En una reciente sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esclarece la instrumentalidad de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónica y su injerencia en los derechos fundamentales.
La Directiva «sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas» es un instrumento de la Unión Europea que tiene por objeto proteger la privacidad de las comunicaciones electrónicas. Esta Directiva establece ciertos parámetros respecto a cuándo y cómo pueden utilizarse los datos recopilados a través de comunicaciones electrónicas, particularmente en el contexto de investigaciones penales.
Hechos concretos
En un caso en Lituania, un fiscal fue sancionado por compartir información ilegalmente con un sospechoso y su abogado durante una investigación. Esta mala conducta se comprobó utilizando datos conservados por proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. El fiscal argumentó que esta utilización constituía una violación de sus derechos fundamentales bajo el Derecho de la Unión.
Una situación no cubierta por la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas
El punto principal en cuestión era si los datos recopilados en el contexto de la lucha contra la delincuencia grave podían ser utilizados en investigaciones sobre corrupción en el sector público, una situación que no está cubierta directamente por la Directiva.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia reconoce que la lucha contra la delincuencia grave puede justificar ciertas injerencias en los derechos fundamentales. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Lituania solicitó aclaraciones sobre si se podían usar los datos conservados para combatir la delincuencia grave en investigaciones de corrupción.
La respuesta del Tribunal de Justicia fue clara:
la Directiva se opone a que los datos personales recopilados en el marco de la lucha contra la delincuencia grave se utilicen en investigaciones de corrupción en el sector público.
El Tribunal de Justicia establece criterios para la conservación de datos: puede ser selectiva, basada en categorías de personas o ubicaciones geográficas, por un tiempo limitado, y debe ser necesaria y proporcional. La conservación generalizada de direcciones IP, identidades de usuarios, y otros datos son posibles, pero solo bajo ciertas condiciones y limitaciones.
El principio subyacente es el de proporcionalidad
El Tribunal señaló que solo la lucha contra la delincuencia grave y la prevención de amenazas graves a la seguridad pueden justificar una grave interferencia en los derechos fundamentales, como la conservación de datos. La lucha contra la corrupción, aunque importante, no se considera tan grave como para justificar tal injerencia.
Por lo tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido claros límites en la utilización de datos conservados en el marco de la lucha contra la delincuencia grave. No se pueden utilizar estos datos en investigaciones posteriores relacionadas con la corrupción en el sector público. Esto refuerza el principio de proporcionalidad y subraya la importancia de proteger los derechos fundamentales en el contexto de las investigaciones penales.
