Como resultado de la investigación realizada por la Corte Suprema de Justicia en contra del ex magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Ramón de Jesús Jaller Dumar, como autor de los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, el Alto Tribunal le impuso una pena de 8 años y 7 meses de prisión, además de inhabilitarlo para ejercer derechos y funciones públicas por el término de 10 años y la obligación de pagar una multa de 209 SMLMV.
Los hechos ocurrieron en abril de 2011 cuando el ex magistrado avocó conocimiento sobre una investigación disciplinaria en contra de la Juez Civil del Circuito de Lorica, Isabel Loreley Montes Oyola, por la supuesta concesión de derechos pensionales a personas que no cumplían con los requisitos legales. Al abrir indagación decretó como única prueba el informe de la jueza sobre los hechos y, tiempo después, archivó la investigación sin tener fundamento legal y/o probatorio.
Para la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema “lo que la situación exigía era que se indagara acerca de los procesos judiciales cuestionados por la Gobernación, averiguar si existían o no fundamentos jurídicos para conceder los derechos que, según la queja, estaban siendo reconocidos y constatar si las personas involucradas –los demandantes, sus apoderados y sobre todo la juez investigada- estaban actuando de acuerdo con el ordenamiento legal”, además debió declararse impedido para conocer el caso porque su esposa había participado como abogada en uno de los procesos cuestionados y el ex magistrado sostenía una amistad con la jueza lo que le impedía actuar con imparcialidad.
Durante la investigación, el ex magistrado aceptó los cargos y la Sala le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y le concedió la prisión domiciliaria.
Fuente: cortesuprema.gov.co
