Se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que adiciona a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que la finalidad del uso de la fuerza debe ser tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o mantener o restablecer el orden y la paz pública, siempre que existan circunstancias que lo ameriten.
A su vez se adiciona que el uso de la fuerza se regirá por el principio de oportunidad, para que deba procurarse el momento y lugar en que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida con la integridad de las personas involucradas y en general la afectación de los derechos de las personas, así como por el principio de racionalidad, a fin que en la medida de lo posible, las actuaciones y reacciones de los miembros de seguridad pública, no se rijan por valoraciones subjetivas, sino apreciándose en los hechos.
El documento señala que busca atender lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que el Congreso legisle para establecer la finalidad del uso de la fuerza y la sujeción de su uso a los principios previamente referidos.
Fue turnado a las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Gobernación y Población.