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Cada 8 de marzo nos enfrentamos al reto de evaluar cuánto hemos avanzado y cuánto nos queda por hacer en materia de equidad y derechos de las mujeres. En el ámbito de la justicia penal, la desigualdad persiste con especial crudeza para aquellas mujeres que enfrentan procesos penales por delitos menores de drogas. A pesar de la creciente evidencia sobre la sobrerrepresentación de mujeres en el sistema penal por este tipo de delitos, y su directa relación con la pobreza, la violencia de género y la falta de oportunidades, la respuesta institucional sigue anclada en enfoques punitivos que perpetúan el problema en lugar de solucionarlo.
Las mujeres criminalizadas por delitos de drogas no son, en su mayoría, grandes operadoras del narcotráfico. Son, en su gran mayoría, mujeres en condiciones de vulnerabilidad que han sido reclutadas por redes criminales, muchas veces bajo coerción o en un intento desesperado por sobrevivir y sostener a sus familias. Sin embargo, en lugar de recibir respuestas integrales, que atiendan sus necesidades específicas y busquen su reinserción social, son castigadas con severidad, lo que rompe aún más su red de apoyo y agrava su situación de exclusión. Esta realidad exige reformas estructurales que adapten los sistemas de justicia penal a los principios de proporcionalidad y alternatividad, garantizando que las penas y medidas aplicadas sean coherentes con la naturaleza del delito y las condiciones de quienes los cometen.
Pero las reformas legales, por sí solas, no bastan. Para que estos cambios se traduzcan en justicia efectiva, es imprescindible dotar a los sistemas de herramientas operativas que permitan su aplicación. No se trata solo de modificar leyes, sino de transformar la manera en la que los operadores de justicia entienden y gestionan estos casos. En los últimos años, hemos trabajado en la construcción de protocolos, estándares y estrategias de defensa penal especializada para garantizar que los principios de proporcionalidad y género sean incorporados de manera efectiva en la práctica judicial.
El desarrollo de guías para la defensa penal de mujeres criminalizadas por delitos menores de drogas, la implementación de modelos de justicia restaurativa en algunos países de América Latina y el Caribe, y el fortalecimiento de la formación de operadores judiciales han sido pasos fundamentales en esta dirección. Estas herramientas han permitido que jueces, fiscales, defensores y otros actores del sistema penal tengan lineamientos claros sobre cómo abordar estos casos desde un enfoque de derechos humanos y justicia restaurativa.
Aun así, los desafíos son enormes. La consolidación de estos modelos requiere compromisos institucionales firmes, inversión en formación y monitoreo constante para evitar que los cambios normativos queden en letra muerta. También es necesario seguir impulsando el diálogo entre los distintos poderes del Estado, para que la respuesta penal deje de ser un obstáculo y se convierta en una vía para la reparación y la reintegración.
Desde Tirant eGob, hemos acompañado los esfuerzos de la cooperación europea, organismos regionales y países de América Latina en el desarrollo de herramientas para la mejora de los sistemas de justicia penal, promoviendo la proporcionalidad y la alternatividad penal como principios rectores en la atención de delitos menores de drogas cometidos por mujeres en situación de vulnerabilidad. A través de asistencia técnica especializada, hemos trabajado en la construcción de protocolos nacionales y regionales, la formación de defensores públicos y el impulso de modelos de justicia restaurativa que buscan cerrar las brechas estructurales que afectan a estas mujeres.
El desafío sigue en pie. No basta con conmemorar el Día de la Mujer recordando las desigualdades, es necesario continuar con acciones concretas que transformen los sistemas de justicia para que, efectivamente, sirvan a quienes más lo necesitan. La equidad no se logrará solo con discursos, sino con herramientas reales que permitan impartir justicia de manera justa.
Autor:
PhD. Mario Germán Sánchez González. Experto en políticas de drogas, justicia penal y alternativas al encarcelamiento. Director Ejecutivo de Tirant eGob, Consultora Internacional en Políticas Públicas.
