Si bien, el TC ha admitido a trámite el recurso interpuesto contra la misma y lo estudiará, pero ha denegado la pretensión de frenar su puesta en marcha.

De hecho, el Ministerio de Sanidad y las CCAA estudiaron este miércoles el Protocolo de actuación para la valoración de la situación de incapacidad de hecho dentro esta ley, un paso necesario para su inminente aplicación.

Además, las CCAA, tal y como señala la norma, deben crear sus respectivas comisiones de garantía y evaluación, que se encargarán de analizar todas las solicitudes de eutanasia y autorizar o denegar cada caso.

La norma, que fue aprobada con el rechazo del PP y Vox (que presentaron textos alternativos a la misma), regula el derecho a la eutanasia, despenalizando así el delito que estaba contemplado en el art. 143.4 CP, para quienes sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”, establece que la entrada en vigor tendrá lugar tres meses después de su publicación.