ACTUALIDAD JURÍDICA

Corte Constitucional protegió derechos fundamentales de niñas y niños de la Guajira afectados por la inhabilitación de aula satélite

By 14 noviembre, 2022 No Comments

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional estudió una acción de tutela interpuesta por las madres de algunos menores de edad afectados por los problemas que se han presentado en la habilitación del aula satélite en la comunidad indígena Jaichon ubicada en Maicao, La Guajira, donde recibían etnoeducación. 

Las madres accionantes informaronn que en la comunidad funcionaba dicha sede educativa, pero desde el año 2016 la Secretaría de Educación Municipal de Maicao no avaló el nombramiento de docentes porque, a su parecer, la sede no cumplía con los requisitos técnicos y legales para su funcionamiento.

Aunque la Administradora Temporal del Sector Educativo de Maicao recibió la documentación requerida para obtener la habilitación de la sede, la entidad no la autorizó y respondió que el derecho a la educación de las niñas y niños no se estaba vulnerando ya que se encontraban matriculados en otras instituciones. 

La ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas consideró que tanto la Administradora Temporal del Sector Educativo de Maicao y el municipio desconocieron los derechos de los menores de edad al emitir una respuesta inmotivada, asimismo recordó el núcleo esencial del derecho de petición y la especialidad que debe contener su respuesta al tratarse de solicitudes de habilitación de aulas satélites

Adicionalmente, la Corte se pronunció sobre el hecho de que las niñas y niños estuviesen recibiendo educación en otras instituciones y afirmó que la prestación del servicio no garantiza de forma adecuada su vida e integridad pues tienen que movilizarse distancias muy largas para llegar al centro educativo la mayoría de veces haciendo uso de camiones con sobrecupo y sin ningún  tipo de protección. 

En consecuencia, el Alto Tribunal le otorgó 20 días al municipio de Maicao para solicitar la documentación requerida e iniciar los trámites administrativos que permitan habilitar la sede educativa y cuenten con la participación de las familias para valorar las actuales circunstancias y condiciones en las que se encuentran. 

Fuente: corteconstitucional.gov.co