Se presentó iniciativa en la Cámara de Senadores a fin de reformar el artículo 19 constitucional, a efecto de que el juez correspondiente pueda ordenar la prisión preventiva como medida excepcional, siempre que sea idónea, racional y proporcional, en relación con el imputado.
La iniciativa plantea que no podrá imponerse prisión preventiva con la sola justificación de la inexistencia de un domicilio; asimismo, establece que el cuando el Ministerio Público, -previo a la vinculación a proceso- solicita esa medida, el Juez debe analizar la imputación a fin de corroborar el cumplimiento de los requisitos, la existencia de datos de prueba durante el auto que decida si vincula o no a proceso al imputado.
Se establece que la medida podrá ser revocada cuando se acredite que se han vulnerado los derechos fundamentales del imputado, cuando existe conflicto de intereses de las autoridades participantes, cuando sea producto de una persecución personal o por asuntos políticos o cuando los datos de prueba en que se sustente la imputación sean obtenidos de forma ilícita.
El documento fue turnado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
