El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión del Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. Establece un marco de vanguardia que facilita la transformación digital de la justicia. Se regulan, en la norma, los servicios accesibles al ciudadano y refuerza la seguridad jurídica en el ámbito digital. De la misma forma orienta los sistemas de justicia hacia el empleo racional de los datos.
El proyecto se enmarca en el plan de justicia 2030, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, lo ha considerado «un paso crucial, fundamental, para construir los cimientos fuertes y sólidos del edificio de la justicia del futuro, una suerte de justicia 5.0.». Mediante la aprobación de la futura norma se mejorará la accesibilidad de la ciudadanía al servicio público de justicia, la eficiencia del trabajo de todos los profesionales y la optimización de los recursos.
Tres ejes fundamentales para Transformación digital de la justicia
- Se fomenta la celebración de juicios y vistas telemáticas. Durante la pandemia ya se celebraron más de un millón, con un ahorro estimado de más de 19 millones de euros.
- Así mismo, se prevé una Carpeta Justicia, que será similar y estará conectada a la Carpeta Ciudadana, para facilitar la identificación digital segura y que cualquier persona pueda realizar trámites desde su ordenador o teléfono móvil. El servicio será accesible desde cualquier municipio de España a través de las oficinas judiciales municipales.
- El tercer eje será la interoperabilidad de todos los sistemas y su automatización, así como el tratamiento de datos.
Y respecto a la automatización, la ministra se ha referido como muestra a los juicios por desahucio. La notificación que se tiene que hacer a los servicios sociales se hará de manera automática «para que no quepa ningún tipo de olvido y se proteja a las personas más vulnerables».
La ministra ha resaltado el carácter de la ley en el marco referencial ético y de derechos humanos, la mejora de la ciberseguridad y el respeto al contenido de la Carta de Derechos Digitales aprobada el año pasado. Enfatizando de esta forma que el proyecto de ley tiene en cuenta la seguridad jurídica.
Modelo de coordinación y cogobernanza
La ministra ha insistido en que se dé un “medio común para garantizar el derecho fundamental de acceso en igualdad a la Justicia en todo el territorio estatal». Y destaca que el Proyecto de Ley supone un «impulso de la cogobernanza, así como en la transparencia y el respeto al Estado de derecho”. Así mismo está repleto de mejoras que han aportado las Comunidades autónomas, así como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado.
Generalización de medios electrónicos
El proyecto de ley generaliza el uso de medios electrónicos para relacionarse con la Administración de Justicia. Potenciando el ya existente Punto de Acceso General de la Administración de la Justicia, así como de las sedes judiciales electrónicas.
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