El Tribunal Supremo ha anulado una decisión previa de la Agencia de Vivienda Social de Madrid que había rechazado la solicitud de una mujer. La sentencia anuló una resolución anterior de la Agencia de Vivienda Social de Madrid que había rechazado la solicitud de una mujer para la regularización de una vivienda, la cual ocupaba de manera irregular. Este fallo del Tribunal Supremo se fundamentó en que la decisión inicial de la Agencia de Vivienda había dejado en situación de indefensión a la mujer. La medida se adoptó sin darle la oportunidad de contestar a un informe de conflictividad vecinal, un elemento crucial para la negativa de la regularización.
En dicho informe, se afirmaba que la mujer y su familia estaban causando conflictos en su comunidad. Esta conflictividad fue uno de los motivos principales para denegar la regularización de la vivienda. Solo después de la decisión tomada, la mujer conoció este informe. Intentó refutarlo con un documento firmado por algunos vecinos, quienes afirmaban que ella no era conflictiva, pero la Agencia de Vivienda consideró su intento como insuficiente.
El derecho de defensa se vio perjudicado
El Tribunal Supremo determinó que se vulneró el derecho de defensa de la mujer debido a que no le proporcionaron la oportunidad de responder al informe de conflictividad vecinal antes de la toma de decisión. Aunque la ley aplicada en este caso no especifica un procedimiento de audiencia para este tipo de informes, el tribunal sostuvo que se debería respetar el derecho a ser oído antes de emitir una resolución definitiva.
Los magistrados también pusieron énfasis en la presencia de dos hijos menores de la mujer en la vivienda. Según el tribunal, esto debería haber implicado una ponderación específica en este aspecto, garantizando un procedimiento con mayores garantías y teniendo en cuenta el interés superior de los menores.
Una oportunidad para la regularización de la vivienda ocupada
Aunque el tribunal no concedió a la petición de la mujer de regularizar directamente la vivienda sin retrotraer las actuaciones, reafirmó su derecho a presentar alegaciones y pruebas para refutar el informe de conflictividad vecinal. Esta decisión abre la puerta a una nueva oportunidad para la mujer para defender su caso y buscar la regularización de su vivienda.
Este caso puede servir de precedente para futuras situaciones similares, en las que los ocupantes de una vivienda busquen regularizar su situación, subrayando la necesidad de un procedimiento justo y la protección de los derechos fundamentales de los involucrados.
