Se impulsó una iniciativa en la Cámara de Diputados para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad.
El dictamen establece que el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales y los partidos Políticos, se deberán encargar de velar por el respeto a los derechos humanos y político-electorales de las personas con discapacidad.
El documento plantea que los partidos políticos nacionales postulen al menos seis fórmulas de candidaturas integradas por personas con discapacidad en cualquiera de los 300 distritos que conforman al país, de preferencia en aquellos en lo que sea altamente competitivo.
Además, tendrán que establecer dos fórmulas, vía representación proporcional, en al menos dos circunscripciones, procurando que una se encuentre en los primeros cinco lugares de la lista nacional.
Igualmente, define que el INE tendrá entre sus atribuciones observar el cumplimiento de la obligación de los partidos políticos de incluir en sus candidaturas a mujeres y hombres con discapacidad en los procesos electorales.
El documento fue turnada a las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral y de Gobernación para dictamen, y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para Opinión.
