Buscando dar respuesta a la necesidad de protección de las víctimas de violencia de género, la Ley adopta una serie de medidas destinadas al mantenimiento y adaptación de los servicios de asistencia integral y protección:

a. Estableciendo medidas organizativas para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a su protección;

b. Adaptación de las modalidades de prestación de los mismos a las circunstancias excepcionales.

La presente Ley se estructura en dos capítulos:

a. El primero de ellos contiene seis artículos destinados a asegurar el funcionamiento de los servicios de asistencia y protección integral de las víctimas de violencia de género en el marco del estado de alarma.

b. El segundo capítulo contiene tres artículos; en el primero se prevé la excepción de la aplicación de la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, para los fondos destinados a la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el objetivo de asegurar la implementación y prestación continuada durante los cinco años de vigencia del Pacto de Estado de los servicios de asistencia y protección de las víctimas de violencia de género. En el segundo, se habilita la financiación de los servicios puestos en marcha por las CCAA, para hacer frente a las necesidades en materia de violencia de género derivadas de la declaración del estado de alarma. En el tercero, se garantiza una atención integral a víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Finalmente, el texto se cierra con una DT que regula la aplicación de la excepción a la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, a los remanentes no comprometidos correspondientes al ejercicio presupuestario del año 2019 y dos disposiciones finales que contienen el fundamento constitucional de las medidas adoptadas y la entrada en vigor de esta Ley.