Con el objetivo de atender a estas circunstancias acaecidas tras el impacto de la Covid-19 se adopta un conjunto de medidas sociales y económicas que a continuación se detallan.
El artículo 1 tiene como objetivo declarar exento el IMV del IRPF en las mismas condiciones que el resto de las prestaciones monetarias públicas de carácter social, sin perjuicio de la obligación de declarar el impuesto que incumbe a sus perceptores. Dicha medida debe adoptarse con carácter urgente para que puedan beneficiarse cuanto antes de sus efectos sociales y económicos dichos colectivos.
El artículo 2 tiene como objetivo dar adecuado y urgente cumplimiento a la Sentencia 1404/2020 del Tribunal Supremo que es de obligada ejecución en plazo.
La disposición derogatoria única incorpora una cláusula general de derogación de cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en la ley.
La disposición final primera recoge la modificación de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuya modificación resulta urgente ante la situación ocasionada por la pandemia de la COVID-19.
La disposición final segunda modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para ampliar en un año los plazos para efectuar la materialización de la reserva para inversiones en Canarias.
Asimismo, la disposición final tercera modifica el Impuesto General Indirecto Canario en lo relativo a las reglas de localización de determinadas prestaciones de servicios, para evitar supuestos de doble imposición y coordinar su regulación con lo ya establecido en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Las tres últimas disposiciones finales se refieren al título competencial, la habilitación normativa, y la entrada en vigor, respectivamente.
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