La Sección Quinta del Consejo de Estado estudió una acción de tutela interpuesta por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EPM en contra del auto proferido por el Tribunal Arbitral convocado por INTEGRAL S.A. que declaró su competencia para conocer la controversia que se generó entre las partes por la celebración de un contrato.
Para EPM el tribunal arbitral no tenía competencia porque los árbitros no podían concluir que las partes renunciaron al derecho de someter la controversia ante el juez natural, pues el contrato celebrado no contenía ninguna disposición clara sobre el pacto arbitral. Por esa razón, la empresa consideró que su derecho fundamental al debido proceso fue vulnerado.
El Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción y recordó que una de las características de la tutela es la subsidiariedad y, en el caso concreto, la accionante contaba con otro medio idóneo y eficaz para proteger su derecho fundamental que era acudir al juez contencioso administrativo.
Entonces, el reproche de la decisión no podía realizarse a través de la tutela sino que era procedente el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral según lo establecido en el Código General del Proceso.
Fuente: consejodeestado.gov.co
