En ejercicio de la acción de tutela un ciudadano de 74 años le solicitó al juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y al debido proceso administrativo vulnerados por la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga quien lo suspendió del programa Colombia Mayor porque, a su parecer, el accionante percibía una renta como utilidad o beneficio económico.
La Sala Octava de Revisión señaló que la Alcaldía de Bucaramanga incumplió el deber de verificar el cumplimiento de la causal de suspensión de la calidad de beneficiario al actor, pues este último tenía derecho a ejercer su defensa y aclarar la situación que afirmaba la Secretaría de Desarrollo Social.
Debido al procedimiento irregular, la Secretaría suspendió el pago del subsidio económico y aunque el ciudadano podía acercarse a la administración municipal el Alto Tribunal resaltó que “debido a su avanzada edad, condición de salud y vulnerabilidad socioeconómica, resultaría desproporcionado exigirle que conociera los motivos por los cuales debía comparecer ante las autoridades competentes o los mecanismos de defensa que podía ejercer”.
En consecuencia, la Corte Constitucional otorgó 15 días a la Alcaldía de Bucaramanga para que adelantara el proceso administrativo de verificación de cumplimiento de la causal de retiro del programa “con estricta observancia de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción dentro de un plazo razonable” y, hasta que no se decida la reactivación o retiro del adulto mayor, se mantenga el pago del subsidio económico a su favor.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
