La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz emitió comunicado en el que señaló que el tratamiento que se le ha dado a la protesta social – en el marco del paro nacional – ha generado graves implicaciones tanto para la jurisdicción como para los demás componentes del Sistema Integral para la Paz. Esto fue analizado en el informe Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los derechos humanos en Colombia, documento en el que se resaltó el aumento del conflicto armado y de afectaciones de civiles en municipios de interés para el sistema.
Adicionalmente, la Unidad indicó que Colombia ocupa el segundo lugar en la lista de países con una tasa de muertes violentas por día de protesta más elevada. Asimismo, se estima que el actual paro nacional tiene las cifras más elevadas de muertes violentas de los últimos 44 años. Sumado a lo anterior, en el informe se señala que el paro nacional visibilizó por primera vez a la violencia sexual como un mecanismo de represión ante la protesta social.
Bajo esta premisa, en el informe se indicó:
“Por último, debe resaltarse que durante el 28 de abril y el 30 de mayo de 2021, el Estado ha continuado el proceso de pérdida de control territorial y regulación social en diversas regiones del país donde el Sistema Integral para la Paz tiene un mandato con las víctimas y las comunidades afectadas en otrora por el conflicto armado. Como efecto indirecto del paro nacional, la Fuerza Pública ha priorizado sus recursos humanos y operativos en la atención de la protesta en las ciudades, dejando vacíos en zonas rurales y periféricas del Urabá y el Bajo Atrato donde el Clan del Golfo, ha aprovechado para reforzar el dominio sobre comunidades, a través de la pintada de grafitis alusivos a la organización106, y el establecimiento y la consolidación de redes de espionaje (conocidos como “puntos”). Por su parte, las disidencias de las Farc en el norte del Cauca y el bajo Putumayo han aprovechado la reorientación coyuntural de la Fuerza Pública, para desplegar una ofensiva militar, a través del aumento de su confrontación bélica y los hostigamientos.
Esta dilución de la soberanía estatal en territorios de interés para el Sistema Integral para la Paz, que viene acentuándose desde el inicio de la pandemia del Covid 19, y que se ha profundizado durante los días de desarrollo del paro nacional, son factores que generan riesgos para los funcionarios y contratistas de la JEP, la CEV y la UBPD, por la ausencia de garantías de seguridad para trasladarse a dichas zonas vedadas. Y, asimismo, son obstáculos para la participación efectiva de las víctimas en la justicia transicional, pues en lugares donde es la organización criminal la autoridad de facto, no hay condiciones favorables para la vinculación de las personas en los procesos del sistema integral, ya que los grupos tienen como “política” evitar el contacto de las comunidades con cualquier autoridad que provenga del Estado.
En conclusión, este estudio de la Unidad de Investigación y Acusación plantea la necesidad de alertar sobre la reaparición y la visibilización de fenómenos de violencia que se creían superados y que lesionan gravemente el derecho a la no repetición. Igualmente, llama la atención sobre los riesgos que implican para la democracia y la paz de Colombia, la existencia de conductas graves que revelan la violación del derecho a la vida en el marco de la protesta social, superando inclusive las cifras internacionales de países que son autoritarios o poco democráticos”
Fuente: jep.gov.co
