El protocolo explica las medidas de bioseguridad para operadores y conductores; empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros; terminales de transporte terrestre; transporte férreo; entes gestores y concesionarios de los sistemas de transporte masivo. El Consejo de Estado declaró que la medida esta ajustada a derecho y estableció qué entidades eran responsables de vigilar el cumplimiento de estas normas.
En concreto, para el Consejo de Estado “existe concordancia entre este protocolo de bioseguridad y el decreto legislativo de la emergencia social que le permitió al Ministerio de Salud adoptar los protocolos de bioseguridad necesarios para prevenir el coronavirus en todas las actividades y en la administración pública. A su juicio, las medidas resultan adecuadas para superar el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia, pues permiten dar continuidad al servicio público de transporte en condiciones bioseguras, sin afectar derechos fundamentales.”
Fuente: consejodeestado.gov.co
