Recientemente la Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó el estudió de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1085 de 2023, en virtud del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira. En consecuencia, mediante sentencia C-383 de 2023 determinó que el referido decreto es inexequible.
Sin embargo, la Corte concedió efecto diferido a esta declaración de inexequibilidad, lo que implica que la anulación del decreto no entraría en vigencia de inmediato, sino que se pospondría durante un año a partir de la fecha de expedición del Decreto 1085 2023, es decir, hasta el 2 de julio de 2024. Esta medida se tomó específicamente en relación con la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria debido a la disminución de la disponibilidad de agua en la región.
Adicionalmente, dicha corporación exhortó al Gobierno nacional y al Congreso de la República a adoptar medidas en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias para abordar la grave crisis humanitaria estructural que se había constatado previamente en la Sentencia T-302 de 2017 en el departamento de La Guajira; con el propósito de garantizar los derechos fundamentales de las personas que residen en esa zona del país y fortalecer las instituciones encargadas de asuntos relacionados con el cambio climático, asignando los recursos necesarios para hacer frente a la situación.
En la Sentencia C-383 de 2023, con ponencia de los magistrados Diana Fajardo y José Fernando Reyes, se contó con el salvamiento de voto de los magistrados Natalia Ángel, Cristina Pardo y Juan Carlos Cortés. Por su parte, los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses aclararon su voto, y el magistrado Alejandro Linares reservó su aclaración de voto.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
