Con ocasión de la acción de tutela interpuesta por los ocupantes del predio conocido como “Casa Campesina” en el municipio de Paz de Ariporo – Casanare, la Corte Constitucional reiteró que en los procedimientos de desalojo las autoridades administrativas deben adoptar acciones para proteger a corto, mediano y largo plazo el goce efectivo del derecho a la vivienda digna, máxime cuando el procedimiento recae sobre personas que presentan condiciones extremas de vulnerabilidad.
Como fundamento de esta acción, las 13 personas que ocupan de manera irregular el inmueble “Casa Campesina” alegaron la vulneración de sus derechos como consecuencia del procedimiento de desalojo iniciado en el año 2019. Ante tal situación, la Corte Constitucional afirmó la inexistencia del derecho de propiedad en cabeza de los accionantes, debido a la ocupación irregular del predio. No obstante, reconoció que la Inspección del Municipio y la Alcaldía vulneraron su derecho a la vivienda digna al desalojarlos sin adoptar medidas que mitigaran las consecuencias negativas.
En consecuencia, esta Alta Corte tuteló los derechos invocados, concediendo un término de 30 días a la Alcaldía Municipal para que conceda una medida de albergue provisional a las 13 personas afectadas durante un lapso de 7 meses y, el mismo plazo para la Inspección de Policía de Paz para identificar las particularidades de cada uno de los accionantes.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
