El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con el objetivo de regular y establecer un marco jurídico para las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles en España. Esta medida se realiza en el marco de la transposición de la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, que busca modificar la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas.
Armonización de las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles
El propósito fundamental de esta norma es alinear el marco legal español con el de otros países de la Unión Europea, buscando una mayor armonización y transparencia en las operaciones de modificación estructural de sociedades mercantiles. Se busca consolidar y fortalecer los derechos de los socios, acreedores y trabajadores de las empresas involucradas en estas operaciones, así como garantizar la protección de los intereses de todas las partes interesadas.
Una de las características principales de este Real Decreto-ley es la obligación de publicitar los procedimientos de modificación estructural. La publicación de los procedimientos contribuirá a una mayor transparencia y acceso a la información para los interesados. Esto permitirá que los socios, acreedores y trabajadores estén informados de los cambios que se están llevando a cabo en la empresa. Y, de esta manera, puedan tomar decisiones adecuadas en base a esa información.
Simplificar y agilizar el análisis jurídico de las operaciones, en el ámbito nacional como en el internacional
Además, la norma busca simplificar y agilizar el análisis jurídico de las operaciones de modificación estructural tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, establece disposiciones para facilitar las operaciones de modificación estructural en el contexto europeo y extraeuropeo, promoviendo la movilidad de las sociedades dentro de la Unión Europea y mejorando el funcionamiento del mercado interior.
El diálogo social también es un aspecto destacado en esta normativa. Se busca fomentar la participación de los diferentes actores involucrados, como los trabajadores y sus representantes, en las operaciones de modificación estructural. Esto contribuirá a asegurar que se tengan en cuenta los intereses de todas las partes y se minimicen los posibles impactos negativos en los empleados.
Asimismo, la transposición de esta directiva se basa en el principio de libertad de establecimiento para las sociedades y empresas. Reconocido en los artículos 49 y 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta libertad implica que las sociedades tienen derecho a establecerse y operar en cualquier Estado miembro de la UE, siguiendo las condiciones establecidas por la legislación nacional correspondiente.
Objeto principal de la norma
Real Decreto-ley tiene como objetivo principal establecer un marco jurídico armonizado con otros países de la UE para las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles en España. Busca mejorar la transparencia en estas operaciones, fortalecer los derechos de los socios, acreedores y trabajadores, y promover la movilidad de las empresas en el ámbito europeo. Asimismo, se fomenta el diálogo social y se garantiza la protección de los intereses de todas las partes involucradas.
