El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó las impugnaciones realizadas mediante la acción de inconstitucionalidad 139/2019 a la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Primeramente se determinó que durante el proceso legislativo de la referida ley, no se cometieron violaciones trascendentes que tuvieran como consecuencia la invalidez de la norma, al tener el Congreso de la Unión, la facultad para legislar en materia de austeridad.
Posteriormente, el Pleno invalidó, por unanimidad, el segundo párrafo del artículo 24 del ordenamiento, que establecía una restricción de 10 años para que los servidores públicos que pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público.
Lo anterior, en razón que el Pleno determinó que la medida resulta desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de profesión, trabajo, comercio e industria, reconocidas por el artículo 5 constitucional, pues impide que los exfuncionarios presten libremente servicios en la iniciativa privada.
El Pleno a su vez reconoció la validez del artículo 1, párrafo segundo y artículo 4, fracción I, que establece el objeto de la ley y su ámbito de aplicación. Se reconoció igualmente la validez del artículo 4, fracción II, 27 y transitorio séptimo, donde se prevé la formación de un Comité de Evaluación responsable de promover y evaluar las políticas y medidas de austeridad republicana de los entes públicos.
Se reconoció la validez del artículo 16, relativo a las medidas de austeridad republicana, en relación a la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ampliar los supuestos de las medidas; así como el artículo 26 que establece la obligatoriedad de acatar las medidas por parte de los servidores públicos, y en caso de no ser así, serán acreedores de una sanción.
La discusión de la acción de inconstitucionalidad referida, se retomará en la próxima sesión.
