Se promovió una iniciativa con la finalidad de garantizar que las víctimas de cualquier tipo de violencia tengan derecho a recibir atención médica y psicológica, y con previa valoración, se les brinde información sobre el estado de salud y físico que guarden.
El documento reforma la fracción V del artículo 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en razón que actualmente este precepto señala que las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán derecho a recibir información médica y psicológica, pero como se establece en la exposición de motivos, no es lo mismo “recibir información médica” que “recibir atención médica”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género.
