La sentencia establece la nulidad parcial de la consideración del sistema español de arrendamiento fiscal para buques como un régimen de ayudas del Estado. Se trata de un régimen de tax lease que no favorece a los inversores, sino que se trasladan los beneficios fiscales a otras entidades.
La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el sistema de arrendamiento fiscal español se publicó el pasado 2 de febrero de 2023, (ECLI:EU:C:2023:60). Se trata de un sistema en el que se permitía financiar la construcción y adquisición de buques marítimos, al aplicar un descuento sobre el precio de los buques. En este tipo de operaciones participan intermediarios, que también se benefician. Posteriormente, se declaró que los inversores que financiaron la construcción debían devolver las subvenciones, al declarar ilegal el sistema de tax lease mencionado. Sin embargo, nada se establece en relación a los astilleros, armadores u otros intermediarios. La Decisión se limitó a acotar la orden de recuperación a los inversores, por lo que se favorece más a unos beneficiarios respecto a los otros.
Cabe destacar que el motivo de la declaración de la ilegalidad del sistema viene referida a las denuncias interpuestas por otros Estados Miembros, ya que, permitía la compra de buques españoles con descuentos entre el 20% y el 30%, por lo que dificulta la competencia entre los mismos.
El litigio se ha prolongado en el tiempo, el Tribunal General se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto, en la última realiza la puntualización de delimitar los sujetos que deben devolver la ayuda, cuestión por la que se decide acudir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Decisión del Tribunal
Se plantea ante el tribunal la falta de motivación respecto a la discrecionalidad al determinar los sujetos que debían devolver las ayudas, ya que sólo afectaba a los inversores, pero en realidad gran parte de la ayuda quedaba transferida a las empresas navieras a través de la disminución del coste de compra.
Por este motivo, anula la sentencia recurrida y ordena a España que se recupere el importe de las ayudas de los inversores íntegramente. El tribunal aprecia que el sistema de tax lease no sólo beneficia a los inversores, sino también a las empresas navieras. Por este motivo, determina la anulación de la recuperación de la totalidad del importe de las ayudas proporcionadas a los inversores.
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