La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la representación del asesor jurídico de la víctima u ofendido en un procedimiento penal, se extiende al juicio constitucional, por lo que encuentra facultado para promover demanda de amparo en nombre de su representado.
A fin de que las víctimas puedan contar con una protección judicial efectiva y respetando el equilibrio procesal que debe generarse entre la víctima u ofendido y el imputado o sentenciado, debe entenderse que cuando la Ley de Amparo se refiere a que el quejoso podrá promover el amparo por conducto por conducto de su defensor, no puede limitarse únicamente al defensor del imputado sino de igual forma al asesor jurídico de la víctima que actúa en su representación.
Lo anterior, a fin que la víctima no quede en un estado de vulnerabilidad frente al poder punitivo estatal y las determinaciones que el Ministerio Público o los jueces realicen a lo largo del procedimiento penal. Asimismo, en razón que el asesor jurídico de la víctima debe agotar todos los recursos o procedimientos, y no limitarse al procedimiento penal, sino a su vez, a la instancia constitucional.
