La Sala III del Tribunal Supremo eleva cuestión de inconstitucionalidad del art. 7 apartado 2 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de regulación del juego. Pues considera que “la remisión operada a la norma reglamentaria para establecer las condiciones y los límites de la actividad publicitaria en materia de juego pudiera ser contraria al principio de reserva de ley, consagrado en el art. 53.1 de la Constitución”. Relacionado, a su vez, con la libertad de empresa regulada en el art. 38 de la constitución.
La decisión de la Sala se adopta en el marco de un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Española de Juego Digital contra el Real Decreto 958/2020. El Real Decreto impugnado se dictó a partir de la habilitación contenida en el artículo 7 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Cuestión de inconstitucionalidad por posible vulneración del principio de reserva de ley, garantía del Estado de Derecho
La duda, como indica el tribunal, surge a la vista de los términos generales en los que el art. 7.2 de la Ley de Regulación del Juego “se remite a la norma reglamentaria para establecer las condiciones y los límites en los que ha de desarrollarse la actividad de publicidad, patrocinio, promoción o cualquier otra forma de comunicación comercial de las actividades de juego por parte de los operadores, por su eventual contradicción con el principio de reserva de ley contenido en el art. 53.1 CE en relación con la libertad de empresa (art. 38 CE)”.
Continúa el tribunal señalando que una remisión como esta podría ser contraria al principio de reserva de ley “que se configura en nuestro ordenamiento como una garantía del Estado de Derecho” por la que los ámbitos materiales afectos de la reserva de Ley son necesariamente regulados mediante Ley. Limitando, de esta forma, al reglamento a cumplir un papel subordinado a la Ley, pudiendo operar únicamente como complemento de esta.
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