El Consejo de Estado ha decretado la suspensión provisional del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023, «Por el cual se reasumen algunas de las funciones presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones». La medida fue adoptada luego de una demanda presentada por los abogados Julián David Solorza Martínez y Lucas Arboleda Henao, quienes solicitaron la medida cautelar de urgencia para proteger y garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
Roberto Serrato Valdés, quien fue el Consejero de Estado a cargo del proceso, concedió la medida cautelar solicitada por los demandantes, argumentando que esta resultaba impostergable debido a la temporalidad del decreto. La suspensión inmediata de los efectos del acto acusado impide al Presidente de la República asumir las funciones asignadas a las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios.
La decisión de suspender provisionalmente el decreto se basó en dos argumentos. En primer lugar, se encontró que «se omitió el deber de publicar el proyecto de acto administrativo regulatorio demandado por el término de quince días», y no se justificó el motivo por el cual solamente se dan dos días para que la ciudadanía y los grupos de interés participaran en el proceso de producción normativa.
En segundo lugar, se consideró que el acto acusado transgredió las normas invocadas por los demandantes en el escrito de demanda y en la solicitud cautelar, ya que la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada directa y expresamente a las comisiones de regulación de los servicios públicos por la Constitución.
Fuente: consejodeestado.gov.co
