El Supremo se pronuncia por primera vez para solicitar a los órganos judiciales que el formato utilizado en sus sentencias se adapte a una lectura fácil para todos.
La Sala de lo Penal ha solicitado una adaptación del texto para dos sentencias, a fin de proporcionar una lectura fácil y de comprensión sencilla a las personas con discapacidad intelectual que han intervenido en los casos en cuestión. En ambos casos, se trata de las víctimas que interpusieron recurso.
La declaración del Supremo constituye un gran avance, al plantear por primera vez la necesidad de utilizar un registro semántico y expresivo que resulte comprensible para todas las personas incluidas en el proceso, constituye un obligación ineludible del sistema de justicia.
Las sentencias a las que se hace referencia son las siguientes, ambas dictadas el 10 de mayo de 2023: STS 339/2023 [TOL9.572.785] y la 341/2023 [TOL9.572.775]. Ambas contienen un párrafo en el cuál se considera «como ajuste razonable del procedimiento, ordenar que la presente sentencia se redacte, también, en formato de lectura fácil y se traslade» a las personas a las que se dirija la resolución.
Obligación impuesta por las Naciones Unidas
En ambos casos, la necesidad de la adaptación a la fácil comprensión de los destinatarios se encuentra amparada en lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas de Derechos de las personas con discapacidad de 2006, concretamente en el artículo 13, relativo al derecho al acceso a la justicia, en relación a la adaptación del proceso, accesibilidad y participación de las personas con discapacidad.
Además de dicha previsión, el artículo 19 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación, considera que adaptar el procedimiento es un ajuste razonable para optimizar sus derechos de participación. Entre las posibles adaptaciones, procurar la claridad en lo dispuesto por las decisiones judiciales resulta primordial, ya que afecta a sus derechos e intereses.
Finalmente, el apartado 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil también incluye ciertas medidas para ajustar el proceso, siempre en condiciones de igualdad. El precepto obliga tanto al Ministerio Fiscal como a los tribunales a realizar las adaptaciones pertinentes, así como permite a las partes realizar las que sean oportunas, a fin de mejorar la comprensión y comunicación en los procedimientos judiciales.
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