La Sala especial encargada de dar seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022 ha remitido al equipo de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación una copia del Auto 2014 de 2023. En este documento se han recopilado y organizado múltiples incidentes perjudiciales y daños sufridos por las personas que firmaron el Acuerdo Final de Paz en Colombia. La Sala ha proporcionado todos los testimonios y registros relacionados con estos acontecimientos, incluyendo información reservada, que evidencian la falta de protección que enfrenta esta población.
Este auto se emitió en el contexto de un estado de cosas inconstitucional previamente declarado por la Corte en relación con las garantías de seguridad para las personas que firmaron el Acuerdo Final de Paz. En esta sentencia, la Corte había reconocido y respaldado los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de estos individuos, quienes actualmente se encuentran en proceso de reintegración a la vida civil. Desde entonces, la Sala especial ha estado supervisando el cumplimiento de las órdenes destinadas a mitigar la violación de sus derechos.
La Sala de seguimiento ha mantenido un registro detallado de los actos perjudiciales dirigidos hacia este grupo de personas, utilizando información proporcionada por varios actores y llevando a cabo investigaciones en fuentes públicas, especialmente la información proporcionada por los colectivos de los firmantes y la sociedad civil.
Además, la Sala destaca la importancia de este trabajo como un medio para recordar y reconocer la grave situación de riesgo y los daños sufridos por esta población bajo el estado de cosas inconstitucional. Muchos de estos hechos constituyen violaciones a los derechos fundamentales y también son considerados como delitos, y en muchos casos, han causado daño al derecho a la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz. Por estas razones, la Sala ha emitido órdenes para que las autoridades actúen de acuerdo con sus responsabilidades constitucionales y legales en relación a los hechos y perjuicios documentados.
En particular, la Sala ha instado a la Unidad Especial de Investigación a que promueva investigaciones y procesos judiciales contra las estructuras y organizaciones criminales responsables de patrones criminales dirigidos a esta población. Además, ordenó a la Unidad Nacional de Protección que revise las condiciones de riesgo enfrentadas por los exmiembros de las Farc-EP pertenecientes al Bloque Sur, que están compareciendo ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También se ha exigido asegurar la protección de las organizaciones ANFAP y ECOMUN, incluyendo la implementación de medidas tanto individuales como colectivas para garantizar su participación segura en el sistema de justicia transicional.
Finalmente, la Sala ha solicitado información a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz sobre la situación actual de los firmantes que fueron desplazados del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) La Reforma – Georgina Ortiz, en Vista Hermosa, Meta. También se les ha pedido que presenten planes y cronogramas para asegurar la seguridad y reubicación digna de estos firmantes. La Procuraduría tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las órdenes emitidas en el auto y debe remitir informes periódicos a la Sala al respecto.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
