La Audiencia Nacional ha fallado a favor de un hombre a quien se le concedió el derecho a recibir una indemnización de 34.000 euros debido a «dilaciones indebidas» en un proceso judicial que duró 16 años, al final del cual fue absuelto. Esta importante suma se otorgó debido a la duración indebida del proceso judicial, que finalmente terminó con la absolución del demandante.
El veredicto, que estableció la indemnización de 34.000 euros, fue dictado por un panel de jueces compuesto por Francisco Díaz Fraile, Isabel García García-Blanco y Ana María Sangüesa Cabezudo. Sin embargo, el demandante inicialmente había solicitado una indemnización de 60.000 euros. La Administración de Justicia había concedido inicialmente al hombre solo 3.000 euros.
Apelando a la Ley: Bajo el artículo 292 de la LOPJ
La indemnización de 34.000 euros se otorgó basándose en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Esta disposición garantiza que cualquier daño causado por un error judicial, o el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, concede a los afectados el derecho a una indemnización por parte del Estado.
El demandante, inconforme con la suma inicial de 3.000 euros, llevó su caso ante los tribunales apelando la resolución del Ministerio de Justicia.
El demandante, inconforme con la suma inicial de 3.000 euros, llevó su caso ante los tribunales apelando la resolución del Ministerio de Justicia. Fue acusado de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. El caso comenzó en el año 2000 y concluyó con una sentencia en 2016.
Proceso Judicial Injustificadamente Largo: Indemnización de 34.000 euros
A pesar de la complejidad del caso, que incluía 23 acusados, numerosos incidentes procesales y una extensa cantidad de pruebas documentales, los jueces determinaron que el proceso no debería haber durado más de 7 años. Por lo tanto, se consideró que hubo un retraso injustificado de 9 años, que resultó en la concesión de la indemnización de 34.000 euros.
La indemnización de 34.000 euros se decidió en consideración a estos 9 años de retraso. Este caso destaca la importancia del principio de eficiencia en el sistema judicial. Así como la necesidad de rendir cuentas y compensar a los individuos cuando se vean afectados por errores o retrasos innecesarios en el proceso judicial. La concesión de la indemnización de 34.000 euros podría establecer un precedente para casos similares.
