La supresión del impuesto sobre el Patrimonio en la CCAA de Andalucía
El último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía –celebrado ayer, 20 de septiembre– aprobó un paquete de medidas fiscales entre las que destaca la supresión del Impuesto de Patrimonio (IP). En realidad, no se trata propiamente de una «supresión»: la medida establece una bonificación del 100 % en la cuota y elimina de facto el gravamen del elenco de tributos cedidos.
El Impuesto de Patrimonio nació con la reforma tributaria de 1977 y quedó virtualmente «desactivado» –no eliminado– por la Ley 4/2008. Posteriormente, el RD-ley 13/2011 lo restableció –en principio, temporalmente– para hacer frente a los efectos de la crisis financiera.
El IP es un impuesto directo que grava el patrimonio neto de las personas físicas. Como ha señalado la Agencia Tributaria, este término designa el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que la persona es titular. El concepto incluye asimismo la deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan el valor del patrimonio y las deudas y obligaciones personales de las que el titular deba responder.
El Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía: los datos
El impuesto de patrimonio grava la riqueza de los contribuyentes que supere los 700.000 €.
En el ejercicio fiscal de 2020 declararon el IP 16.785 contribuyentes andaluces. Estos dejaron en las arcas públicas de la CCAA 93.341.786 €. El patrimonio medio declarado ascendía en 2020 a 2,74 millones de €.
La Agencia Tributaria no ha publicado estadísticas oficiales desde ese ejercicio. No obstante, fuentes del Gobierno central apuntan que en 2022 han declarado el impuesto 20.661 contribuyentes andaluces y que la recaudación ha ascendido a 120 de €.
El impacto recaudatorio de la bonificación del 100 % en el IP será del 0,6 %.
La «supresión» del impuesto sobre el patrimonio beneficiará directamente al 0,2 % de los andaluces.
Descenso de la recaudación
En conjunto, las medidas fiscales aprobadas ayer supondrán una reducción de 360 millones en la recaudación fiscal de la CCAA. Esta cifra se desglosa del siguiente modo: Andalucía dejará de ingresar 95 millones de € en concepto de IP, 140 millones de € por la supresión del canon del agua en 2023 y 124 millones por la deflactación del IRPF en sus primeros tramos.
Esta última iniciativa, la deflactación del IRPF en los primeros tramos, se presenta como una medida orientada a aliviar los efectos de la inflación que beneficiará a todos los andaluces. Se trata de una tesis en torno a la que no hay consenso teórico. Según algunos sectores de la doctrina, deflactar la tarifa del IRPF en los primeros tramos también beneficia a las rentas altas. Ello es así porque sus ingresos también pasan por los primeros escalones de la tarifa del IRPF.
Compensación global
Sea como fuere, el Gobierno andaluz confía en que la bajada de impuestos incentive la «llegada» de nuevos contribuyentes. Así lo ha declarado consejera de Economía del Gobierno autonómico, Carolina España. De este modo, argumentó la consejera, la merma de 360 millones de € quedará sobradamente compensada e incluso, afirmó, es posible que aumente la cantidad global que ingresa Andalucía en concepto de tributación.
España, no obstante, ha admitido que no resulta posible hacer una prospectiva sobre el número de nuevos contribuyentes que atraerá la reforma fiscal recién aprobada. El objetivo de la Junta es que sean, al menos, 7200. Es decir, los necesarios para compensar lo que va a dejar de ingresar la Comunidad Autónoma.
Enlaces externos: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
