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De izquierda a derecha: D. Angel Brito, Director de la Escuela Nacional de la Judicatura; Dª Gervasia Valenzuela Sosa, Directora General Técnica del Poder Judicial; D. Rodolfo Valentín Santos, Director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública; Dª. María Garabito, Magistrada de Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia; Dª Olga Dinia Llaverías, Procuradora General de la Repúblicaç Adjunta y Procuradora de Corte de Apelación, Directora Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia; D. Alejandro Abreu Abreu, Presidente del Consejo Nacional de Drogas; D. Stefaan Pauwels, Jefe de la Sección Política de la Delegación de la Unión Europea; Dª Kenya Romero, Magistrada Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional; D. Mario Germán Sánchez González, Director Ejecutivo de Tirant eGob.
Mario Germán Sánchez González
Experto en Drogas y Justicia Penal
Director Ejecutivo Tirant eGob
La justicia penal juvenil en América Latina y el Caribe enfrenta hoy una disyuntiva crítica. Durante décadas, los marcos normativos y las respuestas institucionales han operado bajo un paradigma punitivo que, lejos de proteger a la niñez y adolescencia, ha contribuido a su exclusión sistemática. Esta exclusión no es abstracta: se materializa en cada adolescente privado de libertad por un delito de baja lesividad, en cada causa judicial donde el contexto de vulnerabilidad se invisibiliza, y en cada sistema judicial que falla en ofrecer una segunda oportunidad.
En buena parte de la región, los niños, niñas y adolescentes crecen expuestos a entornos de violencia estructural, abandono institucional, pobreza, escolaridad incompleta y estigmatización territorial. Estos factores los convierten en presa fácil de redes de microtráfico, explotación o consumo, empujándolos a trayectorias delictivas que el sistema penal, en lugar de reparar, suele agravar. La penalización de conductas asociadas a las drogas (como la tenencia o el menudeo para subsistencia) se convierte así en una trampa de reincidencia y exclusión.
En este escenario, avanzar hacia modelos de justicia restaurativa no es una opción alternativa: es una obligación ética, jurídica y de política pública. Se trata de reemplazar la lógica de castigo por la lógica de reparación; de entender que un proceso penal no debe ser solo una respuesta al hecho cometido, sino una herramienta para reconstruir el vínculo del adolescente con su comunidad, con las víctimas y con su propio proyecto de vida. Es una transformación profunda, que exige voluntad política, innovación normativa y herramientas técnicas concretas.
Conscientes de esta urgencia, la Unión Europea, a través del Programa COPOLAD III, ha brindado apoyo estratégico a la República Dominicana en su proceso de transición hacia una justicia penal juvenil restaurativa. Este apoyo se ha materializado en un trabajo conjunto entre el Poder Judicial, la Procuraduría General, la Defensa Pública y el equipo técnico de Tirant eGob, con el objetivo de dotar al país de una arquitectura sólida para implementar este modelo.
Este proceso no ha sido meramente conceptual: se ha desarrollado una base técnica y operativa rigurosa que incluye:
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Un diagnóstico nacional que identifica los nudos críticos del sistema, desde las causas de la criminalización hasta las barreras normativas y operativas que impiden una respuesta restaurativa.
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Un protocolo nacional que define con precisión los actores, fases y condiciones para aplicar justicia restaurativa en casos de adolescentes implicados en delitos relacionados con drogas.
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Una malla curricular de formación para la implementación de un curso que será certificado por la Escuela Nacional de la Judicatura, diseñado para fortalecer las capacidades de jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos en la aplicación práctica del enfoque restaurativo.
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Y una transferencia de aprendizajes mediante un intercambio de experiencias con el Poder Judicial e Instituciones de Costa Rica, país referente regional en este ámbito, que ha permitido nutrir el proceso dominicano con buenas prácticas y adaptar soluciones probadas.
Más que productos, lo que se ha consolidado es un modelo institucional de cambio, liderado desde dentro del sistema judicial dominicano, que integra formación, normativa, planificación estratégica y articulación interinstitucional. Y lo más importante: que reconoce que cada adolescente en conflicto con la ley debe ser tratado no como amenaza, sino como sujeto de derechos, capaz de reparar y de transformarse.
Este esfuerzo no solo fortalece a República Dominicana como país: marca un precedente para el Caribe y América Latina, ofreciendo una ruta realista y técnicamente viable para transformar la justicia juvenil en contextos donde las reformas legislativas pueden ser lentas, pero donde la innovación institucional es urgente y posible.
El pasado 6 de junio, este proceso se presentó públicamente en Santo Domingo, en un evento nacional de alto nivel que reunió a las autoridades de los tres poderes del Estado, a representantes de la Unión Europea y a operadores clave del sistema. La presentación de los resultados marcó no un cierre, sino un punto de partida: la validación colectiva de un modelo que busca ser replicado y adaptado en otros contextos de la región.
Desde Tirant eGob, hemos brindado asistencia técnica especializada en este proceso, acompañando los esfuerzos de la cooperación europea a través de COPOLAD III. Lo hemos hecho desde nuestra experiencia acumulada en justicia penal, políticas de drogas y enfoque de derechos humanos, pero también desde una profunda convicción: que transformar la justicia juvenil es, ante todo, una forma de construir un futuro más justo, más humano y más posible para toda la región.
