2.4.2.3.2.4 de la Reglamentación Modelo y NOM-002-1-SCT), se hará constar tal circunstancia en el documento de transporte de mercancías peligrosas. Se anexará al documento de transporte de mercancías peligrosas una copia de la aprobación de la clasificación y de las condiciones de transporte de los peróxidos orgánicos y las sustancias que reaccionan espontáneamente no incluidos en la lista. Justificación: Se abre paréntesis, pero no se indica dónde termina o se cierra el paréntesis. PROCEDENTE Justificación En el apartado de Referencias se precisa que deberán observarse las Normas Oficiales Mexicanas vigentes o las que las sustituyan, por lo que se considera repetitivo, de esta manera se homologan las NOM que están siendo actualizadas. En lo que respecta a la modificación en cuanto a cerrar el paréntesis, se realizará de tal forma que el numeral 5.1.5.5.2 se incluirá de la siguiente manera: 5.1.5.5.2 (5.4.1.5.5.2) Cuando se transporten peróxidos orgánicos y sustancias que reaccionan espontáneamente en condiciones en las que se requiera aprobación para los peróxidos orgánicos, (véanse NOM-027-SCT2/2009 y NOM-002/1-SCT/2009); para las sustancias que reaccionan espontáneamente, (véase 2.4.2.3.2.4 de la Reglamentación Modelo y NOM-002/1-SCT/2009), se hará constar tal circunstancia en el documento de transporte de mercancías peligrosas. Se anexará al documento de transporte de mercancías peligrosas una copia de la aprobación de la clasificación y de las condiciones de transporte de los peróxidos orgánicos y las sustancias que reaccionan espontáneamente no incluidos en la lista.     Ing. Javier Reyes 19   Proyecto de NOM: 5.1.5.5.3 (5.4.1.5.5.3) Cuando se transporte una muestra de peróxido orgánico numeral 5.2.7 de la NOM-027-SCT2-2009 o de sustancias que reaccionan espontáneamente (véase 2.4.2.3.2.4 b)) de la Reglamentación Modelo, se hará constar tal circunstancia en el documento de transporte de mercancías peligrosas. Propuesta de cambio: 5.1.5.5.3 (5.4.1.5.5.3) Cuando se transporte una muestra de peróxido orgánico numeral 5.2.7 de la NOM-027-SCT2-2009 o de sustancias que reaccionan espontáneamente (véase 2.4.2.3.2.4 b)) de la Reglamentación Modelo), se hará constar tal circunstancia en el documento de transporte de mercancías peligrosas. Justificación: Eliminar doble paréntesis reubicando el cierre del paréntesis. PROCEDENTE Justificación En el apartado de Referencias se precisa que deberán observarse las Normas Oficiales Mexicanas vigentes o las que las sustituyan, por lo que se considera repetitivo, de esta manera se homologan las NOM que están siendo actualizadas. Así también, en el presente numeral se eliminará el paréntesis que está de más, de tal forma que aparecerá de la siguiente manera: 5.1.5.5.3 (5.4.1.5.5.3) Cuando se transporte una muestra de peróxido orgánico numeral 5.2.7 de la NOM-027-SCT2/2009 o de sustancias que reaccionan espontáneamente (véase 2.4.2.3.2.4 inciso b, de la Reglamentación Modelo), se hará constar tal circunstancia en el documento de transporte de mercancías peligrosas.   Ing. Javier Reyes 20   Proyecto de NOM: 5.1.5.8 (5.4.1.5.8) Transporte de sólidos en contenedores para graneles En los contenedores para graneles distintos de aquellos para mercancías en general, deberá figurar la indicación siguiente en el documento de transporte véase 6.8.4.6 de la Reglamentación Modelo: Propuesta de cambio: 5.1.5.8 (5.4.1.5.8) Transporte de sólidos en contenedores para graneles En los contenedores para graneles distintos de aquellos para mercancías en general, deberá figurar la indicación siguiente en el documento de transporte (véase 6.8.4.6 de la Reglamentación Modelo): Justificación: Sintaxis PROCEDENTE Justificación Los paréntesis brindan una información complementaria o aclaratoria. Se incluirán los paréntesis para hacer referencia al numeral 6.8.4.6 de la Reglamentación Modelo, de la siguiente manera: 5.1.5.8 (5.4.1.5.8) Transporte de sólidos en contenedores para graneles. En los contenedores para graneles distintos de aquellos para mercancías en general, deberá figurar la indicación siguiente en el documento de transporte (véase 6.8.4.6 de la Reglamentación Modelo):   Ing. Javier Reyes 21 Proyecto de NOM: 5.1.5.11 (5.4.1.5.11) Clasificación cuando se disponga de datos nuevos, véase 2.0.0.2 de la Reglamentación Modelo. Propuesta de cambio: 5.1.5.11 (5.4.1.5.11) Clasificación cuando se disponga de datos nuevos, (véase 2.0.0.2 de la Reglamentación Modelo). Justificación: Sintaxis PROCEDENTE Justificación Los paréntesis brindan una información complementaria o aclaratoria. Se incluirán los paréntesis para hacer referencia al numeral 2.0.0.2 de la Reglamentación Modelo, de la siguiente manera: 5.1.5.11 (5.4.1.5.11) Clasificación cuando se disponga de datos nuevos, (véase 2.0.0.2 de la Reglamentación Modelo).   Ing. Javier Reyes 22   Proyecto de NOM: 5.1.6.1 (5.4.1.6.1) El documento de transporte de mercancías peligrosas incluirá una declaración en que se manifieste que la remesa puede ser aceptada para el transporte y que las mercancías están debidamente clasificadas, embaladas/envasadas, marcadas y etiquetadas, rotuladas y en condiciones adecuadas para su transporte de conformidad con la presente NOM. La declaración estará redactada del siguiente modo: "Por la presente declaro que el contenido de esta remesa está descrito más arriba de forma completa y exacta con la designación oficial de transporte, y está correctamente clasificado, embalado/envasado, marcado y etiquetado/rotulado, y en todos los aspectos en condiciones adecuadas para su transporte de conformidad con los reglamentos internacionales y nacionales aplicables". La declaración deberá ser firmada y fechada por el expedidor. Quedarán autorizadas las firmas en facsímile, siempre que la validez de éstas, sea reconocida por la regulación aplicable. Comentario: No es clara la Norma a qué regulación aplicable se refiere, sugiriéndose señalar. NO PROCEDENTE Justificación Es improcedente mencionar que las leyes nacionales e internacionales sean sustituidas por: reglamentos y las NOMs, IMO e IATA. Ya que el termino reglamentación nacional conlleva a reglas nacionales de otros países como el CFR en USA, la reglamentación de Canadá TDG, los reglamentos Europeos ADR, RID, ADN, el reglamento chino o australiano, que son las bases para preparar un documento de mercancías peligrosas en esos países y que son reglamentaciones nacionales al estar el embarque en ese país. Además como reglamentaciones internacionales no solo está el IATA e IMO, sino el mismo ADR, RID y ADN son de carácter internacional porque lo aplica toda la comunidad Europea y algunos países asiáticos, así detallar tanto la normativa, podría incurrir en la omisión de alguno de estos reglamentos o reglamentos nuevos que salgan. Por lo que es adecuado dejar la norma en el estado que se encuentra. Se conserva el texto original como sigue: 5.1.6.1 (5.4.1.6.1) El documento de transporte de mercancías peligrosas incluirá una declaración en que se manifieste que la remesa puede ser aceptada para el transporte y que las mercancías están debidamente clasificadas, embaladas/envasadas, marcadas y etiquetadas, rotuladas y en condiciones adecuadas para su transporte de conformidad con la presente NOM. La declaración estará redactada del siguiente modo: "Por la presente declaro que el contenido de esta remesa está descrito más arriba de forma completa y exacta con la designación oficial de transporte, y está correctamente clasificado, embalado/envasado, marcado y etiquetado/rotulado, y en todos los aspectos en condiciones adecuadas para su transporte de conformidad con los reglamentos internacionales y nacionales aplicables". La declaración deberá ser firmada y fechada por el expedidor. Quedarán autorizadas las firmas en facsímile, siempre que la validez de éstas, sea reconocida por la regulación aplicable.   Ing. Javier Reyes 23   Proyecto de NOM: i) Se ha recibido un documento de transporte de mercancías peligrosas, como se indica en el numeral 5.1, para cada remesa de mercancías peligrosas arrumada en el contenedor/vehículo. Comentario: Al remitir al numeral 5.1 pareciera que en todos los casos deberá ser mediante TED o IED, ya que dicho numeral solo contiene la Nota a que hace referencia estas dos técnicas de emisión de documentos. Se sugiere adecuar texto. PROCEDENTE Justificación Para aclarar la aplicación de la NOM, el inciso i) del numeral 5.2.1 (5.4.2.1), queda de la siguiente manera: i)   Se ha recibido un documento de transporte de mercancías peligrosas, como se indica en los numerales del 5.1.1 al 5.1.1.3, para cada remesa de mercancías peligrosas arrumada en el contenedor/vehículo.   Ing. Javier Reyes 24   Proyecto de NOM: 5.3 (5.4.3) Información relativa a la adopción de medidas en caso de emergencia. Para el envío de mercancías peligrosas respecto de las cuales se requiera un documento de transporte en la presente NOM, las informaciones pertinentes serán accesibles inmediatamente y en todo momento con el fin de permitir la adopción de las medidas de emergencia necesarias en caso de accidentes o de incidentes relacionados con las mercancías peligrosas transportadas. Estas informaciones estarán separadas de los bultos que contengan las mercancías peligrosas y serán accesibles de forma inmediata en caso de accidente o incidente, para tal efecto, deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-005-SCT-2008 Información de Emergencia en Transportación. Propuesta de cambio: 5.3 (5.4.3) Información relativa a la adopción de medidas en caso de emergencia Para el envío de mercancías peligrosas respecto de las cuales se requiera un documento de transporte conforme a en la presente NOM, las informaciones pertinentes serán accesibles inmediatamente y en todo momento con el fin de permitir la adopción de las medidas de emergencia necesarias en caso de accidentes o de incidentes relacionados con las mercancías peligrosas transportadas. Estas informaciones estarán separadas de los bultos que contengan las mercancías peligrosas y serán accesibles de forma inmediata en caso de accidente o incidente. Para tal efecto, deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-005-SCT-2008 Información de Emergencia en Transportación. Justificación: Adecuar redacción y sintaxis. PROCEDENTE Justificación En el apartado de Referencias se precisa que deberán observarse las Normas Oficiales Mexicanas vigentes o las que las sustituyan, por lo que se considera repetitivo, de esta manera se homologan las NOM que están siendo actualizadas. Para dar claridad a la aplicación de la NOM, se integra el comentario, a efecto de que el numeral 5.3 (5.4.3) quede como sigue: 5.3 (5.4.3) Información relativa a la adopción de medidas en caso de emergencia. Para el envío de mercancías peligrosas respecto de las cuales se requiera un documento de transporte conforme a la presente NOM, las informaciones pertinentes serán accesibles inmediatamente y en todo momento con el fin de permitir la adopción de las medidas de emergencia necesarias en caso de accidentes o de incidentes relacionados con las mercancías peligrosas transportadas. Estas informaciones estarán separadas de los bultos que contengan las mercancías peligrosas y serán accesibles de forma inmediata en caso de accidente o incidente. Para tal efecto, deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-005-SCT/2008, Información de emergencia para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.     Ing. Javier Reyes 25   Proyecto de NOM: 7. Concordancia con normas y lineamientos internacionales Esta Norma Oficial Mexicana es equivalente al 100% con las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo de la Organización de las Naciones Unidas, capítulo 5.4, 22ª edición revisada, Nueva York y Ginebra, 2021. Propuesta de cambio: 7. Concordancia con normas y lineamientos internacionales Esta Norma Oficial Mexicana es equivalente a al 100% con las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo de la Organización de las Naciones Unidas, capítulo 5.4, 22ª edición revisada, Nueva York y Ginebra, 2021. Justificación: Sintaxis y redacción. PROCEDENTE Justificación La Norma presenta ligeras correcciones de sintaxis, redacción y ortografía que hacen que ya no sea equivalente al 100% del documento de la Reglamentación Modelo. Para dar claridad a la aplicación de la NOM, se precisa lo que propone el comentario, tal como sigue: 7. Concordancia con normas y lineamientos internacionales. Esta Norma Oficial Mexicana es equivalente a las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo de la Organización de las Naciones Unidas, capítulo 5.4, 22ª edición revisada, Nueva York y Ginebra, 2021.   Ing. Javier Reyes 26   Proyecto de NOM: 8. Verificación La Secretaría, la Secretaría de Marina, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, son las autoridades competentes para vigilar el cumplimiento de la presente NOM, de conformidad con sus respectivas atribuciones. Propuesta de cambio: 8. Verificación La Secretaría, la Secretaría de Marina, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, y la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Guardia Nacional, son las autoridades competentes para vigilar el cumplimiento de la presente NOM, de conformidad con sus respectivas atribuciones. Justificación: Se sugiere incluir a GN. PROCEDENTE Justificación Para dar claridad a la aplicación de la NOM, se incluye el nombre completo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y se incorpora a la Guardia Nacional en el numeral relativo a la Verificación, para quedar como sigue: 8. Verificación. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la Agencia Federal de Aviación Civil, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Guardia Nacional, son las autoridades competentes para vigilar el cumplimiento de la presente NOM, de conformidad con sus respectivas atribuciones.     Ing. Javier Reyes 27   Proyecto de NOM: 9.2 Transporte aéreo. Para el transporte por vía aérea, la evaluación de la conformidad se realizará en las verificaciones que se efectúen a los concesionarios, permisionarios u operadores aéreos, a las aeronaves pertenecientes o en posesión de los mismos y/o cualquier otra verificación realizada por la autoridad aeronáutica, a través de su personal verificador y/o las unidades de verificación acreditadas y aprobadas. Lo cual consistirá en comprobar que se cumple con lo establecido en la norma aplicable al transporte aéreo y en el Documento 9284-AN-905 denominado: Instrucción Técnica para el Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, en su última edición, emitido por la Organización de Aviación Civil Internacional. Propuesta de cambio: 9.2 Transporte aéreo. Para el transporte por vía aérea, la evaluación de la conformidad se realizará en las verificaciones que se efectúen a los concesionarios, permisionarios u operadores aéreos, a las aeronaves pertenecientes o en posesión de los mismos y/o cualquier otra verificación realizada por la autoridad aeronáutica, a través de su personal verificador y/o las unidades de inspección verificación acreditadas y aprobadas. Lo cual consistirá en comprobar que se cumple con lo establecido en la norma aplicable al transporte aéreo y en el Documento 9284-AN-905 denominado: Instrucción Técnica para el Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, en su última edición, emitido por la Organización de Aviación Civil Internacional. Justificación: Actualizar término correcto. PROCEDENTE Justificación Se incluye el comentario en el siguiente numeral, a efecto de estar acorde con la Ley de Infraestructura de la Calidad, respecto a las unidades de inspección para quedar como sigue: 9.2 Transporte aéreo. Para el transporte por vía aérea, la evaluación de la conformidad se realizará en las verificaciones que se efectúen a los concesionarios, permisionarios u operadores aéreos, a las aeronaves pertenecientes o en posesión de los mismos y/o cualquier otra verificación realizada por la autoridad aeronáutica, a través de su personal verificador y/o las unidades de inspección acreditadas y aprobadas. Lo cual consistirá en comprobar que se cumple con lo establecido en la norma aplicable al transporte aéreo y en el Documento 9284-AN-905 denominado: Instrucción Técnica para el Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, en su última edición, emitido por la Organización de Aviación Civil Internacional.   Ing. Javier Reyes 28   Proyecto de NOM: 9.3 Transporte marítimo. En el transporte marítimo la verificación del grado de cumplimiento o evaluación de la conformidad se realizará con sujeción a la normatividad interna, así como a los convenios, códigos y demás instrumentos internacionales en la materia, de los que nuestro país sea parte y que estén en vigor. La evaluación de la conformidad para el transporte por esta vía, se realizará por la autoridad marítima, por sí o a través de unidades de verificación acreditadas y aprobadas, en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Propuesta de cambio: 9.3 Transporte marítimo. En el transporte marítimo la verificación del grado de cumplimiento o evaluación de la conformidad se realizará con sujeción a la normatividad interna, así como a los convenios, códigos y demás instrumentos internacionales en la materia, de los que nuestro país sea parte y que estén en vigor. La evaluación de la conformidad para el transporte por esta vía, se realizará por la autoridad marítima, por sí o a través de unidades de inspección verificación acreditadas y aprobadas, en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Justificación: Actualizar término correcto PROCEDENTE Justificación Se incluye el comentario en el siguiente numeral, a efecto de estar acorde con la Ley de Infraestructura de la Calidad, respecto a las unidades de inspección para quedar como sigue: 9.3 Transporte marítimo. En el transporte marítimo la verificación del grado de cumplimiento o evaluación de la conformidad se realizará con sujeción a la normatividad interna, así como a los convenios, códigos y demás instrumentos internacionales en la materia, de los que nuestro país sea parte y que estén en vigor. La evaluación de la conformidad para el transporte por esta vía se realizará por la autoridad marítima, por sí o a través de unidades de inspección acreditadas y aprobadas, en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad.     Ing. Javier Reyes 29   Proyecto de NOM: 11. Transitorios Primero. Con la entrada en vigor de la presente NOM, se sustituye la NOM-043-SCT-2003 Documento de embarque de substancias, materiales y residuos peligrosos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de enero de 2004, quedando sin efecto cualquier documento que contravenga a lo dispuesto en esta NOM. Propuesta e cambio: 11. Transitorios Primero. Con la entrada en vigor de la presente NOM, se sustituye la NOM-043-SCT-2003 Documento de embarque de substancias, materiales y residuos peligrosos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de enero de 2004, quedando sin efecto cualquier documento que contravenga a lo dispuesto en esta NOM. Justificación: No se identifican documentos emitidos relacionados a la Norma, por lo que resulta innecesaria esta precisión. PROCEDENTE No se identifican documentos emitidos relacionados a la Norma, por lo que resulta innecesaria esta precisión. Se realizará la precisión presentada en el comentario, de tal forma que el texto quedará como sigue: 11. Transitorios. Primero. Con la entrada en vigor de la presente NOM, se sustituye la NOM-043-SCT-2003 Documento de embarque de substancias, materiales y residuos peligrosos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de enero de 2004.       Proyecto de NOM: Segundo. El cumplimiento del artículo 49 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, se atiende únicamente con la información requerida en la presente NOM. Propuesta de cambio: Segundo. El cumplimiento del artículo 49 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, se atiende únicamente con la información requerida en la presente NOM. Justificación: Se sugiere eliminar, toda vez que no se trata de una disposición transitoria, sino que es perene. En todo caso, debiera reubicarse en el cuerpo de la Norma, en el capítulo de Verificación o Evaluación de la conformidad. PROCEDENTE Justificación Para dar certeza jurídica en cuanto la aplicación del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, el siguiente párrafo se reubica en el apartado 8. Verificación segundo párrafo, tal como lo propone el presente comentario como sigue: El cumplimiento del artículo 49 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, se atiende únicamente con la información requerida en la presente NOM.     Ing. Javier Reyes 31   Proyecto de NOM: 21.-  Recibo de la empresa receptora para su transporte: Antes de transportar la mercancía peligrosa, la empresa que la recibe, anotará las condiciones en las que recibe, señalando en el caso del autotransporte las placas del vehículo, fecha y firma del conductor, para el transporte ferroviario la firma del empleado responsable de la recepción de la mercancía peligrosa. Propuesta de cambio: 21.-  Recibo de la empresa receptora para su transporte: Antes de transportar la mercancía peligrosa, la empresa que la recibe, anotará las condiciones en las que recibe, señalando en el caso del autotransporte las placas del vehículo, fecha y firma del conductor. Para el transporte ferroviario, llevará la firma del empleado responsable de la recepción de la mercancía peligrosa. Justificación: Redacción y sintaxis. PROCEDENTE Justificación Agrega sintaxis a la redacción. Se modificará el siguiente texto derivado del comentario, de la siguiente manera: 21.-  Recibo de la empresa receptora para su transporte: Antes de transportar la mercancía peligrosa, la empresa que la recibe anotará las condiciones en las que recibe, señalando en el caso del autotransporte las placas del vehículo, fecha y firma del conductor. Para el transporte ferroviario, llevará la firma del empleado responsable de la recepción de la mercancía peligrosa.   _____________________   En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.

  • Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se define la metodología, así como la instancia que seleccionará las preguntas provenientes de redes sociales relativas al Formato Tipo A que se utilizará en el primer debate presidencial en el Proceso Electoral Federal 2023-2024. (TOLMEX2.646.979)
    el 4 marzo, 2024 a las 10:12 pm

    ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se define la metodología, así como la instancia que seleccionará las preguntas provenientes de redes sociales relativas al Formato Tipo A que se utilizará en el primer debate presidencial en el Proceso Electoral Federal 2023-2024. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG95/2024. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DEFINE LA METODOLOGÍA, ASÍ COMO LA INSTANCIA QUE SELECCIONARÁ LAS PREGUNTAS PROVENIENTES DE REDES SOCIALES RELATIVAS AL FORMATO TIPO A QUE SE UTILIZARÁ EN EL PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024 GLOSARIO Aleatoriedad Se refiere a la ausencia de un patrón o regularidad en un conjunto de datos o en el resultado de un proceso Base de datos Conjunto organizado de datos que están almacenados y estructurados de manera que tengan un fácil acceso, así como que puedan ser gestionados y actualizados. Estos datos suelen estar relacionados entre sí de alguna manera, lo que permite realizar consultas y extraer información específica Base de datos condensada Conjunto de preguntas condensadas semánticamente (con igual significado) y sintácticamente (con igual estructura), que permita con base en su frecuencia realizar el muestreo estratificado de los registros recabados sin repeticiones Bolsa de tiempo Tiempo determinado en cada Formato Aprobado, que las candidaturas pueden ocupar en varias intervenciones, conforme lo consideren necesario, para exponer y contrastar ideas y propuestas con quienes participan en el debate CNCS Coordinación Nacional de Comunicación Social Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CTD Comisión Temporal de Debates Debates Aquellos actos públicos que únicamente se pueden realizar en el periodo de campaña, en los que participan las candidaturas a un mismo cargo de elección popular con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático, bajo un formato previamente establecido y con observancia de los principios de equidad y trato igualitario, sin que afecte la flexibilidad de los formatos DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos DOF Diario Oficial de la Federación Estrato Se refiere a una subpisión o subgrupo homogéneo dentro de una población más grande. Estos estratos se crean con la intención de agrupar elementos que compartan características similares relevantes para el estudio Frecuencia Cantidad de veces que se observa un valor específico en un conjunto de datos Formulario Documento estructurado que recopila información de manera organizada y sistemática. Generalmente, está diseñado con espacios en blanco, casillas de verificación, campos de texto u otras estructuras para que los usuarios introduzcan datos específicos en áreas designadas Formato Conjunto de características técnicas y de presentación de un programa de televisión INE/Instituto Instituto Nacional Electoral LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Metodología Conjunto de métodos, técnicas, procesos o procedimientos sistemáticos que se utilizan en una disciplina o campo específico del conocimiento para llevar a cabo investigaciones, estudios, análisis o actividades Moderador/ moderadora Persona responsable de conducir y facilitar la interacción entre las candidaturas que participen en el debate Muestra Un subgrupo de la población objetivo de la cual se recolectarán los datos Muestra auto ponderada Se refiere a una selección de elementos donde cada uno tiene un peso específico basado en su propia característica o mérito intrínseco en relación con la variable que se está estudiando. En una muestra auto ponderada, los elementos inpiduales tienen un impacto diferenciado en el análisis o la interpretación de los resultados y este impacto se deriva directamente de su propia naturaleza o relevancia para la variable en cuestión Muestra estratificada Técnica de muestreo en la que la población se pide en subgrupos o estratos homogéneos basados en ciertas características relevantes para la investigación. Posteriormente, se selecciona una muestra aleatoria de cada estrato para representar proporcionalmente a toda la población. Su objetivo es asegurar que todos los subgrupos o estratos dentro de la población tengan representación en la muestra, lo que permite obtener una imagen más precisa y representativa de la persidad de la población en estudio PEF 2023-2024 Proceso Electoral Federal 2023-2024 PNL Procesamiento de lenguaje natural Preguntas generales Son preguntas que no van dirigidas a una candidatura específica y que pueden ser contestadas por la totalidad de participantes en las mismas condiciones Producción Conjunto de procesos técnicos, creativos, administrativos y logísticos para conseguir la elaboración y argumentación de una pieza audiovisual RE Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral Redes sociales y plataformas digitales Plataformas o herramientas digitales que facilitan la interacción, comunicación y conexión entre inpiduos, grupos o comunidades en línea. Estas plataformas permiten compartir contenido (como mensajes, imágenes, videos, enlaces, etc.), interactuar con otras y otros usuarios a través de comentarios, mensajes directos o reacciones, y construir relaciones en un entorno virtual Reglas Básicas Pautas o lineamientos que deben regir la organización de los debates presidenciales y que están establecidas en el artículo 307 del Reglamento de Elecciones Representatividad Capacidad de un conjunto de datos, una muestra o un grupo para reflejar adecuadamente las características o la persidad de una población más amplia Selección muestral estratificada Este enfoque se utiliza para garantizar que todos los subgrupos o estratos dentro de la población estén representados en la muestra final de manera proporcional a su importancia en la población general. Cada estrato se considera como una unidad separada y se toma una muestra independiente de cada uno RI Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral Universo Conjunto completo de elementos o inpiduos que comparten una característica común y que son objeto de estudio o análisis   ANTECEDENTES I.     Inicio del Proceso Electoral Federal 2023-2024. El 7 septiembre de 2023, el Consejo General del INE llevó a cabo la sesión extraordinaria para el inicio del PEF 2023-3024. II.     Creación de la Comisión Temporal de Debates. El 8 de septiembre de 2023, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo identificado con la clave INE/CG532/2023, por el que se aprobó la integración y presidencias de las comisiones permanentes y otros órganos del Instituto, así como la creación de las comisiones temporales de debates y del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. III.    Instalación de la Comisión Temporal de Debates y aprobación del Plan de Trabajo. El 22 de septiembre de 2023 se instaló la CTD y en la misma sesión se aprobó someter a consideración del Consejo General su Plan de Trabajo. IV.   Plan de Trabajo de la Comisión Temporal de Debates. El 28 de septiembre de 2023, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Plan de Trabajo de la CTD. V.    Celebración del Foro Internacional de Debates 2023-2024. El 8 de noviembre de 2023, el INE llevó a cabo el Foro Internacional de Debates 2023-2024 en el que, de manera virtual, autoridades electorales y especialistas en la materia de México y el extranjero compartieron experiencias, retos y buenas prácticas en la organización de los debates electorales. VI.   Aprobación de las Reglas Básicas y criterios objetivos para la selección de personas moderadoras por parte del Consejo General. El 16 de noviembre de 2023, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo identificado con la clave INE/CG614/2023, mediante el cual se aprobaron las Reglas Básicas para la celebración de los debates entre las candidaturas a la Presidencia de la República durante el PEF 2023-2024, así como los criterios objetivos para la selección de las y los moderadores. VII.   Aprobación de los formatos específicos de los debates. El 7 de diciembre de 2023, el Consejo General aprobó el Acuerdo identificado con la clave INE/CG646/2023 por el que se aprueban los formatos específicos de los debates entre las candidaturas a la Presidencia de la República durante el PEF 2023-2024. VIII.  Aprobación de formatos, sedes y obligatoriedad de los debates. El 18 de enero de 2024, el Consejo General aprobó el Acuerdo identificado con la clave INE/CG09/2024 por el que se define el formato y la sede de cada uno de los debates entre las candidaturas a la Presidencia de la República, así como los ejercicios cuya transmisión será obligatoria, en términos del artículo 218 de la LGIPE, en el PEF 2023-2024. IX.   Aprobación por parte de la CTD. En sesión extraordinaria del pasado 6 de febrero de 2024, la CTD aprobó el anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen criterios específicos para el Formato A de los debates presidenciales del PEF 2023-2024 CONSIDERACIONES El INE y su función estatal 1.     De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de la CPEUM; 29, numeral 1; 30, numeral 2; 31, numeral 1, 34, numeral 1, inciso a) y 35 de la LGIPE, la organización de las elecciones es una función estatal que realiza el INE, organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Todas las actividades del Instituto se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se realizarán con perspectiva de género.        El Instituto es independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. Para el desarrollo de esta función, el INE actúa mediante su Consejo General, que es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.        El artículo 41, Base V, Apartado B de la CPEUM determina las atribuciones que le corresponde desempeñar al Instituto en los procesos electorales federales y locales. 2.     De conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a) y g) de la LGIPE, el Instituto tiene, entre otros fines, contribuir al desarrollo de la vida democrática, así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. Atribuciones del Consejo General en materia de debates 3.     El artículo 218, numerales 1 y 2 de la LGIPE establece que el Consejo General organizará dos debates obligatorios entre las candidaturas a la Presidencia de la República. Sin embargo, dicha determinación es enunciativa mas no limitativa. Para ello, este órgano tiene la facultad de definir las reglas, fechas y sedes, respetando el principio de igualdad entre las candidaturas. 4.     El artículo 307, numerales 1 y 2 del RE indica que el Consejo General creará una Comisión Temporal encargada de coordinar la realización de debates en la elección presidencial, integrada con un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeras y consejeros electorales del Consejo General. Las y los representantes de los partidos políticos podrán participar con voz, pero sin voto. 5.     Como lo señala el artículo 44, numeral 1, incisos gg) y jj) de la LGIPE, son atribuciones del Consejo General aprobar y expedir los reglamentos, lineamientos y Acuerdos, así como dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones señaladas en la ley. 6.     Conforme lo mandata el artículo 64, inciso t) del RI, corresponde a la CNCS del Instituto realizar, producir, difundir y supervisar la organización de los debates que se difundan en radio y televisión entre las y los candidatos a cargos de elección popular que determine el Consejo General. Por tanto, la CNCS será la instancia encargada de coordinar la producción de los debates presidenciales. Comisión Temporal de Debates 7.     Los artículos 42, numeral 1 de la LGIPE; 10, numerales 1 y 2 del RI y 307, numeral 1 del RE señalan que el Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, con tres o cinco consejeras o consejeros, atendiendo el principio de paridad de género, y siempre serán presididas por una de ellas o ellos. Asimismo, en los Acuerdos de integración o creación de las comisiones temporales, el Consejo General deberá precisar el objeto específico de la misma, sus atribuciones, así como los plazos y condiciones a los que esté sujeta su existencia. 8.     En ese sentido, como se refirió en el apartado de Antecedentes del presente instrumento, mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG532/2023, este Consejo General creó la CTD como la instancia encargada de coordinar la realización de debates en la elección presidencial de 2024. 9.     El artículo 304 dispone que, por debate se entienden aquellos actos públicos que únicamente se pueden realizar en el periodo de campaña, en los que participan candidaturas a un mismo cargo de elección popular con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático, bajo un formato previamente establecido y con observancia del principio de trato igualitario, sin que afecte la flexibilidad de los formatos. Reglas Básicas 10.   Como se refirió en el apartado de Antecedentes, el 16 de noviembre de 2023 este Consejo General aprobó las Reglas Básicas para los debates presidenciales, con el objetivo de establecer las directrices que deberán seguir el diseño de los formatos y la ejecución de los debates presidenciales de 2024, como ejercicios que promuevan el libre intercambio de ideas con formatos flexibles e innovadores que incluyan temas que reflejen el interés de las y los mexicanos. 11.   Al aprobar las reglas básicas, el Consejo General estimó que el INE, por medio de la CTD, será la instancia que operará estos ejercicios de contraste de ideas y propuestas entre las candidaturas a la Presidencia de la República. La CTD es la encargada de la coordinación, planeación y realización de estos ejercicios. La CNCS fungirá como Secretaría Técnica de la CTD, mientras que la DEPPP participará como invitada permanente. 12.   Respecto a la participación de la ciudadanía, las Reglas Básicas establecen que el Consejo General, a propuesta de la CTD, aprobará los mecanismos para garantizar dicha actividad. Éstos se determinarán como parte de los formatos específicos de cada debate, y podrán incluir participación directa o indirecta, de manera presencial o por medio del uso de tecnología (redes sociales y/o plataformas digitales), o cualquier otro medio que haga efectiva la inclusión ciudadana desde diferentes regiones del país o del extranjero. Formatos específicos 13.   En el Acuerdo identificado con la clave INE/CG646/2023 el Consejo General estableció para el Formato A. Debate Dinámica Forma de participación de la ciudadanía Formato A Bolsa de tiempo con preguntas ciudadanas Preguntas de redes sociales   14.   Para cada formato de debate también se establecieron los siguientes temas: Debate Título del debate Temas Formato A La sociedad que queremos ·  Educación y salud ·  Transparencia y combate a la corrupción ·  No discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres   De los mecanismos de participación ciudadana 15.   Adicionalmente, en los formatos se establecieron mecanismos de participación ciudadana a través de redes sociales o a través de preguntas directas de la ciudadanía.        En el Formato A, las preguntas que se reciban a partir de redes sociales y plataformas digitales en Internet se segmentarán por tema y región (norte, centro y sur), dependiendo de la entidad del país de la que se reciban. En uno de los bloques de cada segmento, se retomarán preguntas de una región específica.        La regionalización establecida es la siguiente:        Formato A   Norte Centro Sur Baja California Aguascalientes Campeche Baja California Sur Ciudad de México Chiapas Chihuahua Colima Guerrero Coahuila Estado de México Oaxaca Durango Guanajuato Puebla Nayarit Hidalgo Quintana Roo Nuevo León Jalisco Tabasco Sinaloa Michoacán Veracruz Sonora Morelos Yucatán Tamaulipas Querétaro   Zacatecas San Luis Potosí     Tlaxcala     16.   Asimismo, el Acuerdo identificado con la clave INE/CG09/2024 establece lo siguiente: i.    Formato Asignado: Número Formato Fecha Primer debate A 7 de abril de 2024   ii.   Sede: Número Sede Primer debate Oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral   17.   Adicionalmente, sobre la convocatoria y el mecanismo para captar preguntas de redes sociales para el debate con Formato A, en el Acuerdo identificados con la clave INE/CG646/2023 se establece que la CTD, a propuesta de la Secretaría Técnica, aprobará los términos de la convocatoria, así como el mecanismo y los criterios para la selección de las preguntas que serán puestas a consideración de las personas moderadoras que participen en este ejercicio. Objetivo 18.   El presente Acuerdo tiene como finalidad establecer los criterios específicos para la implementación del mecanismo de participación ciudadana determinado para el primer debate presidencial: a.   Metodología y convocatoria para recibir y seleccionar preguntas de redes sociales por parte de la ciudadanía en el Formato A b.   Instancia encargada de la selección y procesamiento de las preguntas        A continuación, se desarrollará cada uno de estos criterios, objeto del presente Acuerdo. a.   Metodología y convocatoria para recibir y seleccionar preguntas de redes sociales y plataformas digitales por parte de la ciudadanía en el Formato A 19.   El Acuerdo del Consejo General INE/CG646/2023 establece en sus considerandos 48 al 50 que la CTD, a propuesta de la Secretaría Técnica, aprobará los términos de la convocatoria, así como el mecanismo y los criterios para la selección de las preguntas que serán puestas a consideración de las personas moderadoras que participen en este ejercicio.        En ese sentido y bajo la facultad otorgada en el referido Acuerdo del párrafo anterior, la Secretaría Técnica estima que las preguntas deberán cumplir al menos con las siguientes características: a.   Las preguntas deben apegarse a los temas definidos para el debate b.   La redacción de las preguntas no debe incluir: discursos de odio, inclinación partidista, ideológica, religiosa o cualquier manifestación de violencia o discriminación. c.   Las preguntas deben redactarse de forma general y no dirigida a candidatura específica        En la convocatoria (Anexo II) se establecerá el periodo para recibir las preguntas y la forma en la que serán registradas y procesadas. 20.   Para cumplir con lo anterior, la CNCS ha diseñado una metodología para recabar, analizar, estratificar y seleccionar las preguntas. 21.   La metodología (Anexo I) establece que la CNCS desarrollará, en coordinación con la Unidad Técnica de Servicios de Informática y la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales de este Instituto, un formulario en línea que se alojará en un micrositio específico para los debates presidenciales dentro del portal del Instituto www.ine.mx a fin de recabar las preguntas de la ciudadanía provenientes de las distintas redes sociales y plataformas digitales en Internet. 22.   La promoción y difusión de la convocatoria será a través de las distintas plataformas de redes sociales del Instituto para captar las preguntas de la ciudadanía. 23.   La metodología incluye criterios generales que retoman las disposiciones establecidas en el Acuerdo en que se aprobaron los formatos específicos de los debates, junto con otras que permiten fortalecer el ejercicio y guiar la selección final de las preguntas.        Los criterios son: i.    Las preguntas de la ciudadanía serán recabadas a través de redes sociales y plataformas digitales en Internet ii.   Las preguntas deben versar sobre los temas definidos para el debate del Formato A iii.   El proceso de recolección de las preguntas deberá garantizar la certeza, transparencia y autenticidad de las mismas, así como los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad iv.   El mecanismo para recopilar las preguntas deberá ser simple, accesible y evitar fricciones innecesarias con las personas usuarias, de tal forma que facilite la participación ciudadana v.   En la selección de preguntas se deberá garantizar la representatividad de los temas seleccionados para el debate y la región de la ciudadanía que realice la pregunta vi.   La selección de preguntas cumplirá criterios de frecuencia y aleatoriedad vii.  En la selección de preguntas se privilegiarán aspectos que abonen a la coherencia argumentativa, buena sintaxis y neutralidad 24.   En términos generales, la metodología describe el proceso de selección de preguntas el cual constará de seis etapas para su tratamiento: preparación de la base de datos, obtención de la muestra estratificada y clasificación por región, selección de preguntas, revisión de preguntas, plazos establecidos e informe. 25.   Preparación de la base de datos:        La CNCS entregará la base de datos con el total de preguntas (registros) que se recabaron, a través de cada uno de los formularios recibidos, a la institución que se determine como responsable de aplicar la metodología.        A partir de esta base de datos, la institución deberá condensar aquellos registros que por su semántica o sintaxis correspondan a una misma pregunta, a fin de evitar repeticiones. Asimismo, desechará las preguntas que no cumplan con los criterios de redacción establecidos, como: temática seleccionada, sesgo partidista, lenguaje ofensivo, discurso de odio, discriminación y/o violencia de cualquier tipo. 26.   Obtención de la muestra estratificada y clasificación por región        Una vez que la institución cuente con la base de datos de las preguntas condensada semánticamente -por significado- y sintácticamente -por estructura-, se realizará una selección muestral estratificada, a partir de la proporción de preguntas recabadas para cada uno de los temas previstos para este debate, los cuales se tomarán como los estratos o subgrupos sobre los que se deberá trabajar el muestreo.        De esta forma, a partir del número de preguntas recibidas sin repeticiones se determinará el tamaño de la muestra para cada estrato, con base en los criterios estadísticos aceptados universalmente, considerando la proporción que cada uno de ellos represente del total de la población. En consecuencia, se asegurará que cada segmento de la población tenga la misma oportunidad para ser seleccionado; es decir, que tenga representatividad en la selección sin importar las diferencias en la cantidad de preguntas que lleguen sobre un tema con respecto a los otros, de forma tal que la muestra resultante sea auto ponderada.        En un segundo momento, se requiere que la muestra obtenida se pida o clasifique en 3 grupos, dependiendo de la región de la que provienen las preguntas: norte, centro y sur del país. 27.   Selección de preguntas: a.   Selección por frecuencia:         Para obtener el primer bloque de preguntas, se deberán seleccionar las tres que más se repitan en la muestra sobre cada uno de los temas del Formato A.       Una vez configurados los grupos por frecuencia debe privilegiarse la selección de preguntas que mejor reflejen las expresiones del universo al tema o subtema que suscriben. Tema Número de preguntas Educación 3 preguntas Salud 3 preguntas Combate a la corrupción 3 preguntas Transparencia 3 preguntas No discriminación y grupos vulnerables 3 preguntas Violencia contra las mujeres 3 preguntas Número total de preguntas seleccionadas por frecuencia 18 preguntas *Este cálculo se elaboró con base en el escenario de tres candidaturas, pero se ajustará en función de del número de candidaturas definitivas.   b.   Selección aleatoria:       Para elegir el segundo bloque de preguntas, la muestra deberá realizarse una selección aleatoria sobre los seis temas del debate, con el fin de seleccionar 15 preguntas diferenciadas por cada región: 5 preguntas del norte, 5 preguntas del centro y 5 preguntas del sur para cada uno de los temas. Tema Región del país Número de preguntas Educación Norte 5 preguntas Sur 5 preguntas Centro 5 preguntas Salud Norte 5 preguntas Sur 5 preguntas Centro 5 preguntas Combate a la corrupción Norte 5 preguntas Sur 5 preguntas Centro 5 preguntas Transparencia Norte 5 preguntas Sur 5 preguntas Centro 5 preguntas No discriminación y grupos vulnerables Norte 5 preguntas Sur 5 preguntas Centro 5 preguntas Violencia contra las mujeres Norte 5 preguntas Sur 5 preguntas Centro 5 preguntas Número total de preguntas seleccionadas por frecuencia 90 preguntas *Este cálculo se elaboró con base en el escenario de tres candidaturas, pero se ajustará en función de del número de candidaturas definitivas.   28.   Revisión de preguntas:        Tanto para el grupo de preguntas seleccionadas por el método de frecuencia como por el método aleatorio, es indispensable realizar la revisión de las 108 preguntas, a fin de que las que fueron seleccionadas cumplan con las siguientes características en su redacción: -     Se ciñan al tema definido -     Sean comprensibles -     Con la posibilidad de plantearse a cualquier candidatura de forma directa. -     Sin sesgo partidista -     No contengan palabras ofensivas y/o expresiones en doble sentido que resten seriedad al ejercicio -     No contengan discursos de odio, discriminación y/o violencia de cualquier tipo.        En caso de ser necesario serán sustituidas una o varias preguntas, luego de la revisión de su redacción, por lo que deberá volverse a seleccionar de manera aleatoria o por frecuencia el mismo número de preguntas que sustituyan a las descartadas por el proceso de revisión, tantas veces como sea necesario y siempre conservando los criterios de selección por tema y regionalización.        Será necesario que, en la entrega final de preguntas seleccionadas, se indique -si fuera el caso- el número de preguntas que fueron eliminadas en la etapa de revisión y las razones. 29.   Plazos establecidos        Todas las etapas contempladas para el método en la selección de preguntas deberán realizarse en un plazo no mayor de 10 días naturales, contados a partir de la entrega que realice la CNSC del INE a la institución responsable de aplicar la metodología.        Asimismo, las 108 preguntas seleccionadas por frecuencia y aleatoriedad deberán ser entregadas a las personas moderadoras durante las primeras 12 horas del miércoles previo a la realización del debate presidencial, quienes tendrán la libertad de elegir las preguntas que se formularán durante el mismo.        La Oficialía Electoral participará en cada una de las etapas de la presente metodología, a fin de otorgar certeza a todo el proceso, dando fe pública de la totalidad de las preguntas recibidas, de aquellas depuradas mediante los criterios aprobados y entregadas por la CNCS del INE a la institución responsable de aplicar la metodología, entrega que se llevará a cabo mediante un acto público. 30.   Informe        Al concluir los trabajos, a más tardar tres días posteriores a la celebración del debate, la instancia que realice el análisis de las preguntas deberá entregar a la CNCS, un informe detallado que muestre la trazabilidad y la posibilidad de replicación del proceso realizado. Dicho informe deberá incluir las bitácoras y descripción de cada etapa desarrollada para el cumplimiento de esta metodología. Asimismo, deberá entregar la base de datos condensada y las bases resultantes de cada uno de los procesos realizados. b.   Instancia encargada de la selección y procesamiento de las preguntas 31.   El 24 de enero de 2024, la CTD celebró una reunión de trabajo entre las Consejerías integrantes, en la que se presentaron cinco posibles instancias para la selección de las preguntas: ·  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE), Facultad de Ciencias de la Computación, Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. ·  Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro GEO) ·  Dr. Carlos Adolfo Piña García ·  Observatorio de Medios, adscrito a la Facultad de Estudios Profesionales (FES) de Aragón, UNAM ·  Signa Lab (Laboratorio de Innovación Tecnológica y de Estudios Interdisciplinarios Aplicados) adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 32.   Estas instancias expusieron sus mecanismos y las tecnologías que utilizarían para llevar a cabo la metodología propuesta por la CNCS para la selección de preguntas para el Formato A, con el objetivo de llevar al Consejo General la propuesta de institución responsable de aplicar la metodología. 33.   Signa Lab (Laboratorio de Innovación Tecnológica y de Estudios Interdisciplinarios Aplicados) adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), cuenta con el equipo humano, las herramientas de procesamiento de grandes volúmenes de datos, así como de análisis y procesamiento de lenguaje natural a través de distintos algoritmos, para atender los requerimientos planteados en la metodología. (Se anexa documentación de la institución, así como su propuesta técnica en el Anexo III). 34.   Para llevar a cabo esta selección, Signa Lab implementará persos procesos de análisis de datos:   I.    Depuración inicial y ponderación de acuerdo a criterios de elegibilidad y representatividad. II.   Análisis inicial de las rutas semánticas y clusterización, que sigan las preguntas para arribar a las frecuencias, similitudes y discrepancias. Identificación y agrupación de tópicos comunes a partir de procesamiento de lenguaje natural (PNL), modelos de lenguaje y visualización exploratoria de texto (árboles semánticos, mapas de relaciones semánticas o embeddings, una técnica de procesamiento de lenguaje natural que convierte el lenguaje humano en vectores matemáticos). III.   Sistematización y elaboración de selección muestral estratificada de preguntas, de la población ponderada de preguntas seleccionables, selección de preguntas para el debate, por estratos a partir de los temas previstos para el debate y su frecuencia. Revisión final, a partir de PLN y revisión manual (con criterios como frecuencia por adverbios, por ejemplo, peso de los cómo, los qué, los en dónde, etc.). Fundamentos para la emisión del Acuerdo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículos 1; 41, Bases III, apartados A y B; IV, segundo párrafo y V, apartados A y B. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Artículos 1, numeral 1; 29, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a), g) e i) y 2; 31, numeral 1, 34, numeral 1, inciso a), 35; 40, numeral 2; 42, numeral 1, 44, numeral 1, incisos k), n), y jj); 160, numeral 1; 161, 162, numeral 1, inciso a), 164 y 184, numeral 1, inciso a). Reglamento de Elecciones Artículos 303, numeral 1; 305, numeral 1, incisos a) y b); 306, numeral 1; 307, numerales 1, 2, 4, y 5; y 309, numeral 1. Reglamento Interior Artículo 10, numerales 1 y 2; y 64, numeral 1, inciso t).   ACUERDO PRIMERO.- Se aprueba la metodología y convocatoria para recibir y seleccionar preguntas de redes sociales y plataformas digitales por parte de la ciudadanía en el Formato A, descritas en los ANEXOS I y II que forman parte integral del presente Acuerdo. SEGUNDO.- Se designa a Signa Lab (Laboratorio de Innovación Tecnológica y de Estudios Interdisciplinarios Aplicados) adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), como la instancia encargada de la selección y procesamiento de las preguntas de redes sociales para el Formato A del primer debate presidencial. TERCERO.- Se instruye a la Coordinación Nacional de Comunicación Social a la Unidad Técnica de Servicios de Informática y a la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral, a efecto de realizar los trabajos necesarios para llevar a cabo la recolección de las preguntas de la ciudadanía conforme a la metodología y convocatoria aprobadas en el presente Acuerdo. CUARTO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. QUINTO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones para la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. SEXTO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a que notifique el presente Acuerdo, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a los partidos políticos nacionales y, en su caso, llegado el momento oportuno, a las candidaturas a la Presidencia de la República, una vez que obtengan su registro. El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de febrero de 2024, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Maestro Arturo Castillo Loza, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Maestra Rita Bell López Vences, Maestro Jorge Montaño Ventura, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. La Consejera Presidenta del Consejo General, Lic. Guadalupe Taddei Zavala.- Rúbrica.- La Encargada del Despacho de la Secretaría del Consejo General, Mtra. Claudia Edith Suárez Ojeda.- Rúbrica. El Acuerdo y los anexos pueden ser consultados en las siguientes direcciones electrónicas: Página INE: https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-08-de-febrero-de-2024/ Página DOF www.dof.gob.mx/2024/INE/CGext202402_8_ap_3.pdf _____________________________________   En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.

  • Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Guatemala, correspondientes al periodo que se especifica. (TOLMEX2.646.496)
    el 4 marzo, 2024 a las 10:12 pm

    ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Guatemala, correspondientes al periodo que se especifica. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acuerdo 28/2024 Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Guatemala, correspondientes al periodo que se especifica. ADÁN ENRIQUE GARCÍA RAMOS, Titular de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios y sobre Hidrocarburos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos Primero y Tercero del Decreto por el que se establecen estímulos fiscales a la enajenación de los combustibles que se mencionan en la frontera sur de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020, se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en los municipios fronterizos con Guatemala, durante el periodo que se indica, mediante el siguiente ACUERDO Artículo Único.- Se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables, en los municipios fronterizos con Guatemala, a que se refieren los artículos Primero y Tercero del Decreto por el que se establecen estímulos fiscales a la enajenación de los combustibles que se mencionan en la frontera sur de los Estados Unidos Mexicanos, durante el período comprendido del 24 de febrero al 01 de marzo de 2024. Zona I Municipios de Calakmul y Candelaria del Estado de Campeche Monto del estímulo:   a) Gasolina menor a 91 octanos: 1.880 b) Gasolina mayor o igual a 91 octanos: 2.105   Zona II Municipios de Balancán y Tenosique del Estado de Tabasco Monto del estímulo:   a) Gasolina menor a 91 octanos: 1.312 b) Gasolina mayor o igual a 91 octanos: 1.379   Zona III Municipios de Ocosingo y Palenque del Estado de Chiapas Monto del estímulo:   a) Gasolina menor a 91 octanos: 1.716 b) Gasolina mayor o igual a 91 octanos: 1.745   Zona IV Municipios de Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas del Estado de Chiapas Monto del estímulo:   a) Gasolina menor a 91 octanos: 1.836 b) Gasolina mayor o igual a 91 octanos: 1.904   Zona V Municipios de Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa y Las Margaritas del Estado de Chiapas Monto del estímulo:   a) Gasolina menor a 91 octanos: 2.549 b) Gasolina mayor o igual a 91 octanos: 2.306   Zona VI Municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Cacahoatán, Tapachula, Motozintla y Mazapa de Madero del Estado de Chiapas Monto del estímulo:   a) Gasolina menor a 91 octanos: 1.504 b) Gasolina mayor o igual a 91 octanos: 1.167   TRANSITORIO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, a 22 de febrero de 2024.- Con fundamento en el artículo Primero, tercer párrafo, del Decreto por el que se establecen estímulos fiscales a la enajenación de los combustibles que se mencionan en la frontera sur de los Estados Unidos Mexicanos, en suplencia del C. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios y Sobre Hidrocarburos, Adán Enrique García Ramos.- Rúbrica.   En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.

  • Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 74/2022. (TOLMEX2.646.860)
    el 4 marzo, 2024 a las 10:12 pm

    SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 74/2022. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2022 PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO COLABORÓ: ALEJANDRA GABRIELA CRISTIANI LEÓN ÍNDICE TEMÁTICO HECHOS: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió acción de inconstitucionalidad al estimar que el artículo 86, fracciones III, en sus porciones normativas "no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara", así como "u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena"; y VII, que establece "no haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia", de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y el acceso a un cargo público.     Apartado Criterio y decisión Pág. I. COMPETENCIA El Tribunal Pleno es competente para conocer del presente asunto. 3 II. OPORTUNIDAD El escrito inicial de la CNDH es oportuno. 4 III. LEGITIMACIÓN La CNDH es parte legitimada. 5 IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA El Poder Ejecutivo hizo valer una causa de improcedencia. 6 V. PRECISIÓN DE LA LITIS Artículo 86. (...) Para ser Auditor Superior se requiere satisfacer los requisitos siguientes: (...) III.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; (...) VII.- No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia. (...)" 10 VI. ESTUDIO DE FONDO   A. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. B. Estudio del requisito: No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia.   15 16 VII. EFECTOS Declaratoria y plazo Se declara la invalidez del artículo 86, fracción VII que establece "No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia" de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas. La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Tamaulipas. 21 VIII. DECISIÓN PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se desestima en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 86, fracción III, en sus porciones normativas y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara' y u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena', de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, adicionadas mediante el DECRETO No. 65-124, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece de abril de dos mil veintidós. TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 86, fracción VII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, adicionadas mediante el DECRETO No. 65-124, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece de abril de dos mil veintidós, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Tamaulipas, por los motivos expuestos en los apartados VI y VII de esta decisión. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 22 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2022 PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO COLABORÓ: ALEJANDRA GABRIELA CRISTIANI LEÓN Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. SENTENCIA 1.   Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintidós ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 86, fracciones III, en las porciones normativas "intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara", así como "u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena", y VII, que prevé "no haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia", de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, reformada y adicionada mediante Decreto No. 65-124, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el trece de abril de dos mil veintidós. 2.   Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima violados los artículos 1, 5, 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 23 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los persos 2, 25 y 26, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 3.   Radicación y admisión del escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 74/2022 y por razón de turno designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento. 4.   Por perso auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la acción relativa, ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 5.   Informes de las autoridades y presentación de alegatos. El Poder Ejecutivo del Estado(1) y el Poder Legislativo(2) del Estado de Tamaulipas rindieron sus respectivos informes, los cuales fueron admitidos por el Ministro instructor mediante acuerdos de siete de julio y ocho de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, tuvo por recibidas las pruebas y ordenó correr traslado a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con copia simple de los informes de las autoridades con la finalidad de que éstos formularan los alegatos respectivos. 6.   De esta manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló los alegatos que al efecto consideró oportunos, el cual fue agregado al expediente mediante acuerdo del Ministro Instructor de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós. 7.   Cierre de Instrucción. Mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro Instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. I. COMPETENCIA 8.   Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3), 1 de su Ley Reglamentaria(4) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(5), toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la declaración de invalidez del artículo 86, fracciones III, en las porciones normativas "no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara", así como "u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena", y VII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, reformada y adicionada mediante Decreto No. 65-124, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el trece de abril de dos mil veintidós, al considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en la Constitución General así como en los tratados internacionales de los cuales México es parte. II. OPORTUNIDAD 9.   El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que la Ley que se impugna sea publicada en el medio oficial correspondiente y en caso de que el último día fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. 10.  En esa virtud, la norma cuya constitucionalidad se reclama se publicó mediante Decreto 65-124 en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el miércoles trece de abril de dos mil veintidós, por lo que el plazo de treinta días naturales para efectos del cómputo respectivo transcurrió del jueves catorce de abril al viernes trece de mayo de dos mil veintiuno. 11.  Luego, si el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el propio trece de mayo de dos mil veintidós(6), es decir, el último día del plazo legal, debe estimarse oportuna su presentación. III. LEGITIMACIÓN 12.  La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, prevén que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, actuando a través de su legítimo representante. 13.  En el presente caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el Decreto 65-124 mediante el cual se expidió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas; el escrito fue presentado y firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional. Este cargo se acreditó con la copia certificada de la constancia firmada por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en la que se comunica que, en sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, la citada Cámara la eligió Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un lapso de cinco años, el cual comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre del dos mil veinticuatro(7). A su vez, se advierte que los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(8) y 18 de su Reglamento Interno(9) establecen que la representación del citado órgano constitucional autónomo corresponde a su Presidenta. 14.  En consecuencia, se considera que el escrito inicial correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 74/2022 fue promovido por un órgano legitimado constitucionalmente y presentada por quien cuenta con facultades suficientes para ello. IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 15.  De los informes realizados por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se advierte que el primero de ellos no hizo valer causa alguna de improcedencia; no obstante, el Poder Legislativo señaló que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, en virtud de que consideró que los accionantes debieron instar la acción de inconstitucionalidad ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Control Constitucional del Estado de Tamaulipas(10), dado que en dicha ley se establece que el tribunal conocerá de acciones de inconstitucionalidad que se promuevan en contra de leyes, decretos o puntos de acuerdos que apruebe el Congreso del Estado. 16.  Agrega que el artículo 113 de la Constitución Política de Tamaulipas prevé la acción de inconstitucionalidad en contra de normas emitidas por el Poder Legislativo Local. 17.  En relación con lo anterior, debe señalarse que lo establecido en la Ley local como solución del conflicto únicamente procede cuando se surta la competencia del órgano local, lo cual acontece cuando no se plantean violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, sino violaciones a la legislación local que, como consecuencia, produzcan la transgresión a normas de la Constitución Federal, pero no cuando las violaciones planteadas en el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad impliquen transgresión directa a la Constitución Federal, pues en tal hipótesis el órgano local carecería de competencia para pronunciarse al respecto, dado que la interpretación de la Norma Fundamental corresponde, en exclusiva, dentro de nuestro sistema constitucional, al Poder Judicial de la Federación y, en acciones de inconstitucionalidad, concretamente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. 18.  En el presente caso, según deriva de los conceptos de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó violación directa a persos preceptos constitucionales 1, 5, 14, 16 y 35, fracción VI, de la Ley Fundamental, así como dos instrumentos internacionales de carácter fundamental (Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos), lo que impide la solución del conflicto por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas al carecer de competencia para pronunciarse al respecto. 19.  Lo anterior cobra sustento en la medida de que contrario a lo señalado por el Poder Legislativo el órgano competente para resolver la acción de inconstitucionalidad es el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 Constitucional que a la letra establece: "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...] II.      De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. [...] g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; [...]". 20.  En efecto, en la propia Constitución Federal se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad que promueva la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tengan por objeto plantear una posible contradicción entre leyes de carácter federal o de las entidades federativas, situación que se replica en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece, en lo que interesa, que el Pleno de este Alto Tribunal conocerá de las acciones de inconstitucionalidad previstas en la fracción II del artículo 105 constitucional. 21.  Atendiendo a lo anterior, resulta incorrecto y debe desestimarse lo que plantea el Poder Legislativo en cuanto a que la acción de inconstitucionalidad se debió de promover, en primer término, ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, toda vez que el órgano que constitucionalmente debe de conocer de las acciones que promueva la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de una ley estatal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación(11). V. PRECISIÓN DE LA LITIS 22.  En su demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló como norma impugnada, en el apartado correspondiente, el artículo 86, fracciones III, en las porciones normativas "no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara", así como "u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena", y VII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, reformada y adicionada mediante Decreto No. 65-124, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el trece de abril de dos mil veintidós. 23.  Dichas disposiciones señalan: "Artículo 86. (...) Para ser Auditor Superior se requiere satisfacer los requisitos siguientes: III.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; (...) VII.- No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia. (...)" 24.  Como se puede advertir del contenido de las normas impugnadas, tienen por objeto regular los requisitos que deben cumplir aquellas personas que busquen ocupar el cargo de Auditor Superior en el Estado de Tamaulipas. 25.  Ahora bien, las funciones que corresponden a dicho cargo son las siguientes. Artículo 90.- El Auditor tendrá las siguientes atribuciones: I. Representar a la Auditoría ante las entidades sujetas de fiscalización, autoridades federales y locales, entidades federativas, municipios y demás personas físicas y morales, públicas o privadas; II. Presentar a la Comisión, el presupuesto anual de egresos, el Programa Anual de Auditoría; así como la información financiera, contable, presupuestal, patrimonial y programática de la Auditoría, para su integración al Tomo del Poder Legislativo de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas; III. Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría y resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios de la misma, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 161 de la Constitución, sus leyes reglamentarias y a lo previsto en la Ley de Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas. IV. Someter a consideración de la Comisión, el Programa Anual de Auditoria a más tardar el último día hábil del mes de noviembre del año anterior al que corresponda" (sic) y aprobar el Programa Anual de Actividades, así como el Plan Estratégico, este último abarcará un plazo mínimo de 3 años. Una vez aprobados serán enviados a la Comisión para su conocimiento; V. Expedir el Reglamento Interior de la Auditoría, en el que se establecerá la estructura orgánica, las atribuciones a sus unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma en que deberán ser suplidos estos últimos en sus ausencias, su organización interna y funcionamiento, debiendo publicarlo en el Periódico Oficial; VI. Expedir los manuales de organización para la debida organización y funcionamiento de la Auditoría, el que deberá ser publicado en el Periódico Oficial. VII. Nombrar y remover a los servidores públicos de la Auditoría, quienes no deberán haber sido sancionados con la inhabilitación para el ejercicio de un puesto o cargo público; VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que esta ley le confiere a la Auditoría; así como establecer los elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías, tomando en consideración las propuestas que formulen las entidades sujetas de fiscalización y las características propias de su operación; IX. Presidir de forma dual con el Titular de la Contraloría Gubernamental el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización; X. Ser el enlace entre la Auditoría y la Comisión; XI. Solicitar a las entidades sujetas de fiscalización, servidores públicos, y a los particulares, sean éstos personas físicas o morales, la información que con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas se requiera; XII. Solicitar a las entidades sujetas de fiscalización el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las funciones de revisión y fiscalización; XIII. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Auditoría en los términos de la Constitución, la presente ley y del Reglamento Interior de la propia Auditoría; XIV. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra de las multas que se impongan conforme a esta ley; XV. Recibir de la Comisión las Cuentas Públicas para su revisión y fiscalización; XVI. Formular y entregar al Congreso, por conducto de la Comisión, el Informe General a más tardar el 20 de febrero del año siguiente de la presentación de las Cuentas Públicas; XVII. Formular y entregar al Congreso, por conducto de la Comisión, los Informes Inpiduales los últimos días hábiles de junio, octubre y el 20 de febrero siguientes a la presentación de las Cuentas Públicas; XVIII. Autorizar, previa denuncia, la revisión durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades sujetas de fiscalización, así como respecto de ejercicios anteriores conforme lo establecido en la presente ley; XIX. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con las entidades sujetas de fiscalización y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento de su facultad fiscalizadora; así como convenios de colaboración con los organismos nacionales e internacionales que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas o con éstas directamente, con el sector privado y con colegios de profesionales, e instituciones de reconocido prestigio de carácter multinacional; XX. Celebrar convenios interinstitucionales con entidades homólogas extranjeras para la mejor realización de sus atribuciones; XXI. Dar cuenta comprobada al Congreso, a través de la Comisión, de la aplicación de su presupuesto aprobado, dentro de los treinta primeros días del mes siguiente al que corresponda su ejercicio; XXII. Instruir la presentación de las denuncias penales o de juicio político que procedan, como resultado de las irregularidades detectadas con motivo de la fiscalización, con apoyo en los dictámenes técnicos respectivos. Preferentemente lo hará cuando concluya el procedimiento administrativo; XXIII. Expedir la política de remuneraciones, prestaciones y estímulos del personal de confianza de la Auditoría, observando lo aprobado en el Presupuesto de Egresos correspondiente. XXIV. Elaborar para su envío a la Comisión el Plan Estratégico de la Auditoría; XXV. Presentar el recurso de revisión administrativa respecto de las resoluciones que emita el Tribunal; XXVI. Recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada y del Tribunal, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XXVII. Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas, solicitudes, y opiniones realizadas por los particulares o la sociedad civil organizada, salvaguardando en todo momento los datos personales; XXVIII. Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la participación ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades sujetas a fiscalización; XXIX. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en términos de lo dispuesto por el artículo 154 fracción I de la Constitución y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tamaulipas; XXX. Rendir un informe anual basado en indicadores en materia de fiscalización, debidamente sistematizados y actualizados, mismo que será público y se compartirá con los integrantes del Comité Coordinador a que se refiere la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tamaulipas y al Comité de Participación Ciudadana. Con base en el informe señalado podrá presentar desde su competencia proyectos de recomendaciones integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, por lo que hace a las causas que los generan; XXXI. Elaborar en cualquier momento estudios y análisis, así como publicarlos; XXXII. Designar los notificadores, visitadores o auditores que deban practicar notificaciones, visitas de inspección y auditorías a las entidades sujetas de fiscalización, para lo cual podrá contratar despachos externos, asesorías o servicios de terceros. XXXIII. Otorgar a servidores públicos de la Auditoría, poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas y actos de administración, con todas las facultades aun las que requieran poder especial conforme a la ley. El nombramiento podrá ser ejercido ante particulares y ante toda clase de autoridades. XXXIV. Imponer las multas que correspondan en los términos de esta ley; XXXV. Determinar los el (sic) uso de los medios de apremio señalados en la presente ley. XXXVI. Las demás que señale esta ley y demás disposiciones legales aplicables. De las atribuciones previstas a favor (sic) Auditor en esta ley, sólo las mencionadas en las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVII, y XXXIII de este artículo son de ejercicio exclusivo del Auditor y por tanto, no podrán ser delegadas. 26.  Una vez establecido el cargo y las funciones del Auditor Superior en el Estado de Tamaulipas, se proseguirá a estudiar la regularidad constitucional de las porciones impugnadas del artículo 86 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del referido Estado. VI. ESTUDIO DE FONDO 27.  De la norma impugnada se advierte que ésta prevé, dos requisitos distintos que esencialmente establecen: A) No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; y, en segundo lugar, B) No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia. En ese sentido, se considera que entre esos requisitos existen diferencias que justifican que su análisis se realice por separado. A. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena 28.  En el proyecto sometido a votación originalmente, se proponía la invalidez de las porciones normativas del artículo 86, fracción III, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas que establecen: "no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara" y "u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena"; no obstante, sometida a votación ante el Tribunal Pleno, se obtuvo una mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros a favor de dicha propuesta, por lo que se determinó desestimar el planteamiento para realizar una declaratoria general de invalidez del precepto impugnado(12). 29.  Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. B. Estudio del requisito: No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia 30.  La Comisión accionante refiere que la fracción VII de la norma cuestionada establece una limitación para aquellas personas que fueron en algún momento sancionadas con inhabilitación estarán impedidas para desempeñar el cargo de titular de la Auditoría Superior de Tamaulipas. 31.  Refiere que la fracción VII del artículo 86 de la Ley también contiene una exigencia que es sobreinclusiva, toda vez que comprende hipótesis irrazonables y desproporcionales. En ese tenor, la norma combatida tiene el efecto de restringir injustificadamente el acceso a un empleo público determinado por el sólo hecho de haber sido sancionado en el pasado (penal, administrativamente o en cualquier otra materia) con una inhabilitación temporal sujeta a un plazo que ya se cumplió, lo cual coloca a la persona en una condición de desigualdad no justificada frente a otros potenciales candidatos al empleo, sobre todo, si el respectivo antecedente de sanción no incide de forma directa e inmediata en la capacidad funcional para ejecutar de manera eficaz y eficiente el cargo. 32.  Al respecto, es pertinente destacar que, en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 111/2019(13), esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los artículos 74, fracción VII; 75, fracción VI; 84, apartado A, fracción VIII; 85, apartado A, fracción XI; 86, apartado A, fracción VIII; de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, publicada en el periódico oficial de dicha entidad el viernes trece de septiembre de dos mil diecinueve. 33.  Lo anterior, al considerar que esos numerales, en la porción normativa que señalaba "ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local", vulneraban el derecho a la igualdad y a la no discriminación, al resultar en una medida desproporcionada, en virtud de su amplia generalidad. 34.  Este Tribunal Pleno expuso que bastaba un escrutinio simple de razonabilidad para efectuar el análisis de preceptos que per se excluyen, genéricamente, a una persona del acceso a un cargo público por haber sido previamente sancionada con destitución o inhabilitación en el servicio público. Además, de manera destacada, se consideró que no se estaba frente a una categoría sospechosa, por lo que no resultaba aplicable un escrutinio estricto de las normas impugnadas. 35.  Ahora bien, en este caso, para el análisis de la porción normativa impugnada es igualmente aplicable un escrutinio simple de razonabilidad, el cual lleva a este órgano colegiado de control constitucional a considerar que el precepto local es sobreinclusivo. Esto, en suma, toda vez que: - No permite identificar si la respectiva sanción a un servidor público se impuso por resolución firme de naturaleza administrativa, penal o política. - No distingue entre sanciones impuestas por conductas, faltas o infracciones graves o no graves. - No contiene límite temporal, en cuanto a si la respectiva inhabilitación se impuso varios años atrás o de forma reciente. - No distingue entre personas que ya cumplieron con la respectiva sanción y entre sanciones que están vigentes o siguen surtiendo sus efectos. 36.  Así, la persidad de posibles supuestos comprendidos en la hipótesis normativa impugnada impide valorar si tienen relación directa con las capacidades o calidades necesarias para fungir como titular de la Auditoría Superior del Estado. Ello, según el caso, involucra el desarrollo de las funciones atinentes al cargo(14), que son, entre otras representar a la Auditoría, presentar a la Comisión, el presupuesto anual de Egresos, el Programa Anual de Auditoría; así como la información financiera, administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría y resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios de la misma; someter a consideración de la Comisión, el Programa Anual de Auditoria a más tardar el último día hábil del mes de noviembre del año anterior al que corresponda; expedir el Reglamento Interior de la Auditoría; nombrar y remover a los servidores públicos de la Auditoría; presidir de forma dual con el Titular de la Contraloría Gubernamental el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización; tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra de las multas, entre otras. 37.  Como es notorio, la invalidez de la norma cuestionada yace en su contraposición al principio de igualdad porque, si bien está dirigida a todas aquellas personas que puedan ser potenciales ocupantes del cargo público referido, lo cierto es que establece una distinción que no necesariamente tiene una relación estrecha con la configuración de un perfil personal inherente al tipo de funciones a desempeñar en el cargo público de que se trata. 38.  Indeterminación destacada que anula la posibilidad de ser nombrado en el cargo local, sin existir justificación razonable para establecer de forma genérica que la persona que hubiere sido inhabilitada para ejercer como servidor público pueda acceder al cargo sin atender a la gravedad u otros factores que, en su caso, pudieran incidir en la conducta que se espera del servidor. 39.  Al respecto, es conveniente señalar que, en lo referente al acceso a los puestos públicos, esta Suprema Corte ha determinado que las calidades fijadas en la ley, a las que se refiere la Constitución Federal en su artículo 35, deben ser razonables y no discriminatorias(15), lo que es igualmente aplicable a las funciones, empleos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, condición que no se cumple en la norma impugnada. 40.  En esas condiciones, lo procedente es declarar la invalidez del artículo 86, fracción VII, que establece: "No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia", de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas porque tal exclusión es sobreinclusiva, además de que no resulta razonable ni proporcional, motivo por el cual se vulneran los derechos a la igualdad y a la no discriminación, así como de acceso a un cargo público, previstos en los artículos 1 y 35, fracción VI, de la Constitución Federal(16). 41.  Se debe destacar que lo aquí expuesto no excluye la posibilidad de que, para determinados empleos, cargos, funciones o comisiones en el servicio público, incluidos los relacionados a la norma impugnada, podría resultar posible incluir una condición como la impugnada, pero con respecto a determinadas conductas infractoras que, por sus características específicas, tengan el potencial de incidir de manera directa e inmediata en la función a desempeñar y en las capacidades requeridas para ello, lo que tendría que justificarse y analizarse caso por caso. VII. EFECTOS 42.  Atendiendo a la decisión alcanzada, de conformidad con los artículos 41, fracción IV y 73 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, la declaratoria de invalidez del artículo 86, fracción VII, que establece: "No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia", de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, expedida mediante Decreto 65-124 en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el trece de abril de dos mil veintidós, surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso local. 43.  Para efectos ilustrativos, el artículo deberá quedar redactado de la siguiente manera: "Artículo 86. (...) Para ser Auditor Superior se requiere satisfacer los requisitos siguientes: III.- Gozar de buena reputación. y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; (...) VII.- No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia. (...)" 44.  Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite la siguiente: VIII. DECISIÓN PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se desestima en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 86, fracción III, en sus porciones normativas y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara' y u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena', de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, adicionadas mediante el DECRETO No. 65-124, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece de abril de dos mil veintidós. TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 86, fracción VII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, adicionadas mediante el DECRETO No. 65-124, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece de abril de dos mil veintidós, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Tamaulipas, por los motivos expuestos en los apartados VI y VII de esta decisión. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las partes, y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: En relación con el punto resolutivo primero: Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de los apartados I, II y III relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación. Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Zaldívar Lelo de Larrea, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartado IV, relativo a las causas de improcedencia. El señor Ministro Pardo Rebolledo y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández votaron en contra. La señora Ministra Ríos Farjat se ausentó durante esta votación. Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández con salvedades, respecto del apartado V, relativo a la precisión de la litis. La señora Ministra Ríos Farjat se ausentó durante esta votación. En relación con el punto resolutivo segundo: Se expresó una mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf con consideraciones adicionales, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones y de la metodología, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su subapartado A, consistente en declarar la invalidez del artículo 86, fracción III, en sus porciones normativas y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara' y u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena', de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas. La señora Ministra Esquivel Mossa, el señor Ministro Pérez Dayán y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández votaron en contra. La señora Ministra Ríos Farjat y el señor Ministro Laynez Potisek votaron por la invalidez únicamente de la porción normativa u otro que afecte seriamente la buena fama'. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunció voto particular. Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del precepto referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación con el punto resolutivo tercero: Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf con consideraciones adicionales, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones y de la metodología, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su subapartado B, consistente en declarar la invalidez del artículo 86, fracción VII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas. Las señoras Ministras Ríos Farjat y Presidenta Piña Hernández votaron en contra. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunció voto particular. Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en determinar que la declaratoria de invalidez surta sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado. En relación con el punto resolutivo cuarto: Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados. Doy fe. Firman la señora Ministra Presidenta y el señor Ministro Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. Ministra Presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.- Firmado electrónicamente.- Ministro Ponente, Alberto Pérez Dayán.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente. EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de dieciséis fojas útiles concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 74/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil veinticuatro.- Rúbrica.   1     Fojas 66 a 74 de la acción de inconstitucionalidad 74/2022. 2     Ibid, fojas 96 a 107. 3     Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; [...]. 4     Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. 5     Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6     Foja 1 del escrito inicial presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativo a la acción de inconstitucionalidad 74/2022. 7     Foja 17 del expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 74/2022. 8     Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional; [...]. 9     Artículo 18. (Órgano ejecutivo). La Presidencia es el órgano ejecutivo de la Comisión Nacional. Está a cargo de un presidente, al cual le corresponde ejercer, de acuerdo con lo establecido en la Ley, las funciones directivas de la Comisión Nacional y su representación legal. 10    ARTICULO 2. 1. Corresponde al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en funciones de Tribunal Constitucional, conocer y resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en esta ley. [...] ARTICULO 65. Son susceptibles de impugnación vía acción de inconstitucionalidad: I. Las leyes, decretos o puntos de acuerdos que apruebe el Congreso del Estado o la Diputación Permanente; II. Los reglamentos, acuerdos, decretos y demás normas administrativas de carácter general expedidas por el Poder Ejecutivo y demás entidades públicas con facultad reglamentaria; y, [...] 11    En este punto, resultan ilustrativos los criterios jurisprudenciales que llevan por rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES. y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI EN LA DEMANDA SE PLANTEAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES NECESARIO AGOTAR LA VÍA PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE). 12    Se expresó una mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf con consideraciones adicionales, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones y de la metodología, respecto de su subapartado A, consistente en declarar la invalidez del artículo 86, fracción III, en sus porciones normativas y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara y u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas. La señora Ministra Esquivel Mossa, el señor Ministro Pérez Dayán y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández votaron en contra. La señora Ministra Ríos Farjat y el señor Ministro Laynez Potisek votaron por la invalidez únicamente de la porción normativa u otro que afecte seriamente la buena fama. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunció voto particular. 13    Fallada en sesión remota de veintiuno de julio de dos mil veinte, bajo la Ponencia del Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, por mayoría de diez votos, en contra del emitido por la señora Ministra Piña Hernández, quien anunció voto particular. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto concurrente. El señor Ministro Aguilar Morales se reservó su derecho a formular voto concurrente. 14    Las atribuciones de la aludida comisión de búsqueda local se encuentran enunciadas en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. 15    Cfr. Acción de inconstitucionalidad 74/2008, fallada en sesión de doce de enero de dos mil diez. 16    Artículo 1.- [...] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 35.- Son derechos del ciudadano: [...] VI.- Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley; En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.

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