El Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria ha denegado la petición de un hombre que solicitó un cambio registral de sexo para quedar registrado como mujer. La motivación detrás de esta solicitud no estaba relacionada con la identidad de género del individuo, sino con su deseo de aprovechar las políticas de discriminación positiva para obtener un ascenso laboral.
Este caso implica a un sargento del Ejército del Aire que buscaba promocionar al rango de subteniente, amparándose en los beneficios laborales de ser mujer. Sin embargo, la decisión judicial no se basa exclusivamente en la Ley Trans, la cual garantiza la igualdad efectiva de las personas trans y los derechos del colectivo LGTBI. Una directriz emitida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se centra en evitar fraudes legales o abusos de derecho en relación con cambios registrales de sexo.
Cambio registral de sexo
Al ser citado para ratificar su solicitud, la autoridad judicial determinó que, a partir de las manifestaciones del solicitante, no se podía asegurar que sus intenciones coincidieran con el propósito de la Ley Trans. Se concluyó que su petición estaba dirigida a obtener beneficios legales diseñados para promover la igualdad mediante la discriminación positiva, y no reflejaba un genuino deseo de expresarse como mujer.
Ni cambios físicos ni cambio de nombre en el registro
El análisis reveló que no hubo cambios físicos en el solicitante y que no pidió un cambio de nombre, argumentando que su nombre era unisex. Además, se describió a sí mismo usando pronombres masculinos y no mostró expresiones de género coherentes con las expectativas sociales. A pesar de afirmar que se sientía como mujer, no desea que lo traten como tal hasta que rectifiquen oficialmente su sexo. Además, el solicitante reconoció que su motivación para el cambio registral estaba vinculada a su deseo de ascender en su carrera militar.
La Ley Trans permite que las personas tomen decisiones jurídicas sobre su identidad sin necesidad de cambios físicos o quirúrgicos, tratamientos o diagnósticos de disforia de género. Esta libertad busca reconocer la identidad como una cualidad esencial del ser humano. El uso fraudulento de esta normativa, según el magistrado, desprecia la dignidad de las personas transgénero, cuyo reconocimiento como derecho humano ha tardado en consolidarse.
El afectado puede apelar la resolución ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
