El grupo parlamentario de MC presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados, a fin de reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de garantizar la reinserción social y la salud mental de las personas privadas de su libertad.
La iniciativa establece que es un derecho de las personas privadas de su libertad, a recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud física y emocional, así como recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por condiciones de salud física, emocional o mental.
El documento precisa que en cada centro penitenciario habrá cuando menos tres médicos y dos psicólogos quienes serán responsables de cuidad la salud emocional de las personas recluidas; así como que la autoridad penitenciaria deberá celebrar convenios de colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la Secretaría de Educación Pública e instituciones educativas privadas y públicas.
Por otro lado establece, que una vez que dichas personas obtengan su libertad, podrán solicitar su involucramiento gratuito en la capacitación laboral, con el objeto de restituir sus derechos y garantizar su reinserción social.
Establece a su vez, que la autoridad deberá instaurar centros de atención integral e incluir programas de apoyo psicológico, los cuales deberán ser gratuitos.
Las modificaciones a la referida Ley, versan sobre la fracción I y II del artículo 9, el título y el primer párrafo del artículo 78, el segundo párrafo del artículo 86, el primero, segundo párrafo t las fracciones I y II del artículo 91, el artículo 166, primero, segundo y tercer párrafo del artículo 207.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia.
