El Consejo de Ministros aprobó el informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales
La finalidad del Anteproyecto es incorporar a la legislación española la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que establece una serie de normas para facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la persecución de los comportamientos delictivos y amplía el acceso de las autoridades competentes a los registros centralizados de cuentas bancarias y de pagos cuando sea indispensable para alcanzar el éxito de una investigación penal acerca de un delito grave.
El anteproyecto regula, en primer término, el acceso directo e inmediato a los datos de los registros centralizados de cuentas bancarias y de pagos (Fichero de Titularidades Financieras).
Además, establece medidas destinadas a facilitar el acceso a la información financiera y a los análisis financieros de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), que en España le corresponde al SEPBLAC.
Si bien, el acceso a los datos financieros se realizará exclusivamente en el marco de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves.
Las autoridades competentes para acceder y consultar el Fichero de Titularidades Financieras son el Ministerio Fiscal; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; las policías autonómicas con competencias estatutariamente asumidas para la investigación de delitos graves; la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia, y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En el caso del acceso a los informes de las UIF, también son autoridades competentes para solicitarlos los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal; el Ministerio Fiscal; la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
Una vez validado el anteproyecto elaborado por el Ministerio del Interior, y de cara su futura aprobación como proyecto de ley, su texto será sometido al correspondiente trámite de audiencia e información pública y se solicitarán los preceptivos informes a los ministerios de Hacienda; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Política Territorial y Función Pública; Justicia; Defensa; así como a la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal, a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado.
