El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado sentencia en fecha 20 de abril, en relación a la vacunación de personas con discapacidad al amparo de la Ley de Autonomía del Paciente. La sentencia establece la obligación de ponderar la salud del paciente y su integridad física. Así será posible determinar los casos en los que es posible realizar tratamientos médicos sin su consentimiento. [TOL9.500.943]
Se ha desestimado el recurso de amparo interpuesto por el hijo y tutor de una mujer de avanzada edad con demencia severa, que no prestó su consentimiento para la administración de la vacuna contra el COVID-19. En su lugar, los tribunales autorizaron la vacunación a instancias del Ministerio Fiscal, bajo el amparo de lo dispuesto por la Ley de Autonomía del Paciente.
Art. 9.6 de la Ley de Autonomía del Paciente
El artículo establece que, en el caso de que el consentimiento sea otorgado por el representante legal y la decisión pueda ser contraria a la salud del paciente, dicha actuación deberá ser comunicada a la autoridad judicial, salvo que existan razones de urgencia que requieran una actuación inmediata, en aras de salvaguardar la vida o la salud del paciente.
La vacunación del COVID-19
En relación a la protección de la integridad física del paciente, la vacuna generalmente tiene una doble dimensión, según establece el tribunal, sirve para proteger a la persona y a la población. Especialmente, debe tenerse en cuenta el entorno pandémico en el que se dieron los hechos. El Constitucional considera que dicha medida preventiva se encuentra dentro del deber público de protección a la salud.
El precepto alegado recoge las circunstancias acontecidas, es decir, la situación en la que un paciente no puede prestar el consentimiento por sí mismo, su tutor se mostró en contra de la administración de la vacuna, y los tribunales ponderaron adecuadamente la lesión en el derecho fundamental de la integridad física y los beneficios para la salud de la paciente.
Es por ello que desestima el recurso y fija doctrina sobre el consentimiento de las personas con discapacidad en relación con la Ley de Autonomía del Paciente, especialmente, en el contexto epidémico.
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