Dentro de la Cámara de diputados, en la comisión de Transparencia y Anticorrupción se aprobó por unanimidad de 24 votos un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de faltas administrativas de servidores públicos en casos de acoso y hostigamiento, y de violencia institucional.
En el documento remitido, se menciona que con la presente reforma se pretende adicionar la fracción XI del artículo 49 de la Ley para establecer que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en la obligación de “diligenciar debidamente las quejas que se reciban respecto al hostigamiento y al acoso”
Del mismo modo, plantea reforma al precepto 57 de la mencionada ley con el fin de incluir la referencia al artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual define la violencia institucional, que implicaría que incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que realice, por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en dicho artículo 18 relativo a la violencia institucional.
En ese sentido, se afirma que con estas iniciativas se subraya que en el ámbito del servicio público no debe haber impunidad y deben garantizarse espacios seguros, confiables e incluyentes para las mujeres.
Finalmente, se afirma que la reforma favorece y da certeza jurídica a las personas que denuncian algún tipo de acoso y hostigamiento, obligando a los servidores públicos a que conozcan de estas denuncias por no darles el debido trámite.
