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Los plazos administrativos son fundamentales en la relación entre la Administración Pública y los ciudadanos, pues determinan los tiempos en los que deben llevarse a cabo distintas actuaciones. Un correcto conocimiento de cómo se computan y gestionan estos plazos es esencial para evitar sanciones, la pérdida de derechos o la caducidad de procedimientos.
En esta guía práctica, explicamos los aspectos clave de los plazos administrativos en España, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
¿Qué es un plazo administrativo?
Un plazo administrativo es el intervalo de tiempo fijado por ley o por notificación administrativa para realizar una determinada actuación dentro de un procedimiento. Puede aplicarse tanto a los ciudadanos como a la propia Administración.
Tipos de plazos según su duración
- Por horas: Se cuentan de manera continua desde el momento de la notificación y no pueden exceder de 24 horas.
- Por días: Se inician el día siguiente al de la notificación y, salvo que se indique expresamente lo contrario, se consideran hábiles (excluyendo sábados, domingos y festivos).
- Por meses o años: Concluyen el mismo día del mes o año correspondiente al vencimiento. Si no hay un día equivalente en el mes de vencimiento, el plazo se extiende hasta el último día del mes.
¿Cómo se computan los plazos administrativos?
El cómputo de plazos se rige por el artículo 30 de la LPAC. Las reglas generales son las siguientes:
- Días hábiles y naturales: Si el plazo se expresa en días y no se especifica que sean naturales, se entiende que son hábiles (excluyendo sábados, domingos y festivos).
- Inicio del plazo: Comienza el día siguiente a la notificación o publicación del acto administrativo.
- Finalización del plazo: Si el último día del plazo es inhábil, se traslada al primer día hábil siguiente.
- Registros electrónicos: Permiten presentar documentos en cualquier momento, pero si se realiza en un día inhábil, se considerará presentado en la primera hora del siguiente día hábil.
Ampliación y reducción de plazos administrativos
La LPAC prevé que los plazos administrativos pueden ser ampliados o reducidos:
- Ampliación: Se concede si las circunstancias lo aconsejan y no perjudica a terceros. No puede superar la mitad del plazo original y debe solicitarse antes de su vencimiento.
- Reducción: En procedimientos de tramitación urgente, los plazos pueden reducirse a la mitad, salvo en la presentación de solicitudes y recursos.
El silencio administrativo
Cuando la Administración no responde dentro del plazo establecido, opera el silencio administrativo, que puede ser:
- Positivo: Se considera que la solicitud ha sido aprobada.
- Negativo: Se considera que la solicitud ha sido desestimada. Solo puede aplicarse si una norma con rango de ley lo permite.
Los plazos para que la Administración resuelva suelen ser de 3 meses, con un máximo de 6 meses en algunos casos.
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En definitiva…
El conocimiento de los plazos administrativos es clave para cumplir con las obligaciones y derechos en los procedimientos administrativos en España. Comprender su cómputo, ampliación y efectos, como el silencio administrativo, puede evitar problemas legales y garantizar una gestión eficiente ante la Administración Pública.
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