La aprobación de esta norma constituye uno de los hitos del Componente 11 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, relativo al refuerzo del sistema de evaluación de las políticas públicas.
Igualmente, dicha ley ahonda en las recomendaciones efectuadas tanto por la Unión Europea como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quienes han señalado la necesidad de fortalecer la institucionalización y la cultura de la evaluación de las políticas públicas.
Este anteproyecto, que el Ejecutivo pretende tramitar por la vía de urgencia, tiene como objetivo implantar y fortalecer una organización básica para poder llevar a cabo ese análisis en el ámbito de la AGE.
Los principales elementos que contempla la nueva norma son el establecimiento de un mecanismo de planificación estable de evaluación para toda la Administración General del Estado, para lo cual se diseñará un sistema de indicadores comunes. Además, se pretende reforzar la evaluación ‘ex ante’, previo a la aprobación de las políticas públicas, y se quiere emplear los resultados de las evaluaciones para mejorar esas políticas.
