El Ministerio de Justicia se muestra abierto a reforzar la plantilla de jueces y fiscales, sin embargo, congela la oferta económica.
En la última reunión entre los ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública y las asociaciones judiciales y fiscales, se presentó una propuesta para abordar las demandas de los profesionales del sector. La propuesta incluye ampliar la oferta de empleo público para jueces y fiscales en 200 plazas durante los años 2023 y 2024. Y además propone fortalecer las vías de diálogo con los tribunales. Sin embargo, se congela la oferta económica de incremento salarial de 46,7 millones de euros, que ya había sido rechazada anteriormente. Por lo tanto, se muestra claramente que están abiertos a reforzar la plantilla de jueces y fiscales.
Fortalecer la presidencia de los tribunales de instancia y las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia
En cuanto a la propuesta de Justicia, se plantea incrementar el complemento de destino por representación. Así como modificar la legislación para fortalecer la presidencia de los tribunales de instancia y las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia. En el ámbito de la carrera fiscal, se propone la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión de plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área.
Nuevo marco de relaciones entre las instituciones
Además, se propone establecer un nuevo marco de relaciones basado en el diálogo continuado entre las asociaciones, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública. Se crearán grupos de trabajo permanentes y se convocará anualmente una Comisión para evaluar la aplicación de los acuerdos.
Como medida adicional, el Gobierno se compromete a aumentar en 100 plazas la oferta de empleo público para jueces y fiscales en 2023. Además, propone un incremento equivalente para el año 2024, con el objetivo de reforzar y mejorar el Servicio Público de Justicia.
Las asociaciones estudiarán la propuesta y darán una respuesta al Gobierno en una próxima reunión prevista para el 18 de mayo.
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