La Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional que impugna un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, al considerar que este interpreta el concepto de propaganda gubernamental en el proceso de revocación de mandato e impone medidas cautelares en vía de tutela preventiva que no tienen sustento en la normativa.
El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara informó que considera que la actuación de la autoridad administrativa electoral invadió por medio del acuerdo, las competencias legislativas del Congreso de la Unión, en razón que la Constitución define los elementos constitutivos de la propaganda gubernamental, así como el régimen de medidas cautelares y sanciones.
Asimismo, informó que considera que a través del mismo, se vulneran derechos fundamentales en perjuicio de la ciudadanía como la libertad de expresión y acceso a la información; señaló a su vez que la actuación del Instituto Nacional Electoral violó la decisión adoptada por la Suprema corte en la sentencia dictada en la acción de inconstitucional promovida en contra de la Ley Federal de Revocación de Mandato, al determinar que el único ordenamiento sancionatorio para el proceso de revocación de mandato, es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
