La mayor trama piramidal en relación con la inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0 SL

 

José Luis Calama, Juez de la AN,  ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona para investigar la mayor trama piramidal en relación con la inversión en criptomoneda.

La cifra de víctimas de esta estafa se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas, mientras que el perjuicio económico se calcula en más de 41 millones de euros actualmente, aunque podría superar los 100 millones.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 4 considera que los investigados podrían haber cometido los delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil.

La resolución explica que los investigados, mediante la utilización instrumental de la mercantil ARBISTAR 2.0 SL, se dedicaban al “el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas”.

Esta trama prometía a los inversores rentabilidades de entre el 8% y el 15% mensual. Lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor”, relata.

Este esquema no solamente se usaba para que los que habían invertido, sino para atraer a nuevas personas que invirtieran dinero al ver los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores.

Finalmente, a partir del mes de agosto de 2020 varios inversores solicitaron la retirada de sus fondos sin que su solicitud fuera atendida.

Indica el juez que la cifra de perjudicados en la causa objeto de inhibición (1.127 ya determinados, pudiéndose alcanzar un número superior a los 32.000 a la vista del número de cuentas afectadas), su distribución por el territorio de más de 30 audiencias provinciales, así como el perjuicio patrimonial producido (41.481.766,22 euros ya cuantificados, pudiendo superar los 100 millones de euros), evidencian la competencia de la Audiencia Nacional sin ambages.