La Sección Primera del Consejo de Estado emitió sentencia en la que confirmó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Huila en el que se inhibió de realizar pronunciamiento de fondo sobre la sanción que la Corporación Autónoma del Alto de Magdalena le impuso a un particular por realizar tala o quema de vegetación en una zona protegida. La decisión de la corporación se basó en el hecho de que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del privado se presentó después de que vencieron los términos para este medio de control.
En particular, la alta corte indicó que, dejando de lado la vacancia judicial y el tiempo en el que se intentó conciliar el asunto, la acción se presentó por fuera de los cuatro meses que se establecen como término en el numeral segundo del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo que se encontraba vigente para ese entonces. Adicionalmente, frente a uno de los alegatos de la parte demandante se señaló:
“Ahora, frente a la afirmación del demandante acerca de que el Tribunal del Huila no podía declarar la caducidad de la acción en la etapa de fallo, se tiene que la misma carece de asidero legal debido a que por virtud de lo establecido en el artículo 164 del CCA, el juez de instancia no solo está facultado para ello, sino que constituye su obligación, aun de oficio, declarar toda excepción que se encuentre demostrada.”
Fuente: consejodeestado.gov.co
