Se presentó en la Cámara de Senadores una iniciativa que tiene como propósito limitar la figura de la prisión preventiva oficiosa y eliminar el arraigo mediante reforma a los artículos 16, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El documento establece que las autoridades judiciales podrán decretar las medidas cautelares establecidas y reguladas por la ley cuando se acredite la existencia de indicios suficientes que vinculen a la persona con los delitos en cuestión y sean necesarias para proteger la vida y la integridad de las personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia.
Además, plantea que las medidas cautelares que emita la autoridad judicial deberán ser justificadas en su duración temporal, modalidad, lugar y fines específicos para el éxito de la investigación.
Asimismo, propone que la autoridad judicial competente y los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución, revisarán la aplicación de estas medidas de manera oficiosa, garantizando la prevención de violaciones a los derechos humanos en su ejecución.
Fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.
