Desde su redacción original, artículo 315 del CP, se recogieron distintos tipos delictivos relacionados con la libertad sindical bajo la rúbrica «De los delitos contra los derechos de los trabajadores».
El Gobierno del Partido Popular impulsó una modificación del tipo delictivo y de sus penas, rebajando la duración de las mismas.
El precepto se pretende suprimir y el Grupo Popular se opone a ello, planteando un veto a la Proposición, pues considera que protege a los trabajadores que se ven amenazados por cualquier persona que intente traspasar su derecho constitucional al trabajo.
Contenido del articulo que se pretende suprimir:
3. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.
El Grupo Popular en el Senado considera que se debe mantener el precepto tal y como está redactado en el vigente CP.
