Ante la secretaría general de la Cámara, el Representante Juan Espinal y la Senadora Paola Holguín del Centro Democrático presentaron dos proyectos de ley para su discusión en el Congreso de la República.
Uno de estos proyectos tiene como objetivo proporcionar al Gobierno Nacional las herramientas científicas necesarias para determinar si debe llevarse a cabo la práctica del Fracking en Colombia. Esta medida se considera crucial, dado el informe emitido por el Departamento Nacional de Planeación, la CEPAL y la Agencia Francesa para el Desarrollo, que indicaron que reducir la producción de petróleo y carbón tendría un impacto negativo en el empleo, aumentaría la pobreza y perjudicaría el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Por lo tanto, basándose en esta evidencia científica, se busca preservar la seguridad energética de Colombia. Es relevante señalar que esta iniciativa se está presentando nuevamente, ya que en el periodo legislativo anterior no logró pasar por los debates necesarios en el Congreso.
El otro proyecto presentado tiene como objetivo fortalecer la protección de la propiedad privada de las tierras rurales frente a la ocupación ilegal. Esto se lograría mediante la implementación de medidas que garanticen el uso pacífico de este derecho, prevengan las acciones ilegales y promuevan una cultura de legalidad en todo el territorio nacional, facilitando así el trabajo de las autoridades.
Las invasiones de tierras privadas rurales y terrenos baldíos son un problema antiguo en Colombia, pero en el último año, este fenómeno ha empeorado significativamente. Se estima que afecta a 26 de los 32 departamentos del país, lo que representa una seria amenaza para la estabilidad y la seguridad jurídica de quienes poseen tierras de manera legítima y pacífica en el país. Además, afecta la seguridad alimentaria y el derecho al trabajo de miles de colombianos.
Este proyecto incluye 11 artículos, incluyendo disposiciones sobre su vigencia, con el propósito de fomentar el respeto por la propiedad privada. También introduce medidas administrativas en el marco legal para abordar las acciones ilegales relacionadas con la ocupación de tierras. Además, insta al Gobierno Nacional a diseñar e implementar una política que promueva la cultura de la legalidad en la población y prohíba fomentar la ocupación indebida de tierras, especialmente en áreas rurales.
Fuente: camara.gov.co
