La Suprema Corte de la Nación inició el estudio de la constitucionalidad de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en razón que el municipio de Guadalupe, Nuevo León establece que durante el proceso legislativo de la misma, se cometieron violaciones de carácter invalidante.
Sobre lo anterior, la Suprema Corte, determinó que son infundados los argumentos del mencionado municipio, y por otro lado, reconoció la valides de los artículos 8, 9, 35 ,117 y transitorios octavo y noveno, al considerar que no violan la autonomía constitucional del municipio.
Asimismo, se validó el instrumento normativo “Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, toda vez que no resulta un instrumento rígido o inflexible, y a su vez no existe contradicción, inconsistencia o incompatibilidad entre la estrategia y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte invalidó los artículos 59 y 71, en cierta porción normativa, en razón que su contenido se considera violatorio del ámbito de autonomía constitucional del municipio.
