Dentro de la Cámara de diputados, se impulsa iniciativa para modificar el Código Penal Federal con el fin de tipificar como punible las amenazas en que pudieran incurrir las y los servidores públicos, al utilizarlas para inhibir las denuncias que pudieran presentarse por diversas conductas relacionados a la corrupción.
Se propone adicionar un párrafo cuarto al artículo 282 de este ordenamiento jurídico, a fin de establecer que “se aumente la pena hasta en una mitad cuando el delito (amenazas) sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones”, es decir, pasarán de cuatro a ocho años de prisión a seis a 12 años, en cada caso y de 100 a 300 días de multa a 150 y 450 días, respectivamente.
El documento remitido, afirma que el fin de este radica en combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio, como lo es del delito de “amenazas”.
Finalmente, precisó que la presente iniciativa constituye un avance esencial para cumplir los compromisos firmados, ratificados y asumidos por México, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que señalan el compromiso de crear, mantener y fortalecer las normas para el correcto y adecuado cumplimiento del servicio público.
