La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió el Acta 069 de 2023 en la que se pronunció sobre la admisibilidad o no de una demanda de casación. En el caso, el demandante presentó el escrito en contra de sentencia proferida por el Tribunal de Bogotá que lo condenaba como coautor de los delitos de fraude procesal y cohecho, y determinador del delito de falsedad ideológica en documento público.
Dentro de su análisis, la Corte resaltó la línea jurisprudencial que establece la manera correcta de contabilizar la prescripción del fraude procesal. En ese sentido, explicó:
“El delito de fraude procesal es de conducta permanente pues la lesión al bien jurídico protegido perdura por todo el tiempo en que el servidor público permanezca en error, de modo que se sigue ejecutando hasta el último acto de inducción en error, momento en el cual empieza a correr el término de la prescripción.”
En ese sentido, el último acto de inducción en error al que hace referencia debe ser entendido a partir de lo siguiente:
“(a) No cuando el servidor público dictó el acto contrario a la ley –cuando alcanza a materializarse—, sino hasta cuando el fraude deja de producir consecuencias y cesa la lesión al bien jurídico de la administración de justicia. (b) Con la ejecutoria del cierre de investigación (Ley 600 de 2000) –o la formulación de imputación (Ley 906 de 2004)— cuando la inducción en error del servidor público se prolonga incluso durante el curso del proceso penal. (c) Durante todo el tiempo en que la autoridad se mantenga en el error y aun después si se requiere de actos de ejecución. (d) En caso de registros obtenidos fraudulentamente con la cancelación del registro obtenido fraudulentamente. (e) En actuaciones judiciales, con la ejecutoria del auto o sentencia, salvo que sean necesarios actos posteriores para su ejecución.”
En consecuencia, el alto tribunal consideró que para el caso la acción penal referente al delito de fraude procesal no había prescrito, motivo por el cual fue inadmitida la demanda de casación .
Fuente: cortesuprema.gov.co
